por Alicia del Bosque *

Hace casi un mes, el 5 de marzo, comenzó en Buenos Aires el juicio en contra de los orquestadores del llamado “plan cóndor”, la operación trasnacional que permitió a varias dictaduras sudamericanas asesinar a algunos de sus opositores allende sus fronteras: para efectos del juicio 106 personas, en su mayoría uruguayas. Acusados de crímenes de lesa humanidad se encuentran dos ex jefes de estado argentinos, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, así como el ex general Luciano Benjamín Menéndez, el jerarca represor de Córdoba —donde está llevándose a cabo otro juicio, que involucra el secuestro y tráfico de bebés nacidos en cautiverio de madres “desaparecidas”. (Aquí puede verse una nota de Alejandra Dandan aparecida en Página 12 en la víspera de ese día.)

Dos semanas después, el 19 de marzo, comenzó en Guatemala el juicio en contra del ex dictador Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez. Los dos están acusados de genocidio por el asesinato, ocurrido entre 1982 y 1983, de 1 771 ixiles, los que —de acuerdo con la Comisión Nacional de Esclarecimiento Histórico— representaban el 33.61 por ciento de los miembros de esa etnia del departamento del Quiché. (Véase aquí el reporte de Jerson Ramos que publicó Prensa Libre un día más tarde.) Uno de los testigos contó apenas ayer que, en agosto de 1982, en Saquil Grande, municipio de Nebaj, tropas del ejército guatemalteco “le abrieron el pecho [y] le sacaron el corazón” a su hija, una niña de 12 años. (La nota, también de Prensa Libre, está aquí.)

Efraín Ríos Montt en 1982.
Efraín Ríos Montt en 1982.

Ambos juicios son apenas los más recientes de una serie de procesos judiciales mediante los cuales, desde hace una decena de años, se intenta reparar y esclarecer algunos de los crímenes políticos más atroces ocurridos en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Seguramente no serán los últimos. Con tantos agravios que enmendar —y gracias a la notable transformación ocurrida en la cultura político-judicial de ambos países—, es más que probable que otras víctimas individuales consigan confrontar judicialmente a quienes, en los años setenta y ochenta, proclamaban defender la libertad del asalto del comunismo.

Además de los acusados y sus defensores, muy poca gente parece dispuesta a cuestionar la legitimidad de los juicios. Pero no sólo, y no necesariamente, porque América Latina haya dado un giro a la izquierda en los últimos años (el mismo día en que comenzó el proceso contra Ríos Montt, el presidente guatemalteco, Otto el Kaibil Pérez Molina declaró sin ambages que en Guatemala no había habido genocidio alguno). Debe ser también porque se trata de acontecimientos recientes, por la “frescura” de los recuerdos que todavía atormentan a los sobrevivientes y a los coetáneos de las víctimas; en una palabra, porque se trata de historia viva.

Ojalá que así sea. Porque mientras esto ocurre en Guatemala y en la Argentina, al otro lado del mundo un grupo de historiadores famosos —Pierre Nora de manera directa, Timothy Garton Ash como patrocinador— ha vuelto a poner en duda la validez, la pertinencia y la sensatez de mezclar la historia con la justicia. Entrevistado por Josie Appleton para el portal Free Speech Debate, el responsable principal de Les Lieux de memoire (París: Gallimard, 1984-1992) acaba de hacer pública, una vez más, su oposición a lo que su interlocutor llama la “moralización” del conocimiento histórico, que según ambos se encuentra detrás de las leyes francesas que prohíben negar o minimizar la Shoah, el genocidio armenio de 1915, el tráfico de esclavos africanos de la modernidad temprana y —sí, aunque parezca contradictorio— los crímenes en contra de los militares argelinos que permanecieron leales a la metrópoli durante y después de la guerra de 1954-1962. (La entrevista está aquí.)

Ojalá, digo, que sea culpa de la distancia temporal y emotiva. Pues de otro modo será inevitable ver en el liberalismo radical de Nora, en su defensa a ultranza de la libertad de expresión e investigación, nada más que una máscara de un cierto etnocentrismo epistemológico todavía muy extendido: la libertad de decir lo que sea siempre que el sujeto de lo dicho sean judíos, armenios, turcos, “negros” o árabes.

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