por Jorge Domínguez Luna *

El primer minuto del año puso en marcha el incremento de los accesos a museos administrados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), según lo aprobado por el legislativo para el ejercicio fiscal 2016. La cuestionada decisión es consecuencia de la reclasificación de los centros culturales en tres tipos (Museos Históricos, Museos Emblemáticos y Centros Expositivos) y el establecimiento de tarifas (60, 45 y 30 pesos) sin tomar en cuenta los precios anteriores, la disparidad de los aumentos y, mucho menos, la realidad económica del país.

Las modificaciones tuvieron su origen en la Cámara de Diputados y, sin mayor argumento que la reinversión de lo recaudado “en obras para fomentar la cultura”, fueron incluidas en el proyecto de la miscelánea fiscal. Ni antes ni después de su aprobación, ocurrida el 18 de noviembre pasado, ningún legislador, gobernante, partido político, ni mucho menos el encargado de la política cultural del país protestó la medida que lejos de ayudar, desincentiva los de por sí escasos acercamientos de la población al arte y la cultura. De acuerdo con lo señalado por la presidenta de la Comisión de Cultura, Cristina Gaytán, la medida fue obra de la Comisión de Hacienda (ambas comisiones de la Cámara de Diputados), por lo que es posible inferir que antes que criterios técnicos se priorizó una lógica recaudatoria. Peor aún: el dinero recaudado no se refleja necesariamente en los servicios de origen debido a que el procedimiento obliga a los entes a entregar los recursos a la Tesorería de la federación y ésta a su vez los reintegra al presupuesto del INBA, según lo declarado por la coordinadora de Artes Visuales de la dependencia, al ser increpada sobre el beneficio real para los usuarios de los recintos.

Quizá el único criterio que podría dar sentido a las nuevas disposiciones es la ley de la oferta-demanda tras el éxito de algunas exposiciones durante 2015. Ello tras considerar que los 320 mil visitantes que registró Obsesión infinita de Yayoi Kusama podrían haber significado 19.2 millones pesos para las arcas de la nación, cifra sólo un poco superior a la que hubiesen aportado las exposiciones de Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci en el museo del Palacio de Bellas Artes. Sin poder determinar las causas del éxito de éstos y otros montajes en fechas recientes, es innegable el crecimiento de la población que utiliza los servicios culturales, por lo que lejos de entender la medida, incluso considerando el elevado costo de operación en las grandes exposiciones, es necesario cuestionar la manera en que las autoridades entienden la función del arte y la cultura en la sociedad.

Aspectos Fila
Fila para entrar a las exposiciones Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos y Leonardo da Vinci y la idea de la belleza (Foto: http://www.conaculta.gob.mx/)

Tal parece que los gobiernos —sin distinción de los niveles— han encontrado una manera de disfrazar las políticas recaudatorias sin que ello implique un costo político. Es decir, ante el inconveniente de aumentar impuestos directos e incluso ante su supuesta reducción, los entes recaudadores han convertido la prestación de servicios en una fuente de ingresos que, en la mayoría de los casos, no se refleja en una mejoría ni mayores recursos públicos, sino en negocios particulares mediante bienes públicos. Ejemplos sobran en la ciudad de México: los parquímetros, las autopistas urbanas (segundos pisos), deportivos públicos concesionados, los locales comerciales de los bajo puentes y ni qué decir de las grúas de control vehicular o las foto multas.

Si bien, en el caso de los museos, se mantienen vigentes las exenciones de pago para ciertos grupos poblacionales y la gratuidad para todo el público los días domingos, quienes hemos acudido a un museo de martes a sábado podemos atestiguar que los visitantes cautivos y constantes acuden durante estos días para disfrutar plenamente de la oferta cultural. Los domingos, tristemente, es común encontrar en los museos a los estudiantes que van por el boleto para integrarlo a la tarea, las familias que algunas veces con fines lúdicos y otras (quizás las más) porque encuentran distracciones que no implican daño al presupuesto familiar, y a quienes están más preocupados por registrar la visita en sus redes sociales que en disfrutar la propuesta en turno.

Asimismo, el tabulador de precios se actualizó sin considerar la realidad económica del país, donde el desempleo aumenta, el poder adquisitivo disminuye y los placeres son desplazados por las necesidades. Asistir a “los mejores museos” en este país equivaldrá al 82% de un salario mínimo aprobado para el presente año.

Finalmente, resulta absurdo que el incremento antecediera por poco más de un mes la creación de la Secretaría de Cultura que, entre sus objetivos, tendría el diseño de una política cultural integral que fortalezca al sector y lo acerque al grueso de la población, sin que las autoridades del sector lo conocieran y aprobarán. Es impensable que los diputados que validaron el alza de precios no conocieran la inminente elevación a rango de secretaría de estado del Consejo Nacional para la Cultura y la Artes y, si estaban al tanto, que no destinarán los recursos necesarios para su operación tras la separación de la Secretaría de Educación Pública o que apostarán a la autogeneración de recursos para su operación.

Las únicas certezas en el tema son que el arte y la cultura no son rentables para un estado mercantilista y que con secretaría o sin ella el sector no tiene ni pies ni cabeza y, mucho menos, sabe hacia dónde va.

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