Del concepto de víctima

por Georgina Rodríguez Palacios *

En contra de la tendencia común de relacionar el término víctima con una incapacidad de respuesta, una indefensión absoluta o ―como sucede en algunos estudios de psicología― con la idea de alguien que ha perdido su “agencialidad”, es indispensable analizar la sociedad (escribir la historia) a través de un concepto de víctima acorde con la capacidad de acción que, día a día, han demostrado las víctimas ―estructurales o de la guerra, como dice aquí Javier Sicilia—, al menos en la historia contemporánea de México.

Víctima es, en sentido estricto, aquel que ha sufrido un daño por causas externas (en el derecho, “persona que padece las consecuencias dañosas de un delito”, según la RAE). Pero todos los hombres y mujeres, organizaciones y colectivos que, frente a la exclusión, la violencia o la violación de sus derechos, han exigido empecinadamente a los gobiernos el resarcimiento del daño, han mostrado una y otra vez que ser víctima no significa quedar inerme y cruzarse de brazos. Incluso cuando el daño es tan brutal como el asesinato o desaparición de un hijo, miles de personas han hablado fuerte para reclamar justicia: “pensaron que mi hijo inocente no tenía padre, pero aquí estoy” (resuenan las palabras que prorrumpía un hombre hace un par de años).

Foto de Hanako Taniguchi

El MPJD en el Ángel. (Foto de Hanako Taniguchi.)

En nuestro país, las víctimas ―prácticamente de cualquier delito― padecen además la amenaza de la “doble victimización”: cuando enfrentan a funcionarios de los distintos niveles y, en general, a las “instituciones públicas insensibles, profundamente corruptas e incapaces de realizar las funciones que tienen encomendadas”, y se ven “con frecuencia ignoradas, abusadas y vejadas” por ellos (como  Clara Jusidman escribe aquí). Así lo han denunciado las víctimas mismas y los defensores de derechos humanos, intelectuales y organismos solidarios.

Desde que convergieron en 2011, en un mismo grito de hartazgo (y en una compleja coordinación de esfuerzos), diversas organizaciones que ya venían trabajando desde mucho antes y los familiares de los muertos y desaparecidos por la “estrategia de seguridad” del gobierno de Calderón, se hicieron escuchar en el territorio y allende nuestras fronteras: narraron los casos de horror en que se han visto envueltos (el daño sufrido), mostraron el rostro humano de quienes han sido arrancados con violencia de sus hogares, el dolor de quienes con la esperanza y la terquedad como armas han salido a buscarlos, el maltrato y en ocasiones la persecución de que han sido objeto por parte de autoridades y criminales… Y en ese hacerse escuchar han quebrantado, cada uno en su nivel, la “normalidad” de la guerra y el “orden” que pretendidamente mantienen los gobiernos de todos los partidos en los estados.

La expedición de la Ley General de Víctimas el miércoles pasado resulta, en efecto, amarga victoria para quienes tanto han trabajado por ser reconocidos en nombre y derechos frente a los poderes de este país (aquí está el texto completo). La definición de víctimas establecida en la ley abarca a “aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos”.

La misma ley considera también a las víctimas indirectas, no sólo como los familiares o personas relacionadas directamente con las víctimas, sino también “a toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliarlas”. Resulta notable que para esta definición se hagan valer los principios de dignidad, no criminalización y no victimización secundaria, entre otros. Cabe resaltar, en aras de enterrar la idea contraria, que en este concepto subyace la afirmación de que las víctimas, para ejercer sus derechos como tales, han de ser capaces de exigirlos, es decir, de actuar como sujetos activos.

Se ha dicho que los beneficios que la ley otorga a las víctimas podrían quedar en el papel si no se reglamenta debidamente, si no se construye el Sistema Nacional de Atención, si no se cumple efectivamente cada uno de los artículos. La evidente distancia entre las leyes y los hechos en este país hacen que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad celebre la publicación de la ley sólo con la mirada realista de quien espera también ver los pasos siguientes rumbo a la justicia pendiente (ver aquí las “Palabras del MPJD al ejecutivo” y aquí las declaraciones de Jorge González de León).

Si política es, a la luz de Rancière, el desacuerdo radical que impone al orden la búsqueda de la reparación del daño, la publicación de esta ley puede ser entendida como el resultado de la acción política y transformadora de las víctimas de la guerra, y como el reconocimiento oficial de sus demandas. El daño, sin embargo, y como lo saben los familiares de muertos y desaparecidos, no podrá ser totalmente resarcido. No se ha de quitar la vista de las nuevas víctimas que se empiezan ya a acumular con el gobierno de Peña Nieto. Sigue siendo urgente el cambio en la política hacia las drogas que, con las víctimas, la sociedad ha padecido como guerra contra sí misma.

* Profesora de asignatura, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

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