por Fernando Pérez Montesinos *
Quebrar la retórica del miedo comienza por hacer preguntas distintas. Durante el sexenio de Felipe Calderón aprendimos a llevar la cuenta de los muertos, los nombres de los grandes cárteles de la droga se nos hicieron familiares e incluso memorizamos los apodos de algunos de sus líderes. Llegamos a tener alguna idea de dónde operan y, en consecuencia, aprendimos a dónde no ir de vacaciones, por dónde no pasar de noche en la carretera, qué lugares de plano evitar a toda costa. Las cifras de caídos y las noticias de ejecuciones, algunas de ellas multitudinarias, terminaron por opacar los esfuerzos siempre más propagandísticos que informativos del gobierno federal.
Los años pasaron y muy poco se nos dijo acerca de la manera en que opera el mercado de las drogas. Todavía menos se dijo sobre cómo ese mercado alcanzó el tamaño que ahora tiene y por qué llegó a existir en primer lugar. (Según datos de la ONU, de los 7 mil millones de personas que actualmente hay en el planeta, entre el 3 y el 5 por ciento consumen una droga ilícita al menos una vez al año; sólo 27 millones lo hacen de manera constante y de forma que pone en riesgo su salud. Los datos pueden consultarse aquí.) Nada, o casi nada, oímos decir acerca de los tratados internacionales que definen qué cultivos y qué sustancias el mundo debe considerar como ilegales de acuerdo con las convenciones de la ONU de 1961, 1971 y 1988 (Un resumen y crítica pueden encontrarse aquí y aquí.) ¿Por qué, por ejemplo, la marihuana se clasifica en los mismos términos que la heroína? ¿Por qué no se hace distinción entre la hoja de coca y la cocaína? Las preguntas fueron casi siempre otras. ¿Cuántos soldados, policías, armas; cuántos los detenidos, en qué prisiones?

Preguntas elementales sobre las cadenas de abastecimiento, distribución y consumo de drogas ilegales fueron borradas casi por completo del debate público. ¿Quiénes cultivan, quiénes procesan, quiénes transportan, quiénes venden, quiénes consumen? Sólo oímos hablar genéricamente de criminales. ¿Cuál es, sin embargo, el perfil de los detenidos y el de los convictos en las cárceles no sólo de México sino de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Inglaterra y otros muchos países? ¿A quiénes castiga realmente la actual política mundial antidrogas? ¿Cuánto de los al menos 320 mil millones de dólares que se calcula produce el mercado ilícito de drogas en el mundo se queda en manos del cultivador directo de hoja de coca o el vendedor callejero de marihuana? ¿Quién se lleva la mayor tajada? ¿Dónde está todo ese dinero?
Durante el gobierno de Calderón se nos dijo que no existían opciones viables a la política actual. Sin embargo, la investigación y las alternativas estuvieron a la mano en todo momento. A diferencia de la llamada guerra contra las drogas, la perspectiva a favor de despenalizar o legalizar las drogas hoy consideradas ilícitas es práctica, realista y abierta. Sus prescripciones se basan en conocimiento empírico e investigación rigurosa, no en meras intenciones. La despenalización y legalización de la marihuana por sí sola reduciría el porcentaje de consumidores de drogas ilícitas al uno por ciento de la población total del planeta (véase aquí un texto de Amanda Fielding al respecto). Los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hablan de la conveniencia de cambiar de un enfoque punitivo a uno de salud; especialmente el informe “From Coercion to Cohesion: Treating Drug Dependence Through Health Care, not Punishment”, de 2010.
Sabemos de historias de capos, gatilleros, descabezados y fosas comunes. En ese nivelquedó el debate de los últimos seis años. Hay que cambiar las premisas y, en consecuencia, las preguntas de la discusión. Por supuesto, debemos dirigir esas preguntas y exigir respuestas concretas de parte del nuevo gobierno federal que ahora tiene al priismo de regreso. También es importante hacer esta exigencia a la izquierda partidaria y no partidaria. Ésta es una de las grandes luchas de nuestra época. La izquierda tiene que ocupar un lugar prominente en ella si no quiere ver cómo el ogro filantrópico que nunca dejó de ser el PRI le vuelve a ganar la partida. No es ninguna casualidad que dentro de las primeras acciones de gobierno que anunciara el equipo de Enrique Peña Nieto se incluyera una “cruzada nacional en contra del hambre”, a la vez que se prometió un nuevo “programa nacional de prevención del delito”. Nada tampoco hay de casualidad en el anuncio de que la ley general de víctimas será promulgada según la había ya aprobado el Congreso (véase la nota de El Universal al respecto). El PRI sabe de infiltrados y macanas, pero también de concesiones y pragmatismos. ¿Seguirá parte de la izquierda a la defensiva o aprovechará la coyuntura de nuestros tiempos para exigir claramente el desmantelamiento de la política prohibicionista y la guerra contra las drogas?
(Para saber más y unirse a la campaña mundial para reformar la actual política contra las drogas véanse www.beckleyfoundation.org y www.breakingthetaboo.info.)
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