Iguala y el narcotráfico (2 de 2)

por Arturo E. García Niño *

Las versiones del caso Iguala

Lo expuesto en el anterior apartado en apariencia refuerza la hipótesis de que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, fue por la pugna entre los cárteles Guerreros Unidos y Los Rojos. Según declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, cabeza de la aquella organización y quien dio la orden para que capturaran a los estudiantes, entre éstos había 17 miembros de la segunda, que iban a matar a Víctor Hugo Benítez Palacios, el Tilo, jefe de plaza de Guerreros Unidos, y cinco de sus hermanos. Lo sabía, dijo, porque en el grupo iba también un halcón de Casarrubias —véase esta nota de Abel Barajas publicada originalmente en Reforma, y esta otra de Ezequiel Flores Contreras aparecida en Proceso.

Dicha versión fue dada a conocer unas seis semanas después de los hechos de Iguala por Raymundo Riva Palacio: “el objetivo eran sólo 17 normalistas, encabezados por el jefe de la célula, contra quien se ensañaron sus asesinos y los desollaron. No se sabe la suerte del halcón [ni quién era], aunque durante semanas los teléfonos celulares de cuatro de los desaparecidos se activaban durante algunos momentos y se volvían a apagar.” (Presuntamente, el jefe de la célula era Bernardo Flores Alcaraz, el Cochiloco, alumno de tercer año y miembro del comité ejecutivo de la Escuela Normal, según declaración de Jonathan Osorio Cortés, el Jona, como aparecieron en esta nota de Milenio.)

Riva Palacio asentó también que Jesús Murillo Karam tuvo desde entonces la seguridad de que detrás estaban las pugnas entre cárteles, pero que no quiso dar a conocer esta “verdad impronunciable” para proteger al gobierno de Enrique Peña Nieto —ya en entredicho por su corrupción galopante, por su omisión inicial y la tardanza en atraer el caso. (Sobre el caso puede consultarse “La noche más triste”, de Esteban Illades, primer trabajo detallado al respecto, el cual —conforme han ido revisándose los 85 tomos del caso— se revela como adjunto a la versión oficial que sustentó en su momento el ex procurador Murillo Karam. El poco tiempo transcurrido entre los hechos de Iguala y la publicación del artúculo de Nexos abona la duda razonable —y razonada, sin dejar de ser sólo eso— de que la PGR le acercó a Illades el expediente del caso. Fue muy poco el tiempo, se piensa, para revisar los susodichos 85 tomos. Como sea, la consulta del expediente del caso revela el desaseo y la impericia de las autoridades mexicanas para rearmar y resolver los crímenes. Lo haya hecho a propósito o no es otra cuestión; lo sabido es que el cochinero ahí está.)

Ese temor por un pasado y un presente desaseados, que lo inmovilizó para ni siquiera insinuar la apertura de una línea de investigación acerca de los posibles nexos entre los 17 infiltrados y el narcotráfico, quizás terminó siendo una estrategia involuntaria del gobierno para ver si otros —el GIEI— la mencionaban como posible: “El planteamiento que tiene que ver con estupefacientes es una línea de investigación muy delicada, por lo que significa y puede representar. Por eso sólo a partir de una posición tan independiente, como la de los expertos, puede plantearse con esa claridad”, declaró Roberto Campa Cifrián. Quede aquí.

Más todavía, el gobierno peñista evitó hablar del tema que involucraba —según las declaraciones de Casarrubias, Osorio Cortés, Gildardo López Astudillo y José Javier Brito Catalán, entre otros— a algunos estudiantes con el narcotráfico: “[Los integrantes de Guerreros Unidos] utilizan el argumento de que vienen infiltrados, así usan la palabra, muchísimo, infiltrados, los estudiantes con Los Rojos, nosotros no hemos encontrado ningún rojo, a menos que alguno de los estudiantes haya estado ligado a esto, pero… ellos pensaban… que había una infiltración, una asociación de unos con otros” —véase esta nota de Aristegui Nocitias.

Lo enunciado líneas atrás, ya como una línea de investigación a reabrir en la inacabada pesquisa, se ha visto confirmado también por el Informe Ayotzinapa (2015), presentado por el GIEI, y por la relevancia que cobró el ya famoso quinto autobús, detectado en los videos grabados por las cámaras de la estación de autobuses de Iguala.

