por Halina Gutiérrez Mariscal *

Foreign Policy, que cada año publica una lista de “estados fallidos”, describe a estas entelequias como aquéllas en los que el gobierno: no posee control efectivo de su territorio, no es percibido como legítimo por una porción significativa de su población, no proporciona seguridad doméstica o servicios públicos básicos para sus ciudadanos, y carece del monopolio del uso de la fuerza.

Así las cosas, cuando uno pone de un lado esta lista y del otro va enumerando las condiciones de México en cada uno de estos rubros, es necesario admitir que nuestro país debe contarse en el grupo de los estados fallidos.

En este breve texto abordaremos el tema de la seguridad, innegable protagonista entre los delicados temas de la agenda nacional. Tocaremos dos aspectos: el manejo que el estado mexicano ha hecho de la inseguridad, sobre todo la relacionada con el crimen organizado, y por otro la reacción de la sociedad mexicana, que parece responder históricamente a una cuestión que John Elster llama “preferencias adaptativas”.

Es digno de subrayarse que desde que el estado mexicano declaró la guerra al crimen organizado, a principios de la administración anterior, en vez de hacer evidente la implementación de una estrategia en la materia cayó una y otra vez en desatinos, pese a las muchas voces de especialistas de todo ramo que ofrecieron alternativas estudiadas y posibles: la Financial Action Task Force, el Acuerdo de Palermo y el Plan Mérida, entre otros, señalaron en su momento cuáles eran los pasos a seguir para desmantelar organizaciones criminales. De todas ellas, el gobierno de Felipe Calderón no aplicó ninguno.

Por si  tal sordera no fuese suficientemente grave, el gobierno mexicano se encargó de montar un discurso de utilidad y eficiencia de dicha guerra —justificando así todo hecho éticamente cuestionable cometido en aras del combate al crimen organizado— sobre una realidad que cada vez se hace más distante del México que vive en la imaginación de los políticos. Por mencionar sólo unos hechos, en 2010 la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado presentó un estudio sobre los niveles de penetración del crimen organizado en México, que informó que el 71 por ciento de los municipios se hallan bajo el control total o parcial de la mafia.

Ante tal situación, uno se pregunta por qué la población mexicana parece del todo indiferente o desesperanzada, en el mejor de los casos.  Habrá sin duda múltiples respuestas a la cuestión. Desde la perspectiva histórica se anota una: las “preferencias adaptativas” que ha ido desarrollando la ciudadanía.

En palabras de Gustavo Pereira, especialista en el tema, la frustración que se genera al desear algo que no puede obtenerse termina propiciando que las aspiraciones y preferencias se adapten a las condiciones posibles. Éstas son las preferencias adaptativas. El término, que se ha usado en el estudio de la eficiencia de políticas públicas, parece una buena manera de explicar lo que ha sucedido con los ciudadanos mexicanos.  La percepción, quizá históricamente sustentada, de que los políticos mexicanos son inherentemente corruptos, de que los resultados electorales son inevitablemente burlados, y de que sin importar cuánto se haga la ciudadanía no tiene voz ni voto en las decisiones que a todos incumben, parece haber desalentado el afán de cambio de nuestro panorama.

Javier Duarte y Rosario Robles, beneficiarios de la frustración. (Foto: Yahir Ceballos.)
Javier Duarte y Rosario Robles, beneficiarios de la frustración. (Foto: Yahir Ceballos.)

Parecería que entre más ineficiente es el estado en el cumplimiento de sus funciones, más bajas se vuelven las expectativas ciudadanas. Lo que la gente sabe de la historia de nuestro país parece haberle enseñado a reducir sus expectativas.

La aplicación del concepto al diseño de las políticas públicas busca revertir ese proceso creando expectativas más altas en la población, sobre todo en aquella que por sus condiciones socioeconómicas perpetúa condiciones muchas veces inaceptables. Dado que es nuestro pasado el que ha creado esas preferencias adaptativas, o la percepción que los ciudadanos tienen sobre nuestro pasado, cabría preguntarnos: ¿qué podemos como profesionales de la historia hacer al respecto?

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