Al rescate del gobierno

por Jorge Domínguez Luna *

En la cúspide de la crisis que vive la nación, la academia se ha situado en la vanguardia de los sectores sociales sumado a las manifestaciones que exigen la aparición de los 43 estudiantes. Pero no sólo eso. Estudiantes, profesores e incluso diversos sindicatos de universidades están convertidos en actores centrales de las protestas que se han llevado a cabo en los últimos meses en prácticamente todos los rincones del país; aunque la ocasión también ha servido para enarbolar causas propias sin que éstas opaquen las grandes consignas: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “fue el estado” y “fuera Peña”.

Con todo, la injerencia de la academia en la vida pública actual no se ha limitado a marchas, protestas y manifiestos, como lo demuestran los casos de Michoacán y Guerrero. En ambos lugares se recurrió a personajes ligados con la educación superior como paliativos para las crisis de gobernabilidad de ambos estados. En uno y otro caso, los gobernadores electos se vieron obligados a separarse del cargo a causa de las relaciones entre servidores públicos y grupos de narcotraficantes.

El caso michoacano se dio como consecuencia de los severos y razonables cuestionamientos respecto de la capacidad de Fausto Vallejo para mantenerse al frente del ejecutivo local (a causa de su estado de salud), pero la renuncia sólo pudo concretarse tras darse a conocer las relaciones del secretario de Gobierno, Jesús Reyna, y del propio hijo de Vallejo, Rodrigo, con el líder de los caballeros templarios. Como gobernador sustituto fue nombrado el ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, ligado con los grupos priistas del estado.

En Guerrero, Rogelio Ortega Martínez se desempeñaba como secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero antes de ser nombrado gobernador interino. El nuevo ejecutivo local está ligado al PRD e incluso desempeño un cargo público en la administración de Zeferino Torreblanca; su nombramiento, por tanto, respeta la regla no escrita de la política mediante la cual el partido gobernante puede presentar la propuesta para el sustituto del gobernador saliente —como también lo hizo el PRI en Michoacán.

Sin ignorar las simpatías o filiaciones políticas que existan entre funcionarios y docentes de instituciones de educación, resulta llamativo que se se haya utilizado la trayectoria académica de ambos gobernadores con objetivos meramente políticos. Inicialmente, es posible inferir que las clases políticas nacional y estatal consideran que los personajes que mayormente se han desempeñado en la academia como docentes o funcionarios proyectan una mejor imagen hacia la opinión pública que los políticos de carrera y, por lo tanto, son mejores candidatos para enfrentar una crisis aunque no necesariamente para resolverla. Es decir, el nombramiento de académicos al frente de los gobiernos estatales no implica necesariamente un cambio verdadero, en tanto las estructuras gubernamentales se mantienen prácticamente intactas. Así, las designaciones persiguen un efecto mediático antes que una solución de fondo.

En el pasado reciente, los casos mencionados no son los únicos donde se busca capitalizar la credibilidad que otorga la academia para contrarrestar el creciente descrédito de la clase política. Antes de las elecciones de 2012, diversos sectores de la sociedad mostraron entusiasmo ante la posible candidatura del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón De la Fuente; incluso hay quienes lo contemplan para el proceso electoral de 2018 como candidato de un partido de izquierda. (El prestigio de De la Fuente se forjó por su desempeño al frente de la máxima casa de estudios tras la huelga de 1999.)

Las aportaciones que la academia hace y puede hacer al ejercicio de gobierno son incuestionables. En la actualidad, éstas se limitan mayormente a asesorar a políticos o instituciones sobre temas específicos sin mayor participación que la parte técnica, y no son pocos los académicos que combinan la labor docente con la actividad política o gubernamental. Sin embargo, a pesar de los cargos que actualmente ocupan, los académicos permanecen en un segundo plano en la vida política y las contribuciones que pueden hacer dependen de la voluntad y los intereses de la clase política. Hasta ahora, las incursiones de la academia en la vida política se han limitado a actuaciones individuales, principalmente de altos funcionarios; ahora es necesario que la multitud que ha tomado los espacios públicos se haga presente, que las participaciones sean de carácter institucional o gremial.

En la coyuntura actual, la academia en su totalidad —docentes, alumnos y administrativos— tiene una oportunidad inmejorable para convertirse en un actor determinante en lo que está por venir. Su contribución no puede circunscribirse a los institutos de investigación o las aulas de clase. Ya está haciendo lo que pocas veces: movilizarse en conjunto. Ahora falta hacer lo de siempre: pensar, debatir, crear y plantear soluciones.