Se asienta en el informe que a Iguala llega, y de ahí sale escondida en autobuses, la mayor parte de la heroína con rumbo a Estados Unidos. Es posible, se coliga de ahí, que sin saberlo los estudiantes hayan secuestrado un autobús —el citado quinto— con un cargamento de droga o dinero escondido, que así podría ser la clave explicativa de la reacción indiscriminada y la saña con que se atacó a los estudiantes. (Acerca del quinto autobús puede verse también este texto de Héctor de Mauleón. Y para una comprensión integral del camino recorrido hasta llegar a la sanguinaria violencia en contra de los estudiantes, puede consultarse este otro texto de Esteban Illades.)

Un dato más abona a la posible explicación de la saña con la que fueron perseguidos, baleados, capturados, torturados, asesinados unos y desaparecidos los más de los estudiantes: al mediodía del 26 de septiembre, según declaraciones ministeriales de Casarrubias, López Astudillo y Brito Catalán, llegaron a Los Peques —negocio de lavado de carros en Iguala perteneciente a los hermanos Benítez Palacios— siete sujetos que previamente habían secuestrado en Chilpancingo un taxi y un autobús. Balacearon el negocio, se robaron tres taxis de los Benítez y fueron a balacear las casas de los citados hermanos, quienes repelieron la agresión y se quedaron con varias armas de los agresores, presuntamente miembros de Los Rojos.

Lo expuesto habría generado, posiblemente, una tensión que, ante la llegada de los estudiantes a bordo de varios autobuses secuestrados, así como ante el paso del autobús en el cual viajaban los futbolistas del equipo Avispones de Chilpancingo, sustentaría el brutal ataque de parte de los Guerreros Unidos. O quizás la errada información de su infiltrado —si resultara cierta la versión de Casarrubias—, en el sentido de que gente de Los Rojos iba en los autobuses agredidos por los delincuentes con el apoyo de la policía (véase este texto de Juan Pablo Becerra-Acosta). Vendrían después, entre ese día de septiembre de 2014 y junio de 2015, cinco ataques más al negocio de los hermanos Benítez Palacios —como publicó Nuevo Guerrero Informado.

Los asegunes en las versiones

Ambas versiones, tanto la que sustenta “la verdad histórica” de la PGR y el gobierno peñista, como la esgrimida por el GIEI, acerca del ensañamiento con los desaparecidos por parte de los policías al servicio de los Guerreros Unidos y de estos mismos, contienen detalles que las hacen cojear. Ninguna, además, deja en claro lo que quizás es el elemento central que debiera articular la pesquisa, y que deviene en una primera pregunta de la cual pueden derivarse algunas más: ¿cuál fue el motivo por el que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron ese día a la capital del estado de Guerrero?

Al respecto, y todo esto basado en dichos y declaraciones contradictorias de los involucrados —con los intereses de cada parte echados por delante e incidiendo a favor o en contra de una u otra versión—, sobresalen como posibles motivos del viaje para apoderarse de los autobuses los siguientes:

— que los normalista fueron, por acuerdo del Comité Ejecutivo, o del Comité de Lucha, o del Club de Orientación Política e Ideológica de la Normal (adscritos ambos, como los de todas las normales rurales del país, a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México) a secuestrar autobuses para asistir a la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México;

— que el secuestro de los autobuses fue para trasladarse a boicotear el informe de la presidenta del DIF de Iguala, y esposa del alcalde José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, y

— que los 17 infiltrados miembros de Los Rojos iban a asesinar a Víctor Hugo Benítez Palacios y a cinco de sus hermanos.

Asumiendo la posibilidad de que el motivo aún no esclarecido sea alguno de los anteriormente señalados, tanto en la versión de la PGR como en la del GEI se difumina un detalle, que bien pudiera abrir otra línea de investigación conducente a desbrozar el camino para ambas, y que genera dos preguntas hilvanadas y resultantes de la primera ya hecha párrafos atrás: ¿por qué la mayoría de los participantes eran alumnos de nuevo ingreso (los pelones) y quién o quiénes iban a cargo de la acción secuestradora de autobuses?

