por Dalia Argüello *
Ante la reaparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el pasado 21 de diciembre, la respuesta gubernamental ha sido mínima. El secretario de Gobernación se tomó unos minutos para aclarar ante la prensa que por supuesto el tema indígena será una prioridad, que en el nuevo gobierno han cambiado, y que ahora si están dispuestos a llevar a cabo políticas de estado que permitan el desarrollo de las comunidades indígenas de Chiapas.

Más allá de esta declaración, nada. Con un simbólico silencio ante la marcha y comunicados zapatistas, el presidente de la república continuó su agenda hasta el día de ayer, cuando se trasladó a las cálidas playas de Acapulco para festejar la llegada del nuevo año.
El desdén presidencial hacia las expresiones de inconformidad y movilizaciones sociales, que ya se auguraba desde su campaña y se confirmó con su toma de posesión, me hace pensar en la relación que establecerá con el movimiento zapatista, que ha decidido hacerse presente y fortalecerse en alianza con otras organizaciones sociales.
Aunque no reconozca al EZLN como interlocutor, el presidente no podrá dejar de lado el asunto indígena, ni mucho menos evitar la presión nacional e internacional para avanzar en las reformas constitucionales que permitan por fin el reconocimiento de la autonomía de los pueblos y de las instituciones necesarias para concretarla. En este sentido, el tercer comunicado que lanzó el EZLN insta al gobierno a decidir entre andar el mismo camino seguido hasta ahora —de represión y simulación—, o cambiar a uno que resuelva sus demandas y reconozca los derechos y la cultura indígenas. Qué camino seguirá Peña Nieto no lo sabemos con certeza, pero podemos darnos una idea revisando el Pacto por México, texto que, de acuerdo con el jefe del ejecutivo, será el eje regulador del presente sexenio.
En el punto 1.6 se establecen las acciones a seguir en la materia:
- Fortalecimiento de las comunidades indígenas
- Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de las comunidades indígenas como prioridad presupuestal.
- Acceso equitativo a la justicia y a la educación
Para lograr lo anterior se proponen incrementos sustanciales en el presupuesto federal para atender rezagos en educación y salud y ampliar la infraestructura.
(Un análisis del presupuesto 2013 puede verse en este texto de Eréndira Avendaño publicado en México, ¿Cómo Vamos?)
Ante esto, no hace falta un análisis exhaustivo para darse cuenta de que el gobierno mantendrá la política asistencialista de programas sociales que sólo han fomentado la dependencia económica de las comunidades, y perpetuado las condiciones de pobreza e inequidad. Esta política de subsidios, becas, pensiones y demás programas paliativos no sólo han servido de moneda de cambio en tiempos electorales y para todo tipo de transacciones corruptas sino que regularmente han impedido la organización autónoma de los recursos y el desarrollo sustentable que está en la médula de las demandas zapatistas.
En el proyecto priista, los programas que promuevan la productividad y fortalecen el desarrollo económico siguen siendo los menos. Los que estimulen el desarrollo digno y fortalezcan la diversidad étnica y cultural no se ven aún. Por esto es significativo que en el Pacto por México no se hable de evitar la pérdida de las lenguas, fortalecerlas o difundirlas junto con el contexto cultural en el que existen ni algo parecido.
En este año que inicia, pensar la participación política del EZLN y su relación con el gobierno de EPN no sólo es cuestión de presupuestos y estadísticas, sino de dos proyectos de nación que en el presente aún están en pugna.
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