Esa revolución

por Wilphen Vázquez Ruiz *

Imposible no referirse hoy a la primera revolución social del siglo XX, misma que marcó el devenir de nuestro país durante las siguientes décadas y a partir de la cual desarrollaría un rostro “moderno” que le caracterizaría durante mucho tiempo. Más de algún desventurado —a mi parecer— ha puesto en duda que el conflicto que estalló el 20 de noviembre de 1910 pueda ser calificado como una “revolución”, al sostener que lo único que se logró, amén del desastre interno, fue la sustitución de las oligarquías porfiristas por las revolucionarias. Algo hay de cierto en ello; empero tal afirmación me parece del todo equivocada como lo muestran los resultados mismos del conflicto armado y social a partir del triunfo del proyecto constitucionalista que se refleja en la carta magna de 1917.

En lo personal, y a reserva de lo que los especialistas en el tema puedan añadir abre este comentario, considero que la revolución mexicana fue un movimiento sumamente heterogéneo debido a que los diferentes movimientos que participaron en el conflicto armado tenían características que provenían de circunstancias e historias locales en cada caso, situación que se unía a las limitantes que en aquel entonces presentaban los medios y vías de comunicación existentes; sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad me parecen indudables las afirmaciones de autores como Alan Knight, quienes señalan que la revolución fue un conflicto nacional con un carácter predominantemente popular y agrario.

Entre la extensa gama de protagonistas y corrientes que confluyeron en el conflicto armado y que se enfrentaron abiertamente una vez caído el gobierno de Francisco I. Madero y más tarde el de Victoriano Huerta, tres son los que representaron en mayor medida las reivindicaciones sociales y agrarias de los grandes conglomerados que se asentaban en el campo, así como las transformaciones políticas que eventualmente se presentarían estableciendo una clara distancia con los proyectos políticos de los liberales del siglo XIX (reflejados en la constitución de 1857). Las facciones a las que nos referimos, por supuesto, son el villismo, el zapatismo y el constitucionalismo, acaudillado inicialmente por Venustiano Carranza, el cual no sólo consiguió derrotar militarmente a sus enemigos sino incluso arrebatarles ciertas banderas en cuanto a las demandas y reivindicaciones agrarias que defendían, que a su vez fueron plasmadas en algunos de los artículos de la constitución de 1917.

Cabe señalar que el proyecto constitucionalista —no obstante el asesinato de Venustiano Carranza— fue más allá de las propuestas agrarias que manejaban sus rivales, dado que la carta magna que actualmente nos rige incorpora una serie de artículos referentes a los derechos individuales y sociales del ser humano, así como otros encaminados a asegurar la soberanía popular y la independencia de la nación, particularmente a través de la rectoría del estado sobre el desarrollo nacional, lo cual incluía el manejo de los recursos naturales particularmente el petróleo. Todo ello logró que éste fuera un documento realmente innovador para su época (dejaremos a un lado por ahora las centenares de modificaciones de las que ha sido objeto lo que en algunos puntos ha cambiado su sentido original).

Sin soslayar las perversiones a las que fue sujeto el proyecto original a partir de los intereses y ambiciones de diversos actores políticos de enorme relevancia —basta con hacer mención de los tratados de Bucareli, de lo cual hablaremos en otro momento—, el carácter nacionalista de la constitución de 1917 dio lugar a que, con la rectoría del estado en la búsqueda del desarrollo y bienestar nacional, surgieran una serie de instituciones con las que se pretendió lograr tan caros fines aunque no siempre, o pocas veces, con los resultados esperados. Un claro ejemplo está en el casi medio centenar de instituciones que durante el siglo XX fueron creadas por el estado a fin de impulsar toda índole de proyectos de desarrollo en lo agrario, diferentes tipos de industria e incluso en la exportación de dichos insumos y bienes de consumo. El espacio no nos permite extendernos demasiado en el tema, pero basta con recordar el triste fin que han tenido instituciones como Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, por mencionar sólo dos de ellas.

De igual forma, el carácter nacionalista de la constitución y demás reglas que de ella emanaron fue un factor determinante para que el sistema bancario estuviera “mexicanizado” en su mayor parte, hasta que el gobierno de Carlos Salinas que supo lidiar y finiquitar la torpe nacionalización de la banca que tuvo lugar durante el sexenio de José López Portillo. Es importante mencionar que quienes hacen una defensa aguerrida del modelo de sustitución de importaciones —que ciertamente logró tasas de crecimiento económico realmente notables— suelen olvidar que este modelo no podía mantenerse de manera permanente, de tal forma que lo que funcionó como una manera de proteger y alentar a una industria nacional incipiente, muy variada en sus producciones, terminó por asegurar un mercado interno a productos y productores, en los que el capital privado extranjero no siempre estuvo ausente, quienes ante la protección gubernamental se quedaron ampliamente rezagados en comparación con otros países. No es gratuito que a partir de la firma y puesta en práctica del tratado de libre comercio de América del Norte, la mayor parte de la planta industrial con la que contaba el país ha desaparecido y que buena parte de la que sobrevive se dedique a la mera maquila y ensamblaje de productos, pero no al desarrollo industrial en sí.