La importancia de dichas preguntas fue ponderada y asentada ya por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe Estado de la investigación del «caso Iguala” (disponible aquí). Es necesario investigar, dice la CNDH, “¿Por qué motivo los alumnos de la normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?, ¿quién los llevó? y ¿por qué precisamente a los alumnos de primer grado? Cuestionamientos que fueron manifiestos de manera legítima y enérgica por algunos de los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en reunión sostenida con la CNDH el pasado 18 de febrero de 2015” (35). Es pertinente señalar, aunque no sea políticamente correcto, que los pelones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos son objetos de abuso y vejación, tal y como lo recupera Ricardo Garza Lau a partir de haberse entrevistado con la madre de uno de los desaparecidos, Jorge Álvarez Nava: “él [Jorge] le marcó [a su madre], emocionado, para contarle que iban a ir a una marcha al D.F.… Ella le pidió tener cuidado, alejarse de la toma de autobuses y los bloqueos. Él le dijo que esas actividades eran parte de su novatada, no podía evadirlas.” (Véase también esta nota de Alma Guillermoprieto.)

La versión de la PGR

Anclada a “la verdad histórica”, deriva casi en su integralidad de las declaraciones de Sidronio Casarrubias, casi todas “de oídas” y basadas en dichos de terceros— mensajes vía celular de Gildardo López Astudillo, por ejemplo—. Las excepciones son que tenía un halcón a su servicio entre los normalistas y que entre ellos iban 17 rojos infiltrados cuyo cometido era matar a Víctor Hugo Benítez Palacios y a sus hermanos. En general, esa versión adolece de una falla nada menor —además de que las afirmaciones del narcotraficante atropellan la línea de tiempo de los hechos—: que no se encontró arma alguna en los camiones o en el lugar o lugares de los hechos. Lo que no obsta para que, como ya dijimos líneas atrás, una mala información proporcionada por el halcón convirtiera en rojos y en víctimas propiciatorias a 17 estudiantes, y al resto como daños colaterales. O quizás sí eran rojos 17 de ellos, pero dado el desaseo y la precaria investigación llevada a cabo por la PGR —¿su indeleble esencia histórica?—, no hay posibilidad de probarlo hasta hoy.

Y agranda la razonada duda acerca de la versión de la PGR un hecho contradictorio, también recuperado de oídas por Casarrubias a partir de los dichos de Gilberto López Astudillo —coincidente con lo declarado por José Javier Brito Catalán— y asentado en su declaración: si los 17 iban a matar a Benítez y a sus hermanos, ¿por qué entonces al local de lavado de automóviles Los Peques llegaron sólo 7 sujetos, que previamente habían secuestrado en Chilpancingo un taxi y un autobús, y balacearon el negocio y las casas de los Benítez? ¿Por falta de coordinación entre los Rojos? ¿Por puras ganas de echar bala?

La relevancia y credibilidad que la PGR le otorgó a las declaraciones de Casarrubias, López Astudillo, Brito Catalán y Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, para construir su relato de los hechos —fue una equivocación causada porque entre los estudiantes iban 17 rojos, lo que generó el secuestro y presunto asesinato de los 43 jóvenes, su incineración e intento de desaparición de los restos al tirarlos al río en Cocula—, contrasta, por ejemplo, con lo dicho por el último de los citados acerca de que José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, era miembro de Los Rojos y le habían pagado para que los 17 en cuestión se infiltraran entre los estudiantes en los autobuses. Como sea, hasta la fecha no ha declarado ante las autoridades, a pesar de que, según éstas, fue invitado a hacerlo el 27 de enero. De acuerdo con esta nota de Milenio, Hernández Rivera dijo que no había recibido ninguna invitación.

Hernández Rivera ha sido mencionado también por uno de padres de los estudiantes desaparecidos como alguien a través de quien se les ofreció dinero para que dejaran de protestar. Declara Epifanio Álvarez Palacios en la una nota de Excélsior: “[nos han ofrecido] casas, carros, pero no lo hemos aceptado ni lo vamos a aceptar… otro padre… me dijo que había un fondo para darles a nuestros hijos. Asistimos al centro de Tixtla y cuando estábamos ahí apareció el director de la Escuela Isidro Burgos; él fue el que nos estaba diciendo que lo aceptáramos, dinero también.” Y ahí mismo planteó la pregunta de por qué habían enviado a los de primer año. “Hay muchas cosas que están oscuras”, concluyó. Y para aclarar esas cosas hay que volver la vista atrás y empezar, dado el desaseo y manoseo de las averiguaciones, por contestar las preguntar ya asentadas aquí:

—¿cuál fue el motivo por el que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron ese día a la capital del estado de Guerrero?, y

— ¿por qué la mayoría de los participantes eran alumnos de nuevo ingreso y quién o quiénes iban a cargo de la acción secuestradora de autobuses?

