Lo que enseñan los maestros

por Fidel B. Alfaro

Cuando, a finales de los años setenta el FMI y el Banco Mundial comenzaron a “sugerir” que las naciones de América Latina implementaran “ajustes” a sus políticas económicas y de desarrollo, la región comenzó a transitar hacia lo que ahora son modelos económicos neoliberales plenamente establecidos.

Chile fue uno de los primeros países en establecer plenamente y con toda fuerza esas medidas. Cuando el golpe de estado de 1973 derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende, y Augusto Pinochet usurpó la presidencia de ese país, los Chicago boys diseñaron y después aplicaron un modelo neoliberal radical. Aunque la economía de Chile creció a pasos acelerados, lo cierto es que esto estuvo combinado con una inequitativa distribución del ingreso.

Una de las áreas que entonces fue objeto de ajustes, y que ahora está cosechando consecuencias —por cierto no eficientes, como se prometió—, fue la educación.  La educación pública pasó a ser sólo un competidor más en el mercado de la oferta educativa, y en condiciones sin un marco regulatorio adecuado. Cualquiera que tuviese los recursos para hacerlo podía establecer un centro educativo sin mayor problema u objeción. El argumento era que esto generaría una rápida mejora en la calidad y cobertura educativas —debido a la competencia que entre unos ofertantes y otros se produciría.

A unas décadas de distancia, los datos no dejan mentir: existe una multitud de escuelas sin regulación de ningún tipo que ofrecen educación a precios tan altos que endeudan a las familias de por vida. En la mayoría de los casos, esta educación resulta ser un “producto” de muy deficiente calidad. Muchos de los jóvenes que la “consumen” tienen muy limitadas posibilidades de ingresar al campo laboral una vez terminados sus estudios. El agravante es que llegan a ese momento con una enorme deuda que pagar, y sin un empleo que se los permita.

Este ejemplo de lo que las medidas privatizadoras y de ajuste económico pueden hacerle a la educación pública en los países en vías de desarrollo obliga a levantar la voz para dar un fuerte “gracias” a los maestros mexicanos que con su resistencia han contenido el avance de esas medidas privatizadoras en México.

La constitución mexicana estableció desde 1917 a la educación pública como un derecho de todo mexicano. Es por eso que durante la primera mitad del siglo XX, el estado mexicano se asumió como el responsable de proporcionar educación a la población, e hizo importantes esfuerzos al respecto.

Sin embargo, con la aparición en el escenario mundial del nuevo modelo económico, en el que todo es una competencia, y en donde todo se mide por la ganancia económica que puede generar, el estado mexicano ha comenzado a desembarazarse de su deber de proporcionar educación pública a la población nacional. En diferentes momentos ha tratado de condicionar los recursos a las escuelas públicas —a las que tiene obligación de sostener— por los resultados de evaluaciones encaminadas a ir recortando personal, y por lo tanto presupuesto a la educación pública.

El movimiento magisterial en México ha estado siempre a la vanguardia de la defensa de la educación pública, exigiendo al estado el cumplimiento de sus obligaciones. La historia de los movimientos magisteriales —desde que en 1979 apareció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación— ha estado relacionada con la demanda de, por ejemplo, la asignación adecuada de recursos a las escuelas, la defensa de las escuelas normales rurales, la calidad de los programas de estudio y en contra de las medidas de recorte presupuestal o asignación sesgada de recursos.

Históricamente, los maestros en México han sido líderes sociales, ejes del avance de las comunidades rurales y defensores del sentido de la educación como un mecanismo para promover la participación social y la construcción de la democracia. Por ese papel, el estado mexicano se ha distanciado cada vez más del magisterio, criminalizando sus luchas sociales, y exponiendo deficiencias de su propio desempeño como deficiencias de los maestros mismos.

La cada vez menor asignación de recursos a la educación pública parece buscar su colapso, a fin de que el capital privado pueda “rescatar” a la educación, y hacer de ésta un negocio millonario que produzca el “capital humano” que siga haciendo funcionar el sistema. Los resultados podemos leerlos en el pasado de países de la región, como el de Chile.

Por su lucha incansable y constante, deberíamos agradecer a los maestros en su día, porque en México aún podemos hablar de la existencia de una educación pública, que todos, como ellos, deberíamos defender.