por Bernardo Ibarrola *

Mañana se realizará una consulta ciudadana para continuar o interrumpir el proyecto “Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa” y prácticamente no hay nada que argumentar: la carta abierta de Alberto Ruy Sánchez a Patricia Mercado y las cápsulas del #AsíNo, con argumentaciones de especialistas, contrastan por su seriedad y precisión con la costosísima campaña a favor emprendida por el gobierno de la ciudad, compuesta de puras frases bonitas y mercadotecnia.

Este proyecto consiste, en realidad, en la construcción de un gran centro comercial encima de la vía pública, en el corazón de la ciudad de México. Un segundo piso más, pero no para automovilistas a quienes cobrar peaje, sino para comerciantes a quienes alquilar locales. En ambos casos, la lógica y la argumentación son las mismas: para “detonar” el crecimiento económico se “concesiona”. El gobierno da permiso a la iniciativa privada para utilizar un recurso público ―en este caso el más valioso, el terreno― y a cambio le permite su explotación durante un lapso determinado, al término del cual, la obra realizada pasa a ser de explotación pública.

Concesionar puede ser un buen o mal procedimiento, según y conforme. Mientras que el gobierno está obligado a considerar las necesidades del conjunto de la población, a los inversionistas les interesa el tiempo de recuperación de lo invertido y el monto de la ganancia. Es obvio que la mayor responsabilidad recae en el gobierno, pues su trabajo es (o debería ser) administrar y gestionar en función del bien común. También es obvio que el gobierno de la ciudad no hizo nada para animar una verdadera deliberación al respecto. En palabras de Simón Levy, director general de la oficina gubernamental encargada del proyecto —y sobre quien pesan acusasiones de plagio académico— el corredor “va porque va”.

Así se vería el corredor comercial.
Así se vería el corredor comercial.

El problema de fondo no radica en la pertinencia del proyecto, sino en la forma en la que fue concebido, a espaldas de los ciudadanos, y también en la forma en la que el gobierno intentará mañana neutralizar la oposición de éstos: con una consulta que no tiene ni pies ni cabeza. Más allá de las sandeces que aparecen en el micrositio ad hoc del Instituto Electoral del Distrito Federal, se trata de un ejercicio carente de la más elemental coherencia política. ¿Por qué preguntar a quién se pregunta, los electores de la Delegación Cuauhtémoc? ¿Por qué no reducir la lógica y preguntar solamente a los de los distritos electorales dónde está el proyecto, o reducirla aún más y preguntar a los vecinos de la avenida Chapultepec entre Lieja y la glorieta de los Insurgentes? ¿O por qué no, en sentido contrario, ampliar la lógica y preguntar a los ciudadanos que se verán afectados por el proyecto? ¿Por qué no preguntar a todos los ciudadanos, no solo del Distrito Federal, sino de la zona metropolitana del valle de México?

¿Por qué preguntar, simplemente? ¿Cuándo nos preguntaron a los habitantes de esta ciudad respecto de las políticas generales de desarrollo y planeación urbana? La verdad es que, muy a su manera, nuestros políticos sí nos preguntaron: en las elecciones legislativas y locales del verano pasado y en las de jefe de gobierno de 2012. ¿Qué no se habló durante las campañas de políticas generales de planeación y desarrollo urbanos? ¡Lástima!, ya votamos, como si se hubiera hecho. Ya ganaron los que ganaron y cuentan con el mandato necesario para proyectar algo como esto.

Y llegamos aquí. La deliberación, el debate se dan tarde y mal. Por un lado, un ejecutivo local huidizo y tramposo; por el otro, una sociedad civil que se organiza como buenamente puede. Como si esto fuera un sociedad de antiguo régimen: los estamentos, los “estados” de la sociedad intentando ser escuchados por el omnímodo poder regio. ¿Y nuestro parlamento, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, compuesta por 66 diputados? ¿Y nuestras instituciones de representación e intermediación, los partidos políticos? Prácticamente nada. Los tímidos posicionamientos en contra de represenantes locales del PAN y de Morena se pierden en el barullo que hacen sus líderes nacionales por otros asuntos. En realidad, todo el mundo parece de acuerdo, o en todo caso no expresa su desacuerdo. ¿Qué opinan Ricardo Monreal ―jefe delegacional de Cuauhtémoc― y Andrés Manuel López Obrador al respecto? Su silencio estos últimos días ha sido más que elocuente.

La consulta pone en evidencia la disfunción de nuestras instituciones políticas. Como si votáramos para elegir un soberano absoluto, no un gobierno representativo, acotado sistemáticamente por la deliberación y la fiscalización de los ciudadanos. Tal vez sea que, en efecto, políticamente, vivamos en una sociedad de antiguo régimen, a pesar de nuestros sofisticados procedimientos electorales.

Es evidente que la consulta es una estratagema demagógica ―en el sentido literal del término― para legitimar un proyecto empresarial que beneficia a los inversionistas y perjudica a todos los demás. Los que nos oponemos a este proyecto echamos mano de lo que hay y, agarrados del clavo ardiente, hacemos campaña por el “no” como podemos. ¿Seremos capaces de derrotar a las maquinarias de los partidos políticos que ya se echaron andar? Mañana veremos.

Lo que tendríamos que hacer, en realidad, es revocar el mandato de nuestros legisladores, porque sencillamente no nos representan.

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