La versión del GIEI

El conocimiento de un quinto autobús, el Estrella Roja 3278, que salió del andén 12 de la central camionera de Iguala, cuyo destino oficial era Cuautla, que iba cargado de droga o dinero y es elemento detonante del ensañamiento de los sicarios civiles y policiales en contra de los estudiantes—o sea la tesis esgrimida por el GIEI—, se basa no en información coligada de las evidencias y declaraciones contenidas en el expediente ministerial hecho público por la PGR. Ese conocimiento se ha inferido de información originada en la DEA y hecha pública por los medios de información masiva, acerca del puente establecido al través de autobuses entre Iguala y Chicago que llevan heroína y regresan con los dólares pagados por ella, así como por el hecho de haber sido el único de los vehículos automotores secuestrados esa noche que fue interceptado, vaciado de estudiantes que huyeron, y que no fue atacado a balazos por los sicarios civiles y policiales.

La ponderación del quinto autobús que hace el GIEI, así como sus señalamientos de que la PGR dejó suelto el posible hilo de la madeja representado por dicho camión, encuentra su contraparte en el motivo por el cual no le dieron seguimiento, según la procuradora Arely Gómez en su comparecencia ante el senado de la república: “en dicho autobús no hubo ningún contratiempo con los muchachos, es por lo que no se le dio tanta relevancia, pero el camión está, está asegurado, y estaremos trabajando en la próxima visita de los expertos para hacer esta inspección ministerial que ellos han pedido”. Sin embargo, lo expresado por la titular de la PGR no es verdad. Y no lo es porque el quinto autobús, según el Expediente Caso Iguala, nunca fue asegurado ni sometido a peritaje alguno; no existe constancia de ello, como sí la hay de los demás. Fue, por cierto, el único, de los más de treinta involucrados en los hechos del 26-27 de septiembre, dejado fuera de control y análisis por parte de las autoridades responsables de hacerlo; véase esta nota de Arturo Ángel en Animal Político.

Casi un año después de los hechos de Iguala, el 10 de septiembre de 2015, y en respuesta al informe del GIEI, la PGR aseguró dos unidades de Transportes Estrella Roja con el fin de indagar los posibles residuos de droga que pudieran haber aún en ellas… ¡sólo que ninguno de los dos es el quinto autobús, con número económico 3278! Vale agregar que, según declaraciones del fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, recogidas por El Economista, “la existencia del [quinto] autobús se puede decir que está en el expediente, porque en el desglose que recibe la PGR de parte de la procuraduría estatal, está identificado ese quinto autobús”. O sea, como señalan varios testigos en el Expediente [del] caso Iguala, la existencia del quinto autobús está asentada desde el inicio de la investigación, antes de que la PGR la atrajera, pero, dado que no fue atacado a balazos, la PGR minimizó su posible importancia para efectos de la investigación.

La indagatoria de la PGR fue cuestionada desde que el ex procurador Jesús Murillo Karam emitió la desafortunada frase de que los resultados que tenían era “la verdad histórica” del caso Iguala, y ha sido cuestionada estentóreamente a partir de que el GIEI diera a conocer en su informe la versión del quinto autobús y las drogas, así como que los estudiantes no pudieron haber sido quemados en el basurero de Cocula. La razón de ello puede simplificarse en que las autoridades judiciales mexicanas tienen tras de sí una larga e histórica cauda de invención de culpables, declaraciones obtenidas bajo tortura, procesos amañados, jueces y ministerios públicos venales comprados porque se venden… y la impericia indagadora demostrada en cientos o miles de casos. Pero también porque los resultados del GIEI han sido asumidos acríticamente, sin tomar en cuenta, para lo que nos interesa aquí, que la versión del quinto autobús también cojea, como ya dijimos. Por ejemplo: si en verdad el quinto autobús llevaba droga escondida, ¿por qué cebarse en los otros cuatro y en el del equipo de futbol Avispones?; ¿por qué matar a unos estudiantes y desaparecer a otros?; ¿por qué no simplemente sacar la droga o los dólares del autobús o llevarse éste?; ¿por qué el asesinato a mansalva si ello atraería, como fue, la atención de las fuerzas policiacas federales y estadounidenses, y de los medios de información masiva?

