por Jorge Domínguez Luna *

En un nuevo episodio sobre la privatización del espacio público en la ciudad de México, el gobierno capitalino ha lanzado una embestida, disfrazada de modernización y desarrollo económico, que ahora también amenaza el patrimonio arquitectónico e histórico. El proyecto denominado Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Chapultepec pretende “modernizar” el área donde convergen diversos tipos de transporte (metro, microbuses y taxis) a través del cuestionado y repudiado modelo de asociación público-privada. Esto, según sus defensores, con el fin de facilitar y hacer más eficiente el traslado de miles de personas que diariamente concurren en la zona y de paso “generar” unos cuantos pesos y centavos que contribuirán a las fianzas públicas.

Tras los fracasos que significaron el Corredor Cultural Chapultepec (derrotado apabullantemente mediante una consulta ciudadana) y la Ciudad Futura (en la antigua planta de asfalto en Coyoacán), el CETRAM Chapultepec es la joya de la corona de la paraestatal que encabeza Simón Levy, ferviente promotor de la intervención privada en asuntos públicos. Bajo el argumento de que la ciudad no erogará un solo peso y recibirá regalías por la concesión de un espacio privilegiado (cotizado en dólares) de aproximadamente 75 mil metros cuadrados, la administración de Miguel Ángel Mancera concesionó durante 44 años un área de alto valor histórico, arquitectónico y ambiental, a cambio del “redituable” 7.88 por ciento de las ganancias totales. Es decir, ante la imposibilidad del gobierno para invertir 323 millones de pesos en la remodelación del llamado coloquialmente paradero de Chapultepec, el sector privado asumirá el costo de la remodelación a cambio de un negocio que producirá 417 millones anualmente.

Aunado a lo perverso del negocio, aquí pretendo llamar la atención sobre las repercusiones que tendría la ejecución del proyecto sobre diversos elementos que conforman el patrimonio histórico en la capital. Como parte de la concesión, se contempla la construcción de dos torres de cinco  y 39 niveles sobre el nivel de banqueta (destinada a estacionamiento, la primera, y a oficinas y comercio, la segunda), las cuales afectarán visualmente al castillo de Chapultepec, al edificio de la Secretaría de Salud y a la fuente de Belén. Lo anterior sin olvidar las excavaciones requeridas para cimentar las obras y que, indudablemente, dañarán vestigios en una zona que ha tenido actividad humana comprobada desde el año 1200 antes de nuestra era, como lo indicó el  coordinador Nacional de Arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava.

En el caso del castillo de Chapultepec, la construcción de una torre de 39 pisos compromete la ya de por sí contaminada y alguna vez privilegiada vista panorámica, toda vez que al daño ocasionado por la recién inaugurada Torre BBVA y los rascacielos conocidos como Torre Mayor, Torre Reforma, Punta Chapultepec y Puerta Reforma, habrá que añadir la presencia de una mole de estilo moderno que buscará privilegiar la vista de oficinas, comercios y un hotel antes que respetar la panorámica y el valor histórico de la hoy sede del Museo Nacional de Historia. A pesar de que la presentación del proyecto CETRAM Chapultepec negaba tal afectación argumentando que, como ya existen edificaciones similares en la zona, la nueva presencia no representa una “afectación al paisaje urbano”. Es decir, como anteriormente ya hubo quienes pudieron interponer una inmensa estructura de acero y cristal entre el castillo y su panorámica del centro de la ciudad, da lo mismo que sean cinco o seis edificios los que la afecten (ver imagen 1).

Image 1 (Fuente: Presentación CETRAM Chapultepec).
Image 1 (Fuente: Presentación CETRAM Chapultepec).

No es menor el hecho de que la empresa Desarrollo Urbanístico Chapultepec S.A.P.I. de C.V., uno de los socios en el proyecto Torre CETRAM, sea propiedad de BBVA Bancomer que, a su vez,  también es dueño del nuevo vecino de la cuadra. Ni tampoco que momentos después del corte de listón de la torre Bancomer, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicara que la ciudad “está en un proceso de transformación. Nuestro urbanismo en esta zona, en la zona del Pasaje Reforma, en la zona del Corredor Reforma, está mostrando todo lo que puede hacer nuestro país”, para finalizar agradeciendo al grupo financiero por las inversiones en la capital.