Como quiera que sea, no debe dejar de reconocerse que, en diferentes momentos, el estado tuvo el acierto de impulsar la creación de empresas otrora paradigmáticas del desarrollo nacional, llevar a cabo nacionalizaciones importantes, así como la fundación de una serie de instituciones que respondían a los planteamientos fijados por el artículo 123 constitucional. Por ejemplo, la Comisión Federal de electricidad y Petróleos Mexicanos (creados en 1937 y 1938 respectivamente), el Instituto Mexicano del Seguro Social (en 1943), así como la ley de pensiones civiles y de registro en 1925 —que con el tiempo derivaría en la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1960.

Como mencionamos antes, nuestra carta magna a la fecha ha sido modificada centenares de veces. Algunas de estas modificaciones, sumadas a los cambios en los estatutos del partido oficial y puntos convergentes con las dirigencias de los principales partidos de “oposición”, se han traducido en cambios tan radicales que muchos de quienes crecimos con cierta idea de nacionalismo —y ante una actitud de reflexión histórica y crítica que llevamos a la práctica— pensamos que si al estado le quedaban pocos asideros para provocar un cambio dirigido a un desarrollo que respondiera realmente a los intereses de la nación en su sentido más amplio, ahora no le queda prácticamente nada, quedando reducida a una instancia que media entre los que puede obtener de sus gobernados y los intereses a los que ahora está sujeto como nunca antes en nuestra historia reciente y contemporánea.

En su momento (1992), Lorenzo Meyer habló de lo que a su consideración era la segunda muerte de la revolución mexicana. Con todo lo que ha transcurrido de ese entonces a la fecha, ¿hemos asistido a sus exequias finales? Difícil saberlo. A título personal, como historiador egresado de la Universidad Nacional, mi postura es que el estado no puede ni debe renunciar a la propiedad, manejo y control de recursos y áreas que son prioritarias para, si no garantizar plenamente la independencia nacional en algunos rubros, sí asegurar recursos encaminados a lograr un desarrollo social, económico, científico-tecnológico y, por supuesto, cultural y humano que alcance a la mayor cantidad de individuos que sea posible —lo cual, claro, no se dirige a que la nuestra sea tratada como una economía cerrada, mucho menos ante el resultado que nos trajo la experiencia.

¿Qué es lo que nos queda? ¿Pugnar por una nueva constitución? ¿Sumarnos a renunciar al voto como una manera de elegir? ¿Terminar con los partidos políticos? ¿Seguir participando en una marcha tras otra, tras otra, tras otra…?

Como en otras ocasiones debo admitir que carezco de una respuesta que no suscite desencuentros probablemente ríspidos con quienes lleguen a leer estas líneas. A lo que sí me atrevo es a apelar de nueva cuenta a nuestro papel como historiadores y profesores de esta rama del conocimiento humano, para lo cual hago referencia a Benedetto Croce, quien en su Historia como hazaña de la libertad señala que todo conocimiento concreto no puede dejar de estar —como el juicio histórico—, ligado a la vida, a la acción. Que el pensamiento es tan activo como la acción y que su obra consiste en el planteamiento y la resolución de problemas. Que solamente el juicio histórico es capaz de liberar al espíritu de la opresión del pasado y que, a pesar de mantener su neutralidad, sólo él hace posible la formación de un proceso práctico que abre camino al desarrollo de la acción y con ello a las oposiciones entre las que ha de desarrollarse aquella del valor contra el desvalor.

Croce añade que, si bien la historia no es un idilio, tampoco significa una tragedia de horrores, y que todas las acciones, todos los personajes son “mediocres”, culpables-inocentes, mixtos de bien y mal, y que el pensamiento directivo es siempre el bien al que el mal termina por servir de estímulo; y que su obra —la libertad— siempre se esfuerza por establecer, y siempre lo logra, las condiciones sociales y políticas de una libertad más intensa. Éstas son las palabras del filósofo e historiador italiano. ¿Qué pensaremos y haremos a partir de ellas? Eso queda en nosotros, pero la acción es obligada, ineludible.