En el mismo orden de ideas se imbrica, y deviene relevante, esta nota del noticiero de Ciro Gómez Leyva que deja en claro que la presunta primera declaración del chofer del quinto autobús —Estrella Roja, número económico 3278—, hecha mediante un documento manuscrito donde narraba que acordó con los estudiantes llevarlos a Tixtla pero que fue detenido por la policía al intentar salir de Iguala, fue desmentida por él mismo en su segunda presentación ante las autoridades judiciales: no lo había escrito, dijo, no lo reconoció y solicitó un peritaje para demostrarlo en su momento. Por su parte, la empresa Transportes Estrella Roja, propietaria del autobús, declaro que todas sus corridas son locales, por lo que no cabe la sospecha, que abona a la versión del GIEI, de que su unidad pudiera haber llevado droga con destino a Estados Unidos. Hasta donde pudimos indagar, Autobuses Futura tiene dos corridas hacia Estados Unidos: Iguala-Monterrey e Iguala Nuevo Laredo, que empalman con Greyhound hacia Chicago. Lo anterior, sabido por el GIEI, quienes también se entrevistaron con el chofer y éste les confirmó que el manuscrito no era de su autoría, no evitó que los expertos infirieran lo del quinto autobús cargado con droga.

La hipótesis transitoria en prenda

¿Crimen de estado? No lo es, si acudimos para sustentar dicha versión a la información contenida en el Expediente Caso Iguala, al trabajo periodístico y al informe del GIEI, donde no se encuentra ninguna pista, menos aún alguna evidencia, de que el crimen haya sido orquestado desde los despachos gubernamentales e involucrando en su ejecución a los tres niveles de gobierno. Pero sí lo es, forzadamente, si apelamos a que las autoridades municipales y estatales, las fuerzas policiales correspondientes, las policías y el ejército federales también lo son, y si partimos de que las omisiones generadoras de impunidad que alientan la corrupción son taras estructurales y sistémicas. Luego entonces, hay que diferenciar a los presuntos culpables reales de los asesinatos, a quienes actuaron criminalmente desde el estado o la sociedad política de forma directa, de los que resultaren responsables por omisos. Ello a partir de la información a la mano y al uso.

Presuntos culpables reales son el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y también —posible y probablemente— el alcalde priista de Cocula, César Miguel Peñaloza, así como el gobernador prianrredista del estado, Ángel Aguirre Rivero; los mandos y las policías de Iguala, de Cocula y del estado de Guerrero, y por supuesto muchos integrantes de la sociedad civil: los sicarios miembros de Guerreros Unidos y María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Abarca.

Asimismo, resultan presuntos responsables por omisión —y hasta en tanto no se deslinde su posible complicidad— la PGR como dependencia y su titular en el momento de los hechos, varias áreas de la Secretaría de Gobernación y su titular, el responsable de la zona militar y el secretario de la Defensa Nacional. ¿El presidente de la república? Quizás por sus limitaciones intelectuales y éticas que le impiden sacudirse la cruz de su parroquia: la impronta priista que dimana hacia todo su gabinete, que articula su política de opacidad y el dejar pasar las cosas a ver si solas se arreglan, y por su torpeza política resultante de una corta visión. Esto los condujo a ignorar muchas semanas los hechos de Iguala, pero antes fallaron los aparatos de inteligencia —el CISEN y el ejército cuya 27 zona militar está ahí—, el seguimiento y análisis de los hechos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre para ponderar su relevancia y no sólo mirar cómo se desarrollaban. Más que esto no puede encontrarse hasta hoy; aunque ello no signifique su inexistencia.

