por Halina Gutiérrez Mariscal *

En el siglo XVIII, un filósofo inglés que vivía en una de las economías que crecía más rápidamente sostuvo la validez, e incluso la necesidad, de que los individuos buscaran egoístamente su propio beneficio. Al hacerlo, decía Adam Smith, los individuos generarían un bienestar social, en el que cada uno vería satisfechas sus necesidades y contribuiría al progreso de toda la sociedad. Las diferentes habilidades de cada individuo llevarían a que algunos obtuvieran mayores beneficios monetarios que otros.

Palabras más, palabras menos, la esencia de esa idea sobre las economías de mercado sigue dando estructura al imaginario de muchos ciudadanos sobre cómo deberían obtenerse las riquezas. Esa enorme simplificación de las ideas de Smith, además, sigue siendo reciclada en el discurso, tanto gubernamental como privado, que justifica la obtención notable de riqueza de algunos individuos y los pobres medios de subsistencia de otros. Aquél que no logra superar sus condiciones de pobreza, suponen muchos, es porque no han puesto el suficiente empeño en ello.

Quizá sea por la introyección de ese viejo argumento que cifras públicas como las que recientemente se han dado a conocer en los informes sobre pobreza y desigualdad en México por Oxfam o la Cepal, y que apuntan a un problema lejano a resolverse, y a políticas públicas encaminadas al mantenimiento e incluso profundización de la pobreza, no causan mayor revuelo, y sólo una focalizada indignación en los pocos que reparan en ellas. En junio de 2015, Oxfam México publicó el informe Desigualdad extrema en México: Concentración del poder económico y político, elaborado por Gerardo Esquivel. El panorama proyectado no solo es indignante sino desalentador.

Entre algunos de los datos más alarmantes que revela el informe se halla el hecho de que 23 millones de personas en México no pueden adquirir la canasta básica y que nos hallamos entre el 25 por ciento de los países con mayores niveles de desigualdad. ¿En qué proporción? En México, el 1 por ciento más rico de la población obtiene el 21 por ciento del total de los ingresos de la nación, mientras que el decil más acaudalado percibe el 64.4 por ciento de estos. Mientras que en el mundo la cantidad de millonarios disminuyó en la última década, en México creció en un 32 por ciento, ¡en el segundo país de América Latina en donde más creció la pobreza en los últimos años!

¿Qué ocurre en México que la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más profunda, sin que parezca haber algún esfuerzo por detener dicho proceso? La respuesta, según explica Esquivel, tiene que ver con el hecho de que no sólo no se hace ningún esfuerzo gubernamental encaminado a superar la desigualdad en el país, sino que ha ocurrido lo que este economista llama “la captura política del estado”, es decir, la constante e ilegal intervención de los sectores más ricos de la población en los instrumentos y organismos gubernamentales que se encargan de regular, supervisar y vigilar el funcionamiento de los actores económicos. Los efectos de esta captura del estado que agravan la desigualdad son innegables:

— Un estado asistencialista que da, en vez de garantizar los derechos de las personas a la alimentación, la salud y la educación.
— Una política fiscal que favorece a los más privilegiados, evitando gravar sus fuentes de ingreso más importantes (las ganancias de capital, dividendos e intereses) y permitiendo deducciones por conceptos que quizá no deberían ser deducibles (como donativos, colegiaturas y aportaciones al SAR). Esto no sólo priva al estado de recursos más numerosos, sino lleva a que las familias más pobres terminen pagando, proporcionalmente, más impuestos que las familias con más recursos.
— Una política salarial y laboral que favorece a los grandes capitales en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores e imposibilita la superación de la pobreza.
— Un gasto gubernamental poco eficiente, paliativo y electorero.
— Una política de rendición de cuentas absolutamente inexistente, que permite la opacidad suficiente para que medre la corrupción en todos los niveles de gobierno y que merma el estado de derecho. Esto sin mencionar cómo esta opacidad posibilita el ocultamiento de capitales obtenidos ilícitamente por conflictos de interés, como en el caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, favorecido por el actual titular de la presidencia de la república, según está revelando la investigación en curso Panamá Papers.

Juan Armando Hinojosa Cantú. (Foto: MTV.)
Juan Armando Hinojosa Cantú. (Foto: MTV.)

