por Luis Fernando Granados *

La imputación judicial de una de las hijas del rey de España en un caso de corrupción que hasta ahora había involucrado sólo a su nuero (al marido de esa hija, pues) es en sí mismo un hecho menor, casi trivial, pero es inmejorable como símbolo de la hondura de la crisis que no ha dejado de estremecer al estado y la sociedad españolas desde finales de la década pasada. Que se hable ya de la abdicación del jefe del estado como una verdadera posibilidad para remediar el descrédito de la monarquía, más aún, confirma que el conjunto de “escándalos” en que se han visto involucrados muchísimos miembros de la elite española en los últimos años —por no decir nada del radical desmantelamiento del estado de bienestar— tiene implicaciones más allá del presente y del futuro españoles; también supone un replanteamiento de su conciencia histórica.

El restablecimiento de la monarquía se mercadeó desde mediados de los años setenta —cuando comenzó la transición democrática— como el elemento clave para solucionar uno de los problemas políticos y sociales que más ha atormentado a los gobernantes españoles: la heterogeneidad, el antagonismo, de las muchas sociedades que habitan en los confines del estado español. Se quiso convencer a propios y extraños que sólo el rey podía ser garante de la unidad del estado y encarnación de la nación española y, sobre todo, que sólo el rey podía conjurar el peligro de la división española.

El argumento, naturalmente, contenía —contiene— una interpretación del pasado, en particular de la historia española reciente. Si bien es cierto que de algún modo sugería el carácter divisivo de la dictadura franquista, es claro que ante todo privaba de legitimidad al gran experimento político y social iniciado el 14 de abril, 1931; esto es, negaba a la república su condición de ámbito racional y dialógico donde pueden dirimirse las diferencias sin cuestionar la existencia misma del estado. Dicho de otro modo —y de manera análoga a lo que más tarde afirmaron las dictaduras latinoamericanas y sus ideólogos—, el argumento insinuaba que la república como sistema y como experiencia histórica era también responsable de la existencia de esas “dos Españas” del mito y por ello de la guerra civil.

La puerta del Sol, en Madrid, el 14 de abril, 1931
La puerta del Sol, en Madrid, el 14 de abril, 1931

Es imposible, por desgracia, dudar del éxito de la maniobra: en la hora de la transición, incluso el partido comunista se avino a esa interpretación del pasado, mientras que, en los últimos años, el partido “socialista” ha sido particularmente insistente en proclamar su deseo de conservar la monarquía. En términos generales, la sociedad española parece haberla internalizado por completo: ni siquiera la existencia de un partido republicano en Cataluña ha conseguido modificar el consenso monárquico que domina la vida pública peninsular (quizá porque el catalanismo de ERC ha terminado por sepultar su proyecto democratizador e incluyente).

Estigmatizar a la república de este modo era una manera sutil y perversa de distorsionar el pasado de España: si la república no representaba el orden constitucional existente sino era apenas uno de los proyectos que se disputaban el alma española durante los años treinta, entonces el alzamiento golpista del 18 de julio, 1936, así como la guerra misma, la connivencia con los poderes fascistas, y —en fin— la brutal y multitudinaria represión que siguió a la victoria, no eran más que “opciones” políticas, “proyectos” comparables e igualmente legítimos. Sus personeros, por tanto, no eran responsables sino de sostener sus creencias con denuedo y buena suerte.

Desde el punto de vista político, esta visión de la historia española consiguió resucitar a una institución y a una dinastía que a principios del siglo XX se encontraban ya en una profunda crisis. Desde una perspectiva historiográfica el efecto puede haber sido mayor, y aún más perjudicial, pues afirmó un principio epistemológico que hoy comparten casi todos los periodistas y científicos sociales: que la observación y la comprensión la realidad no deben suponer alguna actitud axiológica, que ser imparcial equivale a considerar todas las opciones y opiniones como iguales.

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