por Halina Gutiérrez Mariscal *

La historia me juzgará, dicen —frase trillada que hemos escuchado cuando algún gobernante, casi siempre de administración cuestionada, justifica actos que de suyo son difíciles de explicar o defender.

La administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que terminó el 30 de noviembre, ha pasado a ser una de las más cuestionadas de la historia reciente del país, y la primera dirigida por un presidente que ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.  Lo que se ha llamado una “guerra” contra el narcotráfico, y que tantas muertes, abusos, violaciones a derechos humanos y a las leyes de este país ha causado, y que Calderón emprendió, parece justificación suficiente para que, en vista de la incapacidad del estado mexicano para juzgar a su ex presidente, una corte internacional lo haga, y lo obligue a pagar por lo que se considera criminal.

El 25 de noviembre de 2011, un joven abogado, Netzaí Sandoval, respaldado por la firma de otros veinticinco mil mexicanos, presentó una denuncia ante la fiscalía de la CPI en contra de Calderón, por crímenes relacionados con la mencionada guerra.  El penúltimo día de gobierno del ahora ex presidente, Humberto Moreira, quien fuera gobernador de Coahuila, y a quien le tocó vivir en carne propia la pérdida de un hijo a manos del crimen organizado, presentó también una denuncia ante dicha corte, en contra del ex presidente panista, por la misma causa.

Emblema de la CPI
Emblema de la CPI

El caso presentado por Netzaí Sandoval aún no ha sido admitido, pues sigue en revisión, proceso por el cual también deberá pasar la denuncia interpuesta por Moreira.  Con todo, cabe señalar que estas denuncias son sólo una parte de todos los señalamientos que se han hecho sobre la administración calderonista y su “guerra” contra el narcotráfico. Sobresalen la obstinación en mantener un conflicto que a lo largo del sexenio dejó cerca de ochenta mil muertos, tres mil desaparecidos y cinco mil denuncias por torturas y violación a los derechos humanos y civiles por parte la milicia.

Si bien la historia ha “juzgado” en algún sentido los actos de personas que en su momento tomaron decisiones cuestionadas, que afectaron el rumbo del país y el destino de los mexicanos en conjunto, lo cierto es que la justicia exige que el juicio se lleve a cabo en tiempo presente, y que las responsabilidades de todos los crímenes cometidos caigan los responsables, sea quien sea de quien se trate.

Que la historia juzgue, sí, a la distancia, los procesos completos, los hechos acabados… pero que el presente juzgue y haga justicia.

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