Situaciones similares se han presentado en el pasado reciente con resultados distintos. Uno, quizá el más conocido, es la construcción del edificio H de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria que afectó la vista en el Espacio Escultórico. El hecho fue cuestionado tanto por la comunidad universitaria como por el gremio artístico, llegando incluso a pedir la demolición de los cuatro niveles superiores, sin recibir atención de las autoridades universitarias. Otro, quizá con un aire de esperanza, es el caso del Hotel Casa Dorada en el Cerro San Miguel, en Guanajuato, donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia ordenó la demolición de un nivel por las afectaciones visuales que implicaba la ampliación de dos pisos en dicho inmueble. En este caso, el INAH intervino a petición de la UNESCO  dado que se ubicaba en un polígono catalogado como patrimonio de la humanidad.

En el caso del edificio de la Secretaría de Salud —de estilo art déco y que data de la década de 1920—, los impulsores del proyecto han argumentado que la visual del emblemático edificio no se verá afectada dado que la mega torre dista 15 metros sobre la perpendicular del edificio que por su valor histórico forma parte del catálogo del Instituto Nacional de Bellas. Además, por supuesto, de cuidar que los cimientos de la secretaría no sean dañados durante las excavaciones. De consumarse el objetivo, la inmensidad de una moderna torre financiada con inversión privada, contrastada con el desprecio al valor histórico y artístico del primer edificio público de la era posrevolucionaria, sería la materialización de una analogía que explique el predominio del interés de los “grandes” particulares sobre el interés público.

De los tres casos, el que menor conflicto ha generado es el caso de la fuente de Belén puesto que el proyecto contempla que sea integrada al vestíbulo del edificio (imagen 2), como ya lo han hecho los mismos desarrolladores inmobiliarios en la construcción de la Torre BBVA, cuando integraron una casa de principios del siglo XX —elaborada con cantera rosa—  al nuevo proyecto mediante el desplazamiento del inmueble para permitir la construcción de los cimientos y su retorno al sitio original. Para el caso, se habla de dos opciones: la primera pretende desplazar la fuente piedra por piedra; y la segunda sería movilizar la fuente en una sola pieza, como lo hicieron con la casona rosada.

 

Imagen 2 (Fuente: Presentación CETRAM Chapultepec).
Imagen 2 (Fuente: Presentación CETRAM Chapultepec).

Finalmente, lo más preocupante del caso es la indefinición del INAH, aparentemente la única autoridad que podría impedir la construcción, respecto de los permisos necesarios para llevar a cabo el ambicioso (en un sentido negativo) proyecto. Hasta antes de su renuncia al frente del Instituto, la historiadora Teresa Franco había señalado la necesidad de “proteger el patrimonio histórico del bosque, la fuente de Belén y la parte visual del castillo de Chapultepec”, además de señalar los posibles impactos que produciría la construcción de rascacielos en zonas de monumentos durante la inauguración del foro Políticas públicas y acciones en el centro histórico: Balance y perspectiva. El pasado 15 de agosto, Franco oficializó su renuncia sin aclarar los motivos; los permisos correspondientes para el proyecto quedaron entre los pendientes que recibió Diego Prieto sin que a la fecha se haya emitido la resolución.

La única certeza al momento es el inicio de las obras para la intervención del paradero, ahora CETRAM Chapultepec, con la apuesta de promotores-funcionarios del gobierno de la ciudad e inversionistas para que las autorizaciones necesarias se emitan a la brevedad o, por lo menos, antes del año 2018. Ya sea porque en ese año se contempla comenzar la construcción de ambas torres o por el riesgo de que una nueva administración complique el jugoso negocio del 7.88 por ciento.

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