por Ileana García Rodríguez

La propuesta para la construcción de un memorial a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre ha suscitado debates en torno del significado y función que dicho espacio podría tener. La convocatoria, lanzada el 28 de marzo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, estableció como ubicación del futuro memorial el predio situado en la avenida Álvaro Obregón 286, lugar del derrumbe de la construcción que causó el mayor número de víctimas mortales. Entre la larga lista de características que se esperaban de los diseños propuestos estaba la inclusión de espacios verdes, para actividades culturales, para la recepción de ofrendas y reliquias, elementos alusivos a las 228 víctimas mortales del sismo, una llama perpetua y elementos de agua. El costo no podría superar los 14 millones de pesos y se abrió la posibilidad de utilizar “material de reciclaje del sismo” para la construcción del espacio. El ganador sería anunciado el 4 de mayo y la obra debía de ser concluida en siete meses; es decir, antes de la salida de la actual administración local en el mes de diciembre. A pesar de que se mencionó que entre los objetivos del memorial estaría la conmemoración de las víctimas, la convocatoria enfatizó que no debía tratarse de “un lugar conmemorativo” sino con “carácter de servicio público” en el que se resaltara el papel de la solidaridad de la población civil ante el sismo.

Lo que desde un principio resulta vago son los destinatarios de dicho espacio memorial. Si bien queda claro que estaría dedicado a aquellos que murieron a causa del sismo, hay una mención a las “personas afectadas”; pero, ¿quiénes son estas “personas afectadas”?, ¿en qué consiste la afectación o daño?, ¿qué sentido podría tener para ellas la construcción de un espacio con las características listadas? y ¿cómo plantear una función pública de acuerdo a esto?

El sector de los damnificados, mediante comunicados y declaraciones públicas, han expresado fuertes críticas a la propuesta del memorial. De fondo puede observarse una preocupación por el planteamiento sobre lo que se recordará de aquel 19 de septiembre: un relato que atribuye lo ocurrido a un desastre natural sin abordar la especulación inmobiliaria, la precariedad de las condiciones de vivienda en la ciudad, la corrupción y la impunidad. A esto hay que agregar un profundo descontento y, en ocasiones, franca indignación ante el manejo de los recursos públicos para la reconstrucción de las zonas afectadas y por la constante omisión de sectores cuya situación requiere de medidas de atención urgentes.

Las críticas han ido en varios sentidos, incluyendo al diseño que fue anunciado varias semanas después de la fecha esperada, pero se han dirigido principalmente a dos cuestiones. En relación con la ubicación, causa especial resquemor los 46 millones que serán destinados a la indemnización de los dueños para la expropiación de un predio en el que aún queda pendiente el esclarecimiento de lo sucedido tanto el 19 de septiembre como en los días posteriores, cuando se llevó a cabo el rescate de sobrevivientes y cuerpos. Tampoco se está de acuerdo con centrar el proyecto memorial en una de las zonas afectadas, la cual ha contado con la visibilidad que otras no tuvieron. Por otro lado, hay descontento con la vocación que se le pretende dar al espacio. Si bien está planteado como un lugar que cumpliría con funciones como la prevención, además de la contemplación y la rememoración, habría que preguntarse qué sentido puede tener la “prevención” cuando no se plