El lago y la democracia (2 de 2)

Matthew Vitz

Los intentos de convertir el lago en una preocupación de expertos resuena en el proyecto más reciente de transformar el vaso en el NAICM. Desde 2002, la disputa sobre el nuevo aeropuerto quedó limitada, como pasó con los conflictos anteriores, a las comunidades locales, en este caso la de San Salvador Atenco. Hasta ahora, entre los habitantes de la ciudad no se había pensado en el espacio lacustre de Texcoco como algo valioso que merece protegerse. Entonces, ¿por qué al incluir a toda la ciudad, y hasta la nación, en esta consulta se ha desatado este conflicto reciente? Algunos quieren argumentar que el cuestionamiento del aeropuerto se debe a una maquinación política de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que el proyecto seguía sin muchas trabas hasta su campaña. Esto es borrar el papel de los movimientos sociales y de justicia ambiental de varios estados que ya tienen años criticando los megaproyectos que sirven a los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros, y que usan fondos gubernamentales de una forma bastante mezquina mientras causan graves y persistentes daños socioecológicos. Cabe mencionar la represión espeluznante que viven los activistas que tratan de proteger sus bosques y aguas de las madereras y mineras que cada vez más controlan los recursos naturales del país. Esto es también ignorar el trabajo político que ha hecho la comunidad de San Salvador Atenco al crear alianzas con grupos simpatizantes en la ciudad de México. Es también desdeñar el profundo escepticismo que se generó con el gobierno de Peña Nieto, la corrupción del gobierno y por último la falta de preparación y atención a los damnificados del temblor de 2017. En estos momentos, el nuevo aeropuerto está bajo el reflector, pues su construcción pondría fin a la última oportunidad de rescatar el lago de Texcoco y crear un lugar para seres humanos y seres no humanos —meta de muchos de los más famosos pensadores mexicanos durante décadas.

Dejemos a un lado el descontento por los megaproyectos —y del NAICM en particular— para considerar el reclamo de que la consulta popular fue un fraude, ilegal y antidemocrática. Sí, es cierto que la consulta popular no cumplió la ley federal de la consulta popular, y es probable que haya habido algunas irregularidades debido a las fallas que permitieron el voto múltiple el primer día de la consulta. Puede argumentarse que la consulta debería volver a hacerse, otorgando más tiempo para el debate, dada la complejidad del asunto, y realizarse bajo el procedimiento de la ley federal. Sin embargo, muchos de los que se quejan de la consulta popular sobre el aeropuerto prefieren que no haya ninguna consulta. Se preocupan de que la “consulta popular” esté siendo usada para que López Obrador se consolide en el poder como ocurrió con Evo Morales y Nicolás Maduro, buscan proteger sus propios intereses lucrativos o creen que estos asuntos, sea de aeropuertos, otras infraestructuras urbanas o el presupuesto del estado, son asuntos de los expertos y no del pueblo. Es importante, claro, que se cuide que la democracia directa no se utilice para fines autoritarios, pero esta consulta no fue un ejemplo de tal cosa. Los que dicen que el pueblo no debería estar involucrado en estas decisiones sostienen, equivocadamente, que el conocimiento experto en materia urbana —de los tecnócratas neoliberales, los constructores, y las empresa privadas— está sirviendo intereses democráticos y no particulares. Lo que los críticos defienden no son las normas democráticas sino su ideal de la democracia: delegada a las autoridades tecnócratas y capitalistas con aliados en la burocracia estatal, en vez de participativa y directa en que los ciudadanos puedan decidir el futuro de una ciudad equitativa y sostenible que, lógicamente, rara vez cuadra con tales intereses.

Seguimos viviendo, en parte debido a la racionalidad neoliberal promocionada por los mismos grupos tecnócratas neoliberales que todavía gobiernan (y a la que AMLO no ha sido inmune), bajo la hegemonía del desarrollismo, en el que la acumulación de capital y el crecimiento económico, medidos por la ganancia privada y el PIB, son los elíxires para enfrentar cualquier problema social. En realidad, el objetivo de los proponentes del nuevo aeropuerto es servir a la clase media alta, empresarial y a los turistas nacionales e internacionales que no solo llegan a la ciudad de México, sino también a los que harán escala a otros destinos. Un defensor del NAICM representa bien estos intereses cuando teme que la ciudad de México pierda frente al aeropuerto de Houston, como si se tratara de una competencia sobre quién tiene o tendrá más tráfico aéreo. Y no se cuestionan, ni ven que aun si este desarrollismo (incluso los grandes proyectos turísticos) genera oportunidades económicas para algunos, deja ruinas socioecológicas para la mayoría: contaminación, agotamiento de recursos renovables, precariedad social, una desigualdad tremenda y, ahora, una crisis climática que urge abordar con una nueva política. ¿Es el objetivo hacer otros Acapulcos, otros Cancunes, con sus disparidades enormes y altos costos de vida, cuando el turismo internacional ya genera el 8 por ciento de las emisiones de carbono en el planeta?

Ahora es el momento de romper con la hegemonía desarrollista: hay que cuestionar la necesidad no sólo del NAICM sino también de un nuevo aeropuerto comercial en Santa Lucía, que tampoco conviene por su distancia con la ciudad. Según la MITRE Corporation, el aeropuerto de Santa Lucía no es viable por los riesgos aéreos. Cabe mencionar que, de todos modos, se necesitan más estudios sobre Santa Lucía para no llegar a conclusiones basadas en la investigación de una compañía vinculada a los departamentos de Defensa y de Seguridad Interio de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1979 esta misma compañía determinó que el paraquat, sumamente nocivo, no ponía en riesgo la salud, justificando así la fumigación de plantas de mariguana en México. En vez de escuchar a los expertos comprometidos oimplicados con las multinacionales, es el momento de crear una democracia directa en que un nuevo conocimiento pueda florecer —en que los saberes profesionales se unan con un proyecto socialdemocrático del tipo que se empezó a vislumbrar en las obras de fertilización del lago de Texcoco y, más intensamente, después del temblor de 1985, cuando grupos de arquitectos trabajaron con las comunidades damnificadas para reconstruir la ciudad.

Derrocar la noción de crecimiento como algo inherentemente bueno es sumamente necesario para crear ciudades más justas y sostenibles. Esto sólo puede realizarse a través del debate, la participación y la propuesta. Hay ejemplos de esto por todo el mundo: del movimiento municipal encabezado por Podemos en España a la práctica de presupuesto participativo en Brasil. Uno de los grandes retos del siglo XXI es crear y apoyar una ciudadanía participativa y organizada que analice y critique el desarrollismo y el extractivismo, las raíces de nuestra crisis socioecológica, sea de izquierda o de derecha neoliberal. Este reto ahora se manifiesta en el centro de México, en medio de la megalópolis. La consulta popular del mes pasado no es el fin, es el principio —o más bien la posibilidad de un principio. El comienzo de una lucha por decidir el futuro de la ciudad habitable para la mayoría, el principio de un debate sobre cómo usar el espacio del lago como un bien público, el principio de un movimiento para la democratización profunda del gobierno urbano. Para empezar esta gran discusión nos sobran las ideas de los muchos actores que construyeron la historia de la ciudad y que participaron en la historia del lago sobre el que la megalópolis está construida.

[Agradezco a Lorena Gómez Mostajo por la edición del texto.]