por Gerardo López Luna *

El “acto del habla” —como dicen los estudiosos del lenguaje— necesita básicamente de dos actores: 1) sonidos o señas y 2) una igualdad cultural o la existencia de alguien que permita entenderlos y articularlos para hacer un discurso. Sólo de esa manera puede establecerse un diálogo. De otro modo no habrá comunicación y, en resumidas cuentas, acuerdos que hagan posible el conocimiento del “otro”.

En las invasiones del siglo XVI, fue obligatorio que los llamados conquistadores llevaran consigo un documento legal llamado requerimiento. Éste fue creado en 1513 a raíz de las protestas de los dominicos, quienes al ver los maltratos, vejaciones y despojos a los que eran sujetos los pobladores originarios de La Española, exigieron se otorgara una “igualdad” jurídica para aquella humanidad pagana.

El requerimiento era un exhorto que debía ser leído en voz alta por los conquistadores y dado a conocer a los pobladores originarios por medio de un traductor —lo cual prácticamente no ocurría; quizá ni la lectura—. El documento obligaba a los invasores a evitar la guerra y respetar las costumbres, las posesiones y la libertad de los “naturales”, siempre y cuando se aceptara el sometimiento al “dios verdadero”, a su representante el papa y a los católicos reyes que tenían “derechoa” sobre las tierras descubiertas. En caso de no hacerlo pacíficamente perderían todo.

La policía brasileña en Belo Monte.
La policía brasileña en Belo Monte.

Parece que esta circunstancia no es más que un testimonio de rancia alacena, pero lamentablemente no lo es. Con base en el progreso y el bien común, desde 1975 los distintos gobiernos brasileños —desde el militar de Ernesto Geisel hasta el civil de Lula da Silva— han intentado lo que acaba de conseguir el gobierno de Dilma Rouseff: la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte.

Belo Monte iniciará la generación de uno 11 000 MW en 2015, lo que beneficiará a un estimado de 26 millones de personas con un perfil de consumo alto, similar a los que vivimos en las grandes ciudades. El costo de un beneficio tan grande es el desplazamiento de 20 mil personas y la inundación de 600 km2 de bosque, tierras, tradiciones y dioses viejos. Una vez más fue necesario comunicar la “verdad jurídica” para imponer una razón de vida sobre otra. (Para más información véase el sitio del Movimento Xingu Vivo.)

Quienes habitan esa región son al menos 62 pueblos indígenas conocidos como yudja, que viven en las riberas del río Xingu: entre otros bacajâ, mrotidjam, kararaô, terra-wanga, tucamâ, kapoto, moikarako, aykre, kiketrum, potikro, tukai, mentutire y munduruku, así como una aldea de la cual no se tenía contacto hasta al año 2012.

Al margen de los problemas ecológicos que muchos han denunciado, es interesante el parangón con los hechos de los años 1500. Ahora el requerimiento quizá lleva más tiempo al efectuarse, pero los actores son los mismos y el sentido de “progreso” también. En el caso brasileño, más de tres décadas de pleitos legales dieron el triunfo al “dios verdadero” del bien común sobre pobladores originarios que en sus comunicados manifestaban su memoria de conquistas y desplazamientos desde la llegada de los portugueses al mundo que habitan.

El gobierno brasileño —el representante de ese dios— dice que realizó las consultas necesarias y ofreció por medio de un traductor (porque casi nadie de ellos habla portugués, y mucho menos sabe de leyes y procesos) la reubicación de los pueblos y aldeas en actuales “ciudades de indios” con la promesa de crear miles empleos. Por su parte, las empresas de sociedad anónima (así sean paraestatales) que usufructúan los beneficios exigieron el uso de la fuerza pública para desalojar a los insensatos que se oponían y protestaban.

Gracias a los “requerimientos” del siglo XXI, personas como nosotros podemos leer, escribir y publicar. Necesitamos energía eléctrica y soportes que la utilicen para exponer nuestras críticas y denunciar hechos de barbarie que invadan territorios, despojando a sus habitantes por nuestra necesidad.

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