Seguridad “pública”, inseguridad ciudadana

por Halina Gutiérrez Mariscal *

Que en México nos hayamos acostumbrado a los desaparecidos, baleados por accidente y decapitados, a las fosas clandestinas y a los entambados, no supone que, con cierta frecuencia (aunque quizá menos de la que deberíamos), no nos preguntemos por qué un gobierno que destina tantos recursos a la seguridad no pueda garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y que tampoco sea capaz de hacer que se ejerza la justicia cuando esos mismos ciudadanos son vejados y vulnerados en sus derechos más elementales —ya no sólo por los criminales que el estado persigue sino incluso por las mismas autoridades legalmente instituidas para velar por esos derechos.

¿Por qué, por otro lado, cuando se trata de ciudadanos ejerciendo sus derechos de reunión y protesta, la criminalización y la descalificación suele ser una vía no poco transitada por las autoridades encargadas de la seguridad?

Históricamente hablando, ¿cómo podemos explicar dichas cuestiones? Mucho podría decirse al respecto. Asomo sólo una posibilidad.

Cuando hablamos de las instituciones relacionadas con la seguridad pública, independientemente del nombre o forma que ostenten, pueden subrayarse algunos elementos. Aunque la constitución estableció desde 1917 garantías individuales como parte fundacional del estado mexicano contemporáneo, también definió la seguridad pública como un poder del estado y no como un derecho ciudadano. Así, las garantías individuales quedaron supeditadas a la necesidad de defensa de la seguridad pública, que para efectos prácticos, se entendió siempre como seguridad del estado y más concretamente, como defensa de la estabilidad del régimen.

Vistas así las cosas, el mantenimiento del orden público se convirtió en la expresión más cercana de la preeminencia de la conservación de la seguridad pública.  De ese modo, todas las actividades o personas que atenten contra el orden público son consideradas, automáticamente, enemigas de la seguridad del estado y, por tanto, criminales carentes de cualquier tipo de derechos. Así también, las muertes y vejaciones que se deban causar en el camino hacia la seguridad del estado han parecido, en diversos momentos, como justificables e inevitables, como sostuviera en diversas ocasiones el ex titular del ejecutivo Felipe Calderón.

En el México del siglo XX pueden observarse claros signos del efecto de estas ideas en, por ejemplo, el delito de disolución social (vigente desde 1941 y hasta 1970), establecido en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, y el uso que se le dio para la persecución de la disidencia política. Se hicieron patentes también en la manera en la que las autoridades organizaron un aparato de seguridad que llegó a restringir, e incluso a negar, tanto de manera abierta como encubierta, derechos como el de manifestación pública, de reunión y de expresión, cuando el ejercicio de estos ponía en “peligro” la “seguridad” nacional, es decir la estabilidad del régimen.

¿De quién la seguridad?

¿De quién la seguridad?

Por ello apenas sorprende el modo en que el gobierno del Distrito Federal encaró y encarara la protesta social del primero de diciembre, o la manera en que el gobierno federal ha enfrentado una insurgencia zapatista que —no lo olvidemos— fue armada sólo durante los primeros días de su existencia. Hasta que el estado mismo no sea redefindo, en la ley y en la práctica, como agente social en lugar de como instancia ajena y superior a la sociedad, los derechos ciudadanos seguirán sometidos a los intereses de sus “representantes”.

* Maestría en historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

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