En El cártel (2015), la más reciente novela de Don Winslow, “El Niño Salvaje”, periodista creador de un ficticio blog alter ego de “Blog del Narco”, dice casi al final de la obra:

Hablo por ellos [las víctimas que están en medio], pero les hablo a ustedes, a los ricos, a los poderosos, a los políticos, a los comandantes y a los generales. Hablo a Los Pinos y a la cámara de diputados, hablo a la Casa Blanca y al congreso, hablo a la AFI y a la DEA, hablo a los banqueros, a los rancheros y a los barones del petróleo, a los capitalistas y a los señores de la droga y les digo: todos son iguales. Todos son el cártel. Todos son culpables.

Exagerado quizás, pero tal es el cometido de la ficción: imaginar la realidad. Lo que no obsta para reconocer su apego a lo que viene aconteciendo en México y el mundo, inmerso en un conjunto de circunstancias donde “los que están más felices en el hogar… pueden ser los más vulnerables a los demonios que lo rondan… la rutina cotidiana… puede ser… no sólo… gozosa y bella sino también… precaria y frágil… [y] mantener esta vida puede costar luchas desesperadas y heroicas… que a veces perdemos” (Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire: La experiencia de la modernidad [Madrid: Siglo Veintiuno de España, 1988], XII).

Hasta ahora las versiones más relevantes de la PGR y el GIE coinciden en que la sanguinaria agresión a los estudiantes proviene del crimen organizado —los Guerreros Unidos—, independientemente de que el móvil haya sido un soplo del presunto halcón infiltrado acerca de que algunos de los desaparecidos eran miembros de Los Rojos, de que el quinto autobús con la droga oculta fuera secuestrado por error o de que haya sido secuela de la balacera en Los Peques. Lo que no releva la presunta culpabilidad de los hasta ahora acusados y procesados, ni la presunta responsabilidad de las instancias del estado por omisión, que conste. Ni la valedera atención que merecen otras versiones, por supuesto.

Dichas versiones, sin embargo, no dejan de lado la presencia del narcotráfico como incidente en el caso y sí ponderan su dimensión glocal. Al respecto, Sergio González Rodríguez, Los 43 de Iguala: México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos (Barcelona: Anagrama, 2015), apunta que lo acontecido en Iguala fue resultado del enfrentamiento entre la insurgencia histórica en Guerrero y la contrainsurgencia estratégica inherente al ultra capitalismo, o capitalismo global, dentro de la geopolítica mundial, y que involucra a la CIA, a China y al tráfico de armas, de drogas, de minerales, como puede constatarse —argumenta el autor—, en cualquier parte del mundo que han ocurrido, ocurren y ocurrirán hechos semejantes, donde la perversidad del mal corpóreo, material, es la impronta que define la normalidad de nuestros tiempos. Versión discutible, si se quiere, pero existente como una más der las varias que hay ante un caso que probablemente engrose las filas de ese 98 por ciento de delitos no resueltos en nuestro país.

Más acá, las dos versiones discursivas que elegimos como las hasta ahora más creíbles, con asignaturas pendientes y con una endeble demostración zancadilleada por las fallas de dos pesquisas precarias en sus cimientos metodológicos —y claro, por el uso político que a sabidas diestras y presuntas siniestras se ha hecho del caso Iguala—, apuntalan la que consideramos, hasta el presente y con la información disponible, más válida hipótesis: el culpable directo de los asesinatos del 26 de septiembre en Iguala, y de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, es el narcotráfico, que de mucho tiempo atrás se apoderó de Iguala y del estado de Guerrero, así como de muchas otras ciudades, estados y regiones de México, como se ha documentado con abundancia.

Un negocio éste de las drogas y el crimen organizado ampliado que se vio modificado en sus niveles de violencia a mediados de la década inicial del siglo XXI como la cima de un crescendo escalador, fertilizado desde por lo menos un lustro atrás con el actuar de las fuerzas policiales y los cárteles. Donde la sociedad inocente vuelta víctima propiciatoria empezó a transitar bajo la égida de dos polos cotidianos: el de los enfrentamientos intercárteles por el control de rutas y plazas, y el de éstos con la policía y el ejército en las calles, carreteras y caminos de México. Y ahí, en ese contexto, en el de la impunidad por la corrupción y la corrupción por la impunidad, en el de la omisión y la precariedad para investigar y en el de la pérdida de lo elementalmente humano, debemos insertar los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Lo demás es superstición y fe en lo que queremos que sea sin que sea así.