¿Para qué una Secretaría de Cultura?

por Daniela I. Cárdenas Ruíz *

El pasado 8 de septiembre se presentó ante el poder legislativo una iniciativa para la creación de una nueva Secretaría de Cultura, misma que fue firmada por Enrique Peña Nieto en su calidad de ejecutivo. En el documento –que puede ser consultado en línea– se abordan los principales puntos para reconfigurar el nuevo organismo que se encargaría de administrar y regular lo concerniente a la cultura en México. Esta propuesta se suma a la serie de reformas estructurales que se han efectuado bajo el mandato de Peña Nieto, y a pesar de que existe un debate al respecto, los medios de comunicación brindan poca información acerca del tema.

Una de las principales implicaciones de esta iniciativa es que la nueva Secretaría de Cultura absorbería lo que hoy conocemos como Conaculta, que de esta forma dejaría de ser una dependencia de la Secretaría de Educación Pública. Al respecto, la cuestión que ha sido señalada en contra refiere a que esta modificación supone la separación de la relación cultura-educación y con ello el posible cierre de una vía mediante la cual la cultura tiene una cierta difusión. En esta línea de discusión, también se apunta la vulnerabilidad en la que quedarían tanto el INAH como el INBAL, pues en la iniciativa se plantea que la nueva secretaría tendrá las facultades para intervenir en la creación de los planes de estudio de las carreras que son impartidas por ambas instituciones. Lo que no ha sido establecido es el enfoque que tendrá la educación impartida por el INAH y el INBAL, si sus estructuras internas serán respetadas y hasta qué punto las carreras se verán afectadas por los cambios que se plantean.

En lo concerniente a las “ventajas» que señalan quienes están a favor de la creación de la Secretaría de Cultura encontramos que dicha secretaría adquiriría una personalidad jurídica de la que el Conaculta carece y gracias a la cual se sitúa a la cultura como un aspecto de primer orden para el gobierno, quedando al mismo nivel que la hacienda o la educación, por ejemplo. Quienes sostienen este discurso argumentan que las cuestiones culturales dejarían de depender de la SEP y el organismo podría negociar directamente sus peticiones presupuestales. Lo anterior supondría una ventaja si no se tratase la iniciativa de un gobierno que no demuestra tener ni el más mínimo interés en el desarrollo y la difusión de la cultura en el país. Por el contrario, el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo ha continuado lo que es ya una larga tradición en México: la mala gestión y la falta de cuidados para con el patrimonio cultural que está en manos del estado.

En la iniciativa que Peña Nieto presentó al poder legislativo, propone la modernización de este sector argumentando en su discurso que:

Por toda esta fortaleza institucional que conjuga decenas de instituciones junto a museos, teatros, galerías, escuelas, centros culturales y un patrimonio de más de 200 mil vestigios arqueológicos y más de 140 mil monumentos históricos, México requiere de un organismo fortalecido e integrador del conjunto de instancias culturales federales, para multiplicar el amplio programa de acciones que permitan atender con oportunidad, eficacia y eficiencia la riqueza y diversidad cultural nacional.

Lo cierto es que, a pesar de los intentos por justificar la creación de la Secretaría de Cultura, existen quienes se han manifestado en contra. Tal es el caso de los trabajadores de las instituciones de cultura, quienes piden ser tomados en cuenta ya que —aunque se asegure que no sucederá— se trata de una decisión que podría comprometer su futuro laboral. Solicitan que el gobierno no imponga su voluntad de transformar al Conaculta y, por el contrario, realice una consulta a quienes trabajan ahí para que las decisiones sean democráticas.

Si bien hay muchos puntos en el aire con respecto a la manera en que operaría la nueva secretaría, dentro de las estrategias se plantea ya la reforma a varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, paralelamente, un enfoque que lleve a la comercialización de los “productos culturales”:

La cuarta estrategia, estímulo a la creación y al desarrollo cultural productivo, reconoce en toda su importancia a la cultura como sector económico. El gasto de los hogares mexicanos por adquirir bienes y servicios culturales, de acuerdo con el INEGI, es significativo: 3.8 por ciento. Existe un mercado que las industrias culturales deben aprovechar con producción diversa y de calidad, estrategias mercadotécnicas y políticas públicas favorables, de carácter intersectorial, que promuevan los contenidos de valor, la innovación y la calidad de exportación.

Por supuesto que este enfoque económico despierta la inconformidad de un considerable número de personas dedicadas a las humanidades y las artes. Aunado al desacuerdo, es necesario cuestionar la capacidad de las instituciones para llevar a cabo de manera exitosa un programa tan ambicioso que pretende administrar y regular todo lo concerniente a la cultura en México.

En efecto, desde su creación Conaculta ha dejado ver su insuficiencia para gestionar el patrimonio cultural. Al poco alcance que tiene se le suman los recortes presupuestales que sufre cada año, la incompetencia de quienes han estado a su cargo y la corrupción imperante que termina por beneficiar a unos pocos en detrimento del patrimonio que se supone está a su cargo. La modernización y las mejoras que se proponen para este sector no pueden llevarse a cabo con un recorte presupuestal como el que ya fue anunciado. Los problemas y las carencias que existen en la administración de la cultura difícilmente serán resueltas con la creación de una nueva Secretaría de Cultura si no se tiene bien definido un proyecto de esta magnitud.