De presidencia a Filosofía y Letras

por Aurora Vázquez Flores *

Con el regreso del PRI al poder ejecutivo en nuestro país hemos observado cómo ése que ahora se plantea como un partido con formas e ideas renovadas funciona, más bien, siguiendo la vieja tradición centralista y autoritaria con la que gobernó una buena parte del siglo XX mexicano. El modus operandi era más o menos conocido por todas; una relación corporativista con las organizaciones de masas en sectores como el obrero o el campesino, y tolerancia y estímulos con una esfera de intelectuales ligadas al régimen, en conjunción con la aceptación de una serie de demandas que se planteaban como democráticas.

Así, por ejemplo; el derecho de la mujer al voto, la legalización de partidos de la izquierda radical, el incremento de derechos laborales, y hasta la recepción de exiliadas y perseguidas políticas de otros países se dieron gracias a la compleja dinámica entre la voluntad gubernamental de presentarse como un régimen plenamente democrático y las luchas del movimiento social mexicano. Este tipo de concesiones sirvieron al régimen priista como una buena propaganda de su supuesta labor por encontrar mecanismos de comunicación y participación propios de un régimen democrático, mientras se imponía con dureza y arbitrariedad en aquellos asuntos que consideraba como innegociables: movilizaciones populares o armadas que señalaban el autoritarismo del régimen y se planteaban su transformación fueron abatidas a base de palo y persecución, en 1968 con los estudiantes, en los años setenta y ochenta con la guerrilla y en 1994 con el levantamiento zapatista.

Ahora, el gobierno federal implementó, en su primera semana de funcionamiento el Pacto por México, con la idea de comprometer “al gobierno y a las principales fuerzas políticas dispuestas a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas” —cuyas declaraciones pueden verse aquí—. Este pacto significa el disciplinamiento de aquellos sectores que en algún momento se plantearon como opositores, para convertirse en una esfera que, siendo hegemónica, cumpla con el papel histórico de simular actitudes democráticas como la discusión, la inclusión y la amplia participación. Mientras, aquellas que establecen una crítica frontal al carácter neoliberal de estas reformas, y que intentan combatirlas, son víctimas de la represión y la criminalización.

Un elemento novedoso —no por su reciente invención, sino por haberse configurado, ahora, como hegemónico— es el de la relación entre los gobiernos federal y capitalino, pues éste último, a pesar de reclamarse como “progresista” y de tradición política de izquierda, actúa siguiendo la línea marcada por el ejecutivo. El desalojo del magisterio del Zócalo, los operativos policiacos de las manifestaciones del primero de diciembre, el 10 de junio y el 2 de octubre pasados, muestran cómo la política del GDF se ha tornado a criminalizar —mediante el uso de infiltradas y los oscuros señalamientos a las “anarquistas”— y a reprimir. Todas hemos visto las fotografías de detenciones arbitrarias, uso de gas lacrimógeno y balas de goma de parte de los policías.

Aún peor: esta política es adoptada hasta por autoridades universitarias. Y para muestra, un botón: lo ocurrido la semana pasada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando estudiantes decidieron que, ante la trascendencia de las discusiones nacionales, realizarían una jornada de estudio de 24 horas. Bajo la consigna de “más estudio, más acción”, dedicarían 24 horas consecutivas al estudio, la reflexión sobre la realidad nacional y la discusión. Así, estudiantes y profesoras planearon más de 35 actividades entre foros, mesas redondas, plenarias, conciertos y sesiones de discusión.

Los problemas surgieron ante la idea de que la facultad permaneciese abierta 24 horas, a lo cual las autoridades se negaron rotundamente. Éstas, por un lado, dicen buscar el fomento de la reflexión y el diálogo democrático entre las estudiantes y, por otro lado, se niegan a participar en las actividades y generan un ambiente de suspicacia y estigmatización, refiriéndose públicamente a una “autodenominada asamblea” compuesta por “supuestos estudiantes” —al tiempo que advierten, en privado, de su intención de imponer sanciones contra quienes intenten realizar las actividades con las cuales la dirección no está de acuerdo—. El episodio terminó de manera desafortunada, pues ante el doble discurso y la cerrazón de las autoridades universitarias, los estudiantes decidieron —a pesar del éxito obtenido durante la jornada del primer día— suspender el resto de las actividades y esperar mejores condiciones para la realización de un nuevo encuentro político-académico.

Este tipo de políticas están muy lejos de fomentar la participación ciudadana, la discusión democrática o la construcción colectiva de soluciones a los problemas sociales. Lo que buscan es mantener un cierto estado de cosas mientras construyen una fachada con discursos y prebendas. Éste es el regreso del PRI.