Mujeres detrás de los números

por Aracely Cortés Galán *

El estado está obligado a explicar cómo y por qué administra los recursos de determinada manera, cuál es el criterio que sigue para llevar a cabo planes y programas cuyo fin es cubrir las demandas de los ciudadanos. En México esas explicaciones están limitadas —y no por error— a números, cifras y estadísticas. Sobre índices educativos, de salud, económicos, todo se presenta como porcentaje de algo, todo se reduce a dígitos incomprensibles y siempre dudosos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, y lo que va de éste, hubo un tema de suma importancia: los feminicidios que se han dado en todo el país. Aunque las autoridades pretendan resolver con porcentajes y creando fiscalías, la realidad es que vivimos como país, como sociedad, es de una cotidianidad vergonzosa.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres ha realizado estudios nacionales y regionales teorizando sobre qué es la violencia, en particular hacia las mujeres. Retomó los registros que hay en las diferentes entidades de la república sobre el número de muertes y el aumento de casos de este crimen. Pero no propone una solución ni plantea qué hacer para revertir la violencia. (Los estudios pueden verse aquí.)

El delito de feminicidio se ha tipificado en 19 estados y, pese a ello, el número reportado por las procuradurías es cada vez mayor. Es evidente que lo único que se ha hecho sobre este grave problema es demagogia. No hay ni por asomo un programa de seguridad para la población, y en particular para los grupos vulnerables.

El trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales cumple con la función que el estado no sabe y no quiere hacer. Diversas agrupaciones han encaminado su esfuerzo a sistematizar la información más allá de lo numérico. Se hacen campañas informativas, acciones urgentes, se trabaja en materia legal formulando iniciativas que se llevan al congreso, se participa directamente y de manera permanente con los familiares de las mujeres desaparecidas y asesinadas.

En la parte que están de acuerdo tanto las ONG como las autoridades es que la impunidad es el aliciente para cometer éste y cualquier otro tipo de delito. Sobre las miles de mujeres asesinadas —asesinatos reconocidos como crímenes de odio, sin contar la llamada guerra contra el narcotráfico—, la justicia ha sido poco efectiva: en el gobierno de Calderón sólo el 8 por ciento de los responsables tuvo una sentencia. (Aquí algunos datos.) Por lo tanto, la tipificación del delito no es algo que consiga frenar la violencia, las desapariciones y los asesinatos de mujeres.

Para documentar la corrupción e ineficiencia de jueces, fiscalías, procuradurías, políticos y gobernantes en general hay decenas de casos. Uno de los más emblemáticos es el asesinato de  Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 16 de diciembre de 2010. Marisela era una mujer de 52 años que luchaba por esclarecer la muerte de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en 2008. Los jueces tenían al asesino confeso, Sergio Barraza Bocanegra, y aun así le dieron la libertad, argumentando que no había solidez en el expediente y, por lo tanto, que no podía ser sujeto a sentencia. Tras el asesinato de Marisela Escobedo ocurrió la remoción los jueces que liberaron Barraza —a quien se le giró una orden de aprehensión, fue localizado en Zacatecas y abatido por miembros del ejército.

Este caso, presentado de manera muy breve, es un ejemplo que nos permite ver que cada hombre, mujer, niño o anciano asesinado es un caso particular, que hay una historia legal, civil y humana que no debe perderse de vista.

Para el gobierno, un muerto es un dígito que modifica las estadísticas. El estado mexicano no es capaz de controlar la guerra que él mismo ha provocado. La respuesta para revertir esta situación tiene que provenir de los ciudadanos, y una forma de empezar es hacer el registro de los casos y plantear la de autodefensa y autoorganización.