por Aurora Vázquez Flores *

El domingo 11 de octubre de 2009, lxs mexicanxs despertamos con la noticia de la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Felipe Calderón había publicado —apenas pasada la medianoche— un decreto de extinción, que señalaba como motivos de la acción que “Luz y Fuerza del Centro enfrentaba una situación insostenible, que requería de una transferencia cada vez mayor de recursos con cargo a todos los mexicanos”. Responsabilizaba también al Sindicato Mexicano de Electricistas, pues “las condiciones establecidas en el contrato laboral impedían la operación eficaz de la empresa” (véase el documento aquí). A partir de ese momento, el SME se lanzó a la defensa de su fuente de trabajo. Al día de hoy, 16 599 trabajadores continúan en la resistencia sin aceptar la liquidación propuesta por el gobierno federal.

Lucha que sigue
Lucha que sigue

En días recientes escuchamos la noticia —con mucha alegría para algunxs de nosotrxs— de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito falló a favor del SME señalando a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, lo que implica la reinstalación de quienes no se han liquidado y la restitución de los salarios caídos. Después de tres años de lucha, que pasaron por dos huelgas de hambre, diversos plantones y numerosas marchas y movilizaciones, el sindicato ve su triunfo como una posibilidad próxima.

La extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido de lxs trabajadorxs del SME tiene razones mucho más profundas. Detrás se encuentra una visión del estado y la economía propias de los regímenes neoliberales. La reducción del gasto social y la apertura a la inversión privada como banderas motivaron las acciones del 11 de octubre de 2009. En este conflicto se enfrentan dos perspectivas. Por un lado, lxs obrerxs no sólo buscan mantener y garantizar una fuente de trabajo digno, sino que optan por un estado que administre los recursos nacionales y disponga las mejores condiciones para el desarrollo y bienestar de la población. Por otro lado, la visión de lxs políticxs neoliberales que optan por la privatización de los sectores estratégicos y la reducción del presupuesto que el gobierno destina directamente a empresas públicas y programas sociales.

El fondo de la discusión entre el SME y las elites que, junto al gobierno federal, buscan la privatización del sector eléctrico es la disputa dada a propósito de la desmantelación del estado de bienestar. Lo que ambas partes preguntan, en última instancia, es si aquello a lo que Eric Hobsbawm llamó la “edad de oro” del capitalismo ha dejado tener vigencia o no. Esta pregunta ha sido planteada por la historiografía desde hace muchos años. Aquí vemos cómo para hacer historia no es necesario retroceder tres o cuatro décadas en el tiempo, sino abrir bien los ojos a nuestro alrededor y ver cómo las luchas de hoy —como la de los electricistas— nos ayudan a pensar y criticar la realidad presente y pasada.

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