por Bernardo Ibarrola *

Este domingo en Francia, varios millones de personas salieron a las calles para repudiar los homicidios cometidos por Saïd Kouachi, Cherif Kouachi y Amedy Coulibaly en tres episodios de sangre: la masacre en las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo el miércoles, el asesinato de una policía municipal en Montrouge el jueves, y el asesinato de cuatro rehenes en un supermercado de productos kosher el viernes. Un total de veinte muertos: 17 víctimas y los tres asesinos.

Desde México, llama la atención que la marcha haya sido (simbólicamente) encabezada por el presidente de Francia, y una gran cantidad de jefes de estado y de gobierno de otros países que quisieron acompañarlo. También llama la atención que en el maremágnum de opiniones y debates desatado desde el miércoles no haya habido ni siquiera algunas voces marginales que duden de los elementos centrales del episodio, como la identidad de los agresores, sus motivaciones, los horrores que cometieron y la forma en la que fueron muertos a manos de las fuerzas gubernamentales. Se discuten las causas, las estructuras, los procesos, las ideologías, los posicionamientos políticos y un montón de cosas más, pero no los hechos. El núcleo factual básico no es materia de discusión y esto supone un vínculo de confianza elemental —de forma casi incomprensible desde México— entre gobierno y gobernados.

Como muchos de sus vecinos, el gobierno francés, acotado por un equilibrio razonable de poderes (sobre todo el judicial) y vigilado por una robusta prensa autónoma, se ha visto obligado, con intensidad progresiva a lo largo de los últimos lustros, simplemente a decir la verdad, pues el costo de mentir en asuntos como éstos puede ser elevadísimo. Todos los ministerios del Interior de Europa occidental recuerdan sin duda lo ocurrido entre el 11 el 14 de marzo de 2004 en España cuando, tras los bombazos en el sistema de trenes suburbanos de Madrid (que dejó 192 personas muertas y casi dos mil heridos), el gobierno encabezado por José María Aznar afirmó desde el primer momento que se trataba de un golpe de ETA, versión que sostuvo, a pesar de la avalancha de evidencias que apuntaban hacia yihaidistas de la constelación de Al-Qaeda.

La decisión de Aznar de influir, tergiversar y ocultar tenía una evidentísima motivación política: las elecciones generales eran inminentes y un ataque de ETA podía fortalecer su posición política, mientras que uno de los fundamentalistas islámicos hacía patente la torpeza de su política exterior, enredada en un innecesario apoyo a la invasión estadounidense a Irak. Por eso en la noche de los bombazos Televisión Española programó Asesinato en febrero, documental sobre un bombazo de ETA, y en los siguientes días el gobierno siguió machacando a través de los medios con su “hipótesis privilegiada” sobre la culpabilidad de ETA.

Esta maniobra propagandística, digna de los tiempos de Franco, resultó contraproducente. Las pistas sobre los fundamentalistas islámicos se multiplicaron, el gobierno no fue capaz de contenerlas y la población (sobre todo la madrileña), al enterarse, salió a la calle, no sólo para expresar su solidaridad con las víctimas y su rechazo a los terroristas, sino su enojo con el gobierno, por mentir. Lo ocurrido entre el 12 y el 14 de marzo fue la peor se las situaciones posibles para el partido en el poder: la emoción colectiva encontró un cause (el reproche al gobierno) y una guía (la nueva dirigencia del PSOE, generacionalmente distinta a la de González y Guerra, encarnada por José Luís Rodríguez Zapatero). Frente a la sede del PP, y a pesar de las amenazas de la policía, la gente gritaba “Hoy protestamos, mañana os echamos”, lo que en efecto ocurrió: contradiciendo todos los sondeos previos, Zapatero se impuso al delfín de Aznar, Mariano Rajoy, en las elecciones generales del 14 de marzo.

En la manifestación frente a la sede del Partido Popular, Madrid, 13 de marzo, 2004. (Foto: Dani Gago, Diso Press.)
En la manifestación frente a la sede del Partido Popular, Madrid, 13 de marzo, 2004. (Foto: Dani Gago, Diso Press.)

Por contraste, diez años después, el gobierno francés maneja la crisis de forma radicalmente distinta. Hasta el hecho de reconocer sus propias pifias lo fortalece, en tanto consolida esta primera, elemental, relación de confianza con sus gobernados. Por eso no oculta que los hermanos Kouachi y Amedy Coulibaly tenían antecedentes judiciales, habían sido procesados por delitos relacionados con el terrorismo fundamentalista islámico y eran vigilados desde hacía meses. Por eso la policía de París no tiene empacho en reconocer que el dispositivo de seguridad para Charlie Hebdo y su jefe de redacción fue completamente rebasado por sólo dos personas y que, ante la capacidad de fuego de éstas, las dejó escapar en dos ocasiones la mañana del miércoles. Por eso el jefe de los servicios de inteligencia de Francia reconoce en televisión que no cuenta con los recursos necesarios para vigilar adecuadamente a los más de cinco mil sospechosos susceptibles de realizar acciones terroristas en el futuro. Porque todo eso pone a los gobernantes y a los gobernados del mismo lado, aunque sea en unos cuantos hechos.

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