por Bernardo Ibarrola *

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La historia de Pemex y de su sindicato son una misma cosa, y la historia del México posrevolucionario y de Pemex están fatalmente entretejidas. El conflicto que llevó a la expropiación de marzo de 1938 se originó por el apoyo que los poderes federales prestaron a los trabajadores del sector en su enfrentamiento con los patrones. Petromex apareció en aquel año como resultado del acuerdo de los trabajadores petroleros y el gobierno para crear una empresa pública basada en la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y en el monopolio del estado para su explotación.

A partir de la década de 1940, el gobierno mexicano realizó su propia versión del estado de bienestar (creación y expansión de servicios masivos de salud, educación y pensiones de retiro) gracias a la segura y en continuo aumento “renta” que le entregaba Pemex, su piedra filosofal. A cambio del acuerdo perfecto con el gobierno, los trabajadores petroleros se convirtieron en el grupo privilegiado del proletariado nacional: una casta aparte, cuyas prestaciones superaban a las del resto de los trabajadores del estado, que tenían que conformarse con el ISSSTE y, por mucho, las que el IMSS podía ofrecer a los demás asalariados. Ser petrolero supuso desde entonces vivir en un mundo mejor, con hospitales, unidades habitacionales, tiendas, apoyos para educación, unidades deportivas y vacacionales propias; supuso también aceptar un sindicato vertical, esencialmente antidemocrático, arbitrario y autoritario.

Ser líder sindical petrolero ha supuesto desde entonces ser parte de la elite del poder de México: disponer de una gran poder político y social (como queda ilustrado en la extraordinaria novela Morir en el golfo) y de cantidades fabulosas del dinero generado por la empresa; codearse con secretarios de estado y grandes capitalistas y, últimamente, ostentar su poder y su riqueza de forma equiparable a los jeques árabes, dueños de los yacimientos más grandes del planeta. A cambio, esta esperpéntica dirigencia sindical ha mantenido a la industria petrolera en orden y subordinada al gobierno, y lo ha hecho muy bien. Durante los 75 años de existencia de Pemex, sólo en una ocasión hubo barruntos de conflicto: cuando el líder Joaquín Hernández Galicia regateó el respaldo de su sindicato al candidato oficial en la sucesión presidencial de 1988. A principios del siguiente año, las instalaciones petroleras fueron ocupadas por el ejército y La Quina fue arrestado. La ocupación militar fue muy breve, pero Hernández Galicia pasó ocho años en la cárcel.

2

Durante la década de 1980 en el mundo occidental se inició un proceso de desmantelamiento progresivo del estado de bienestar que se intensificó tras el final de la guerra fría. Privatización, apertura, desregulación, los principios programáticos de este desmantelamiento, se pusieron de moda en algunos círculos académicos e intelectuales y fueron aceptados —a veces a la fuerza, a veces de muy buen grado— por las elites de muchos países periféricos, entre ellos la de México.

Privatizar y abrir el sector energético es, pues, un objetivo de los dirigentes mexicanos desde hace varios lustros. Ya lograron lo más importante: la apertura. Cualquier empresa, además de la estatal, podrá participar en el sector energético. Lo que sigue, la privatización, está siendo discutido en este momento por los legisladores federales que elegimos hace dos años, entre ellos Carlos Romero Deschamps, actual líder del sindicato petrolero.

No se trata de privatizar Pemex, como se hizo a principios de la década de los noventa con Telmex sino, a la manera de Mexicana de Aviación, dejar libre el sector, provocar el colapso de la paraestatal y vender después lo que quede a precio de chatarra. Con este fin se ha seguido una misma lógica en los últimos sexenios: invertir lo menos posible en infraestructura, administrar muy mal (la incursión en el mercado energético español es la más patética evidencia de esto) y dejar crecer desmesuradamente sus deudas.

Liquidar empresas públicas en México no es tan complicado; lo verdaderamente difícil es contener a sus sindicatos. Y el más poderoso de éstos es precisamente el de los petroleros: o sea que sin la aquiescencia de sus trabajadores no hay reforma energética viable. Es evidente que a ningún inversionista le interesaría comprar una empresa con un sindicato como el que encabeza Romero Deschamps y que la apertura del sector es la sentencia de muerte para Pemex. Así que a los trabajadores sólo les queda negociar, desde ahora, su liquidación.

Dinosaurio. (Foto: Reforma.)
Dinosaurio. (Foto: Reforma.)

Es aquí donde el líder del sindicato petrolero es clave. Él negocia en nombre de sus agremiados y está listo, como el gobierno federal en su conjunto, para lo que le toca en el desmantelamiento de Pemex. Ahora acaba de “lograr” que el pasivo que suponen los pagos mensuales de sus casi cien mil jubilados y pensionados sea asumido por la Secretaría de Hacienda y no por el flamante Fondo Mexicano del Petróleo, con lo que las futuras empresas privadas del sector quedaron liberadas, desde ya, de este descomunal gasto que, en cambio, se asigna al conjunto del gobierno federal. Pero Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, precisó: esto ocurrirá “siempre y cuando la empresa y sus trabajadores alcancen un acuerdo para reformar el régimen de pensiones en un lapso no mayor a un año”. Es seguro que el señor Romero Deschamps negociará del mismo modo, llegado el momento, las liquidaciones para los más de 150 mil empleados con los que cuenta actualmente la paraestatal.

Así se trama la desaparición del sindicato de petroleros. Su cúpula se acomodará —de eso no hay la menor duda— en los consejos de administración de las empresas por venir y fundará, acaso, boyantes empresas de outsourcing que ofrecerán a las petroleras privadas todo los recursos humanos que necesite, a bajos costos y sin compromiso a futuro. Los trabajadores, por su parte, tendrán que conformarse con lo que les toque: los más rapaces deben estar buscando inmiscuirse en el restringidísimo grupo de ganones; la mayoría sufrirá en silencio y recordará con nostalgia la época dorada del sindicato.

Acaso muchos petroleros quisieran que las cosas ocurran de otro modo: cesar a toda su dirigencia, nombrar una nueva y estallar una huelga hasta que se abrogue la reforma energética; es decir, defender realmente sus derechos gremiales. Este camino, remoto y casi ilusorio, no encuentra resonancia el pasado —a pesar de la gesta expropiatoria de 1938—, pues los petroleros hicieron su gran empresa y su enorme sindicato con el apoyo del gobierno, no en contra de éste. El sindicato desaparece, con él su empresa y, de una forma que todavía no podemos vislumbrar, el México posrevolucionario. Un sindicato de petroleros independiente y combativo sería, en todo caso, una cosa nueva, germen del futuro y no producto del pasado. Pero ahí está don Carlos Romero Deschamps para impedir que aparezca.

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