Corrupción a la carta

por Marco Ornelas *

Dos mediciones independientes de la percepción ciudadana sobre la corrupción en el sector público, colocan a México como el país más corrupto de América Latina —la de Transparencia Internacional (aquí)  y la elaborada por la consultora Ernst & Young (aquí)—. La firma consultora considera que el problema se agrava porque la corrupción es considerada como algo normal en el medio empresarial. La pregunta obligada es si el sector público de la educación superior es ajeno a lo que experimentan los empresarios. Echemos un vistazo a las prácticas de la educación superior que trivializan la corrupción en universidades y centros de investigación:

Si bien entre los objetivos iniciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estaba compensar por los bajos sueldos de investigadores universitarios (véase aquí la nota de Luis Fernando Granados), actualmente el sueldo de profesores-investigadores queda integrado en un alto porcentaje —entre un 30 y hasta en cerca del 50 por ciento— por un “incentivo” otorgado por el Sistema Nacional de Investigadores, compitiendo ventajosamente con los sueldos “base” y con las políticas establecidas en universidades y centros de investigación. Uno termina sospechando que con el SNI ocurre lo que sucede con los diputados y senadores de mayoría: ¿no se supone que el sueldo base retribuya el trabajo contratado?, ¿entonces por qué insistir en un incentivo de ese tamaño si no es con fines de control político?.

Por otro lado, las universidades y centros de investigación quedan inevitablemente subordinados a los criterios de “calidad” del Conacyt, que terminan siendo meramente numéricos en el mejor de los casos si no es que abiertamente extra-académicos (políticos, personales o de otro tipo). Por ejemplo, hoy día las convocatorias de nuevas plazas de tiempo completo establecen sin excepción, como condición absoluta para obtenerlas, pertenecer o poder pertenecer al SNI en el corto plazo, sin considerar la trayectoria académica del solicitante (una carrera académica al margen del SNI es prácticamente inconcebible). Incluso algunas instituciones educativas exigen que los formatos para la presentación de currículos de solicitantes sigan el modelo impuesto por Conacyt, ejemplo emblemático de galimatías. ¿No están los cuerpos docentes y de investigación suficientemente capacitados para evaluar a los candidatos y para establecer, si así lo deciden, formatos curriculares?

Las solicitudes para acceder a los recursos, por ejemplo las becas mixtas del Conacyt, deben ser presentadas no por los estudiantes de posgrado en lo individual, sino a través de “enlaces” institucionales designados ex profeso. ¿Acaso los solicitantes son retrasados mentales, incapaces de promoverse y de integrar un expediente de solicitud?, ¿no son ellos los más interesados en integrar y promover su solicitud de apoyo?

Consistentemente, el Conacyt hace uso de criterios extra-académicos para evaluar las solicitudes de recursos (de nuevo, el ejemplo son las becas mixtas). Estos criterios son “internos” y no están especificados en los términos de las convocatorias respectivas, de manera que queda en manos de un “revisor”, no se diga ya evaluar académicamente el expediente —a estas alturas la evaluación que menos interesa es la académica—, sino sencillamente decidir si le da entrada, si es considerado para revisión. ¿Qué mejor ejemplo de tiranía institucional que éste?

El Conacyt “evalúa” los programas de posgrado que ofrecen universidades y centros de investigación del país y, dependiendo de los “resultados”, asigna recursos; por ejemplo, garantizando becas a los alumnos de nuevo ingreso de estos programas. Esta manera extremadamente centralizada de operación deja en una indefensión total a los estudiantes, pues en el caso de conflictos, los “enlaces” institucionales actúan como empleados del Conacyt —no vayan a caer fuera de su gracia— y no como promotores de los intereses de la institución para la que trabajan. No se diga que la formación de comités de evaluación con académicos “invitados” subsana la situación, pues en muchas ocasiones los expedientes ni siquiera llegan a los comités evaluadores; tan sólo se incluye a los académicos participantes en el redil. Esto tiene un nombre: conflicto de interés.  Políticamente se traduce en el control del Conacyt sobre las universidades y centros de investigación que todavía no son centros SEP-Conacyt.

Frente a la cuestionada transparencia de estas prácticas no queda sino poner en duda aquello de que “queda prohibido el uso partidista de programas públicos”, sin importar cuál sea el partido gobernante. Para acabarla de amolar, Transparencia Internacional advierte que, en el caso de México, los tribunales de justicia son percibidos por 80 por ciento de quienes respondieron a la encuesta como muy corruptos, de manera que una inconformidad por la vía de los tribunales —no se piense a través de la Secretaría de la Función Pública— tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Establezcamos más bien, como hipótesis de trabajo, que el Conacyt es una máquina de hacer política en favor de burocracias oportunistas, que no en favor de la ciencia y la tecnología del país. Un ejemplo más de la simulación que alimenta el mar de corrupción con que nos topamos cotidianamente.

La pregunta de interés socio-histórico obligada es ¿cómo entender que una corrupción tan extendida sea trivializada al grado de volverse un fenómeno esperado, una expectativa válida en toda la extensión de la palabra? ¿Tiene esta corrupción algo que ver, en países periféricos, con la función de extracción de rentas extraordinarias, monopólicas? ¿Qué puede hacerse para evitar la corrupción en el sector público de educación superior que no sea otra secretaría anticorrupción dependiente del poder ejecutivo?