por Bernardo Ibarrola *

El derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende a manos de las fuerzas armadas chilenas se ha colocado realmente por primera vez, a cuarenta años de ocurrido, en el centro de los debates políticos actuales de Chile.

Desde que Augusto Pinochet dejó el poder ejecutivo en 1990 se han sucedido cinco gobiernos. Pero a diferencia de los de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet —sostenidos en una coalición amplia de partidos cuyo principal objetivo común era el fin de la dictadura y la vuelta a los procedimientos democráticos—, el de Sebastián Piñera se ha pretendido como el primero de la normalización democrática; el primero de la postransición: la secular y sólida derecha chilena que vuelve, se organiza en partidos, postula un candidato y reconquista La Moneda.

"Estragos en La Moneda [1973]"  (Foto: santiagonostalgico)
“Estragos en La Moneda [1973]” (Foto: santiagonostalgico)
Al igual que la Concertación que gobernó entre 1990 y 2010, Piñera (cuyo mandato concluye a principios del próximo año) llegó respaldado por una coalición de partidos marcada esencialmente por la experiencia dictatorial. Creados con la bendición del general Pinochet en un ambiente político excepcionalmente favorable —los partidos “viejos” seguían prohibidos y no quedaba claro hasta dónde iban a ser permitidas las nuevas iniciativas de oposición—, Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN, el partido de Piñera) fueron los instrumentos políticos del régimen militar a favor del “sí” en el plebiscito de 1988, que además perdieron.

Durante las dos décadas que estuvo en la oposición formal, la “nueva” derecha chilena maniobró ideológicamente con cierta comodidad. Autora del entramado institucional que permitió a los personeros de la dictadura mantener importantes cuotas de poder hasta bien entrado el siglo XXI —la comandancia del ejército en manos de Pinochet hasta 1998, el Consejo de Seguridad Nacional y una importante bancada de senadores designados corporativamente con facultades reales de vigilancia y veto sobre el ejecutivo hasta 2005—, esa derecha gozaba de una influencia mayor a su presencia electoral. Al mismo tiempo, sin embargo, podía desmarcarse del pasado inmediato de la dictadura según le conviniera.

Luego de fracasar con dos candidatos falsamente carismáticos —Hernán Büchi, antiguo ministro de Hacienda de la dictadura y Joaquín Lavín, ex alcalde de la comuna más rica de la zona metropolitana de Santiago—, Sebastián Piñera (uno de los empresarios más adinerados del país), condujo a la derecha a su primera victoria electoral en más de medio siglo. Con todo, como presidente no ha podido resolver el predicamento impuesto a la derecha por la dictadura pinochetista: si se deslinda demasiado de ésta, además de perder sus apoyos más importantes, se vería obligado a renegar de tres cuartas partes de su propia biografía; si se asume como lo que es —la heredera directa del régimen militar— es muy probable que esto suponga su derrota en la elección presidencial de este año.

Así, Piñera salió al paso del 40 aniversario del bombardeo de La Moneda rechazando las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura —su acto fundador—, pero al mismo tiempo aceptando y legitimando —o por lo menos comprendiendo y explicando— sus razones y sus logros. Descabellada propuesta interpretativa que se apoya en un cálculo equivocado del significado que el pasado (ese pasado en particular) tiene en Chile, como veremos mañana.

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