por Luis Fernando Granados *

El discurso inaugural de un encuentro académico, por más grande y significativo que éste sea, suele ser una de esas ocasiones que nadie, ni siquiera las amigas de quien inaugura, aguarda con entusiasmo. Sabemos que se dirán banalidades sobre el asunto que ha servido de pretexto para la reunión, que se prodigarán agradecimientos antes institucionales que personales, que se hará tanto tiempo como sea necesario para que invitar al brindis de rigor no parezca una invitación a la decadencia. A la mañana siguiente las palabras oficiales se habrán desvanecido por completo. Entonces comenzaremos a practicar esa forma refinada del masoquismo que es escuchar una ponencia tras otra, tras otra, tras otra —apenas sin discusión, sonriéndole a todo el mundo— hasta que llegue por fin la hora de la cena y el chisme.

Juan Ortiz Escamilla acaba de cambiar las reglas de este juego autocomplaciente. Con toda formalidad, echando mano de su condición de experto en el conflicto que algunos todavía llaman guerra de independencia, decidió explicar en público por qué el congreso “La insurgencia mexicana y la constitución de Apatzingán, 1808-1824” no se realizó en Morelia, como estaba previsto, sino en la ciudad de México (en el Instituto de Investigaciones Históricas, para más señas). El resultado no pudo ser más estremecedor.

“Técnica y jurídicamente hablando, Michoacán padece los estragos de […] una guerra civil.” Así comenzó el autor de Guerra y gobierno: Los pueblos y la independencia de México (Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 1997) lo que, contra lo que hubiera podido suponerse, no era una evocación lírica, redactada en presente histórico, del contexto que rodeó a la proclamación de la ley suprema del país que los compañeros de José María Morelos intentaron construir a mediados de la década de 1810. Era más bien una descripción crítica, dolida y descarnada de lo que ha venido ocurriendo en Michoacán desde hace casi una década: el colapso del estado, la connivencia del gobierno con el crimen organizado, la indefensión de las comunidades, la corrosión del tejido social, la violencia indiscriminada —la violencia sobre todo.

En Michoacán se están violando tratados, convenciones y protocolos internacionales firmados por el gobierno mexicano. […] La corrupción ha socavado profundamente las estructuras de buen gobierno, el estado de derecho, el tejido social y ha paralizado la economía. En Michoacán domina la expropiación ilegal de bienes, el asesinato de inocentes, la producción y trasiego de drogas promovidas por una delincuencia internacional y la violencia extrema. En Michoacán no existe un programa efectivo en la lucha contra la delincuencia (en especial la juvenil) y la prevención del delito, la asistencia a las víctimas que han perdido personas cercanas. Son muchas las viudas, menores de edad y ancianos sin apoyo económico y moral para salir adelante.

De ahí su conclusión: en Michoacán hacen falta las fuerzas internacionales de la ONU.

Fuerzas internacionales para estados fallidos
Fuerzas internacionales para estados fallidos

Osbaldo Esquivel Lucatero se llamaba una de las víctimas de esa violencia. Al momento de su muerte, Esquivel Lucatero era diputado local y el enlace del congreso michoacano con quienes organizaban el congreso inaugurado ayer por Ortiz Escamilla. Su asesinato hizo evidente que el coloquio no podía llevarse a cabo en Morelia.

Lo que asombra —y, francamente, admira— de su discurso es que, en lugar de contentarse con “lamentar” las circunstancias que forzaron al traslado de la reunión, Ortiz Escamilla decidiera ejercer su profesión hacia el presente y convirtiera un acto académico enteramente convencional, y por ello un tanto insípido, en un espacio para la reflexión política y social desde la historia; esto es, con conocimiento de causa, atención a los patrones de conducta colectivos y una perspectiva de larga duración —que seguramente le viene de haber estudiado alguna vez a Gordiano Guzmán, el célebre insurgente y federalista de la tierra caliente michoacana.

Al asumir explícitamente el momento histórico en el que está ocurriendo el bicentenario del congreso insurgente, Ortiz Escamilla consiguió también modificar los términos en que la disciplina de la historia, aparentemente tan distante de las insignificancias del presente, puede pensar un suceso en apariencia alejado de las michoacanas de hoy y, sobre todo, de las investigadoras convocados a la reunión de marras. Es seguro que el fantasma del presente se paseará a sus anchas en las mesas de discusión de los próximos días: la magnitud de la crisis contemporánea deberá influir al menos un poco en la manera en que las historiadoras piensan el momento estelar del cura de Carácuaro.

Digamos por último que, aunque no parece que su propósito fuera hacer apología de las policías comunitarias —que a fin de cuentas multiplican las fuentes de coerción que experimenta una sociedad, algo que se supone el estado moderno no debe permitir—, el j’accuse de Ortiz Escamilla contiene también una suerte de argumento historiográfico que es también un presagio: la violencia popular es a veces la única manera de contener la violencia que viene desde arriba.

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