Como ejemplo, pensemos en el salario mínimo. A pesar de que la constitución establece, en su artículo 123, que el salario mínimo deberá ser suficiente para “satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, la realidad es que México es un caso único en América Latina por su rezago en el poder de compra del salario mínimo. En México, un trabajador que gana el salario mínimo es considerado pobre (no puede obtener ni siquiera la canasta alimentaria básica); si con su salario debe mantener a un miembro más de su familia, ambos son considerados pobres extremos. El argumento de las autoridades para mantener dichos niveles de rezago adquisitivo es que los aumentos al salario pueden tener efectos inflacionarios. Al respecto, Esquivel dice:

El que una política de esta índole esté aún vigente no se explica más que como el resultado, una vez más, del proceso de captura política por parte de una élite económica que impone hasta hoy un férreo control a los salarios mínimos, a pesar de que estos han caído de manera muy dramática en las últimas décadas y de que su nivel está incluso por debajo de los umbrales aceptados de pobreza [30-31].

Al observar algunas de las gráficas que acompañan este informe, resulta muy sencillo ubicar el momento histórico que definió el rumbo de uno y otro sector en México, el momento en que se iniciaron las privatizaciones, la desregulación económica, las concesiones, el llamado “adelgazamiento del estado” y el momento en las riquezas personales de cuatro mexicanos —Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego— comenzaron a crecer exponencialmente (gráfica de la página 20). Por el contrario, el poder adquisitivo del salario (gráfica de la página 30) se ha estancado en las últimas dos décadas, mientras que los niveles de pobreza se han mantenido después de un aumento notable desde hace un par de décadas (gráfica de la página 28).

¿Qué tienen en común las fortunas de esos cuatro multimillonarios mexicanos? Que todos derivan una parte significativa de su riqueza de sectores privatizados, concesionados o regulados por el estado (gráfica página 20). Hasta 2002, la riqueza de esos cuatro hombres representaba el 2 por ciento del producto interno bruto, pero a partir de 2003 inicio un ascenso que en 2014 llegó al 9 por ciento de éste.

Hace unos días, el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, mostró su molestia por los resultados del informe de la Cepal que ubicó a México entre los tres países de la región en los que la pobreza ha crecido y descalificó los resultados de dicha comisión. Los que Meade dijo no es del todo falso. ¿Ha habido crecimiento del ingreso per capita en México? Sí. Entre 1992 y 2012, el ingreso creció un 26 por ciento (a una tasa anual de 1.17 por ciento), sin embargo en ese mismo periodo, las tasas de pobreza se mantuvieron constantes (gráfica página 28). ¿Cómo se explica esto? Porque se trata, como señala Esquivel, de un crecimiento excluyente. Los beneficios del crecimiento se han concentrado en el decil más alto de la población, mientras el poder adquisitivo del salario se deteriora y la desigualdad se profundiza.

A pesar de las contundentes evidencias de una política económica errada —o muy eficiente, depende desde dónde se mire y cuáles sean los objetivos—, el gobierno mexicano se mantiene en su postura, no sólo de defensa de sus programas y medidas, sino en su renuencia a transparentar el uso de recursos públicos, castigar la corrupción y evidenciar los conflictos de interés. Triste es, además, escuchar que entre la población —que debería estar indignadísima y preocupada— argumentos del tipo “es pobre porque no le echa ganas” sigan teniendo validez y fomentando la inmovilidad civil. Pareciera que se trata de una inyección anestésica del sentido ético de la población: si nos es indiferente la inmoral desigualdad existente, en la que millones están en pobreza extrema y el 10 por ciento más rico se apropia de más de la mitad de los ingresos totales del país, entonces corremos el riesgo de que la violencia, la corrupción y la impunidad, que florecen ante nuestros ojos, también nos pasen de largo.

Desde la historia resulta necesario no dejar de señalar que la tendencia actual de profundización de la pobreza y la desigualdad en México se corresponde con la implementación un modelo económico que lleva tres décadas prometiendo crecimiento, pero que cada vez se hunde más en la corrupción y la ineficiencia. Como ha explicado Thomas Piketty y retomado Esquivel en el informe de Oxfam, en un panorama como el de nuestro país ni siquiera el trabajador más eficiente y calificado conseguirá, con su esfuerzo laboral, acumular las riquezas que los capitales acumulados generan a diario. Es falso de toda falsedad que la cada vez más evidente merma en nuestros ingresos —hablo como ciudadana de a pie y trabajadora promedio— se deba a que otros son más trabajadores, más eficientes, más preparados o más listos que nosotros. Es una falla de origen de este sistema económico que fue diseñado para concentrar la riqueza en unos cuantos, y que en México lleva unos treinta años funcionando a la perfección, haciendo aquello para lo cual fue ideado.

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