El bien común y la marihuana

por Francisco Quijano *

El pasado 4 de noviembre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a cuatro personas que habían interpuesto una petición para poder producir, transportar y consumir marihuana con fines recreativos. Si bien esta resolución no implica la automática legalización de la marihuana, es, sin lugar a dudas, un paso fundamental para que a corto plazo se concrete.  En el contexto mexicano, en donde estamos acostumbrados a que las autoridades rara vez actúen a favor del interés público, resulta sorprendente la decisión de la Suprema Corte ante el problema de la legalización de la marihuana, un asunto que desde el tiempo de Felipe Calderón algunos sectores de la sociedad civil había planteado como necesario y que en diversas ocasiones fue desestimado por distintas instancias del gobierno federal sin ofrecer mayor justificación para ello.

A diferencia de lo que sucedió en otros momentos, durante los últimos años, la discusión que se presentó dentro de la Corte a principios de noviembre no vino acompañada de un debate público ni de movilizaciones de la sociedad civil. El asunto pasó casi de manera inadvertida y no fue sino hasta que los magistrados resolvieron a favor del amparo cuando hizo resonancia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las reacciones, en general, fueron celebratorias, aunque hubo también quien buscó minimizar o criticar la resolución argumentando que solo beneficia a cuatro personas, al poner en duda la calidad moral de los amparados o, incluso, al acusar a los magistrados de crear una cortina de humo para desviar la atención de los grandes problemas de la nación. Estas opiniones parten, o bien de un desconocimiento sobre los mecanismos institucionales del sistema de justicia mexicano, o de un diagnóstico erróneo sobre los problemas centrales que aquejan a nuestro país.

La resolución dada por la SCJN es, a mi juicio, una de las decisiones más significativas que en los últimos años se han tomado desde el gobierno en la búsqueda de resolver los graves problemas de crimen e inseguridad que desangran a la población mexicana. Al otorgar el amparo a favor de los cuatro querellantes, los magistrados de la Suprema Corte declararon como inconstitucionales las leyes que prohíben el cultivo, transporte y consumo con fines recreativos de la marihuana, la droga ilegal por mucho más utilizada en nuestro país. Si bien este fallo sólo es favorable para cuatro personas, las consecuencias de la resolución impactarán en el corto plazo al resto de la sociedad.

En primer lugar, porque al declarar como inconstitucionales una serie de leyes los jueces públicamente ejercieron presión sobre quienes pueden modificarlas para que actúen en consecuencia. Inmediatamente después del amparo concedido, tanto la presidencia de la república como el poder legislativo federal —y algunos congresos locales— reconocieron la necesidad de abrir nuevamente el debate para cambiar la legislación prohibitiva sobre la marihuana. Más importante aún, el amparo concedido abre la puerta a que la legalización de la marihuana no dependa únicamente de la buena voluntad de los legisladores. Basta con que se otorguen cuatro amparos más en el mismo sentido para que se siente jurisprudencia y el poder judicial obligue a los congresos competentes a modificar las leyes (véase esta nota de El País). Éste fue precisamente el camino que tomó hace unos meses la resolución de la misma Corte a favor del matrimonio igualitario.


Ahora bien, ¿cuáles fueron los argumentos expuestos por los magistrados para reconocer como inconstitucionales las leyes que prohíben la producción y el consumo recreativo de la marihuana? ¿Por qué dicha resolución es una de las decisiones más importantes que se han tomado en los últimos años para resolver los problemas de inseguridad de nuestro país? Aunque, en principio, pudiera resultar obvio que ambas preguntas se atendieran en conjunto, la respuesta debe darse por separado.

En cuanto a la primera, habría que decir que los argumentos expuestos por el ministro Arturo Zaldivar para resolver a favor del amparo deben de entenderse en un contexto jurídico. El proyecto presentado por el juez y avalado por otros dos de los cuatro ministros de la primera sala (José Ramón Cosío y Olga Sánchez Cordero) buscó demostrar por qué en términos estrictamente constitucionales las leyes que prohíben la producción y el consumo de la marihuana van en contra de lo establecido en la carta magna. Partiendo de esto, Zaldivar desarrolló una argumentación fundamentada en principios de un liberalismo extremo. Su propuesta se podría resumir de la siguiente manera: la prohibición de la marihuana atenta contra los derechos y garantías individuales de las personas que desean consumirla (a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación), de tal forma que el estado se extralimita en su acción al impedir al consumidor acceder de forma legal a ella, siendo que los efectos nocivos de dicha sustancia no son tan graves para justificar una intervención estatal. Dicho en sus propias palabras: “la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible para un estado liberal”. (El proyecto completo puede verse aquí.)

Los argumentos jurídicos desplegados por el ministro Zaldivar resultaron muy efectivos en tanto que lograron su cometido. No obstante, la trascendencia de su decisión va mucho más allá del respeto a las garantías individuales de los consumidores de cannabis, pues de aprobarse la legalización de la marihuana los beneficios no serían exclusivamente para quienes quisieran utilizarla sino para la sociedad en su conjunto. Así pues, en términos políticos, las razones para terminar con la prohibición de la marihuana se fundamentan mejor sobre principios republicanos —la búsqueda del bien común— que sobre valores liberales —la salvaguarda de las libertades individuales.

Ciertamente, de legalizarse el consumo de marihuana no terminarían los complejos problemas de criminalidad y violencia que aquejan a México, pero sin duda contribuiría de manera decisiva para comenzar a resolver muchos de ellos. Legalizar la marihuana es, en mi opinión, la decisión de estado más fácil de implementar que traería los resultados más inmediatos en la mejora de la situación de profunda inseguridad que se vive en este país.

México es el segundo productor mundial de marihuana y decenas de miles de personas están vinculadas a la producción y consumo de dicha planta. Asimismo, aunque esta droga no representa el principal activo económico para los narcotraficantes, sí ocupa por mucho el primer lugar en cuanto al volumen de producto movilizado dentro y fuera del país y en cuanto al número de consumidores. Por estas razones, el simple hecho de legalizar la producción y el consumo de dicha sustancia —dejando fuera, como en el proyecto del juez Zaldivar, la comercialización— traería inmediatamente consecuencias positivas para la sociedad. En primer lugar, como lo muestra Catalina Pérez en esta nota de Horizontal llevaría a la legalidad a miles de personas —productores y consumidores— que son tenidos y tratados como criminales por el estado, muchos de ellos actualmente encarcelados. Asu vez, esto llevaría a la liberación de recursos económicos y humanos que se utilizan para combatir el tráfico de marihuana, que bien podrían ser utilizados para perseguir otros delitos que realmente afectan a la población. Asimismo, se sacaría del circuito de tráfico y criminalidad de otras drogas ilícitas a consumidores y potenciales consumidores de cannabis, con lo que se reduciría la probabilidad de que nuevas personas accedieran a otras sustancias que sí representan un riesgo grave para la salud.

Pero las ventajas potenciales no terminan ahí. Dependiendo de la postura que se adopte en torno a la regulación de la cannabis, su legalización podría traer beneficios medicinales, fiscales y económicos. El debate la legalización de la marihuana no se reduce a criminalizar o legalizar el uso de esta planta. Hay dentro de estos dos polos una gama amplia de posiciones ante problemas como quién, cómo y dónde se puede producir, comercializar y consumir. Es aquí donde, me parece, resulta pertinente la distinción entre una argumentación republicana y una liberal en la discusión sobre el problema.

De privar en el proceso legislativo una postura predominantemente liberal como la del juez Zaldivar, las reformas a las leyes resultarían, en mi opinión, insuficientes. La finalidad de la legislación no debería ser que el estado se retire y reduzca su interferencia, respetando la libertad de los individuos, sino al contrario, que se involucre de lleno en su regulación. Esto implicaría, entre otros asuntos, permitir y establecer los criterios para su comercialización (ya sea bajo un esquema de monopolio estatal, concesiones a particulares o libre mercado), fijar una edad mínima para su consumo, establecer parámetros sobre la calidad del producto, obligar a presentar información a los consumidores, implementar políticas para la prevención y tratamiento de adicciones, establecer los impuestos correspondientes y determinar su destino, reglamentar su uso medicinal y garantizar su acceso a los pacientes tratados en instituciones de salud pública que la requieran.

En suma, la resolución dada por los magistrados de la Suprema Corte es un acontecimiento de gran trascendencia que debemos celebrar. No obstante, para potencializar los beneficios de una eventual legalización deberíamos exigir que en el proceso legislativo ocupe un lugar central, a la par de las garantías individuales, la búsqueda del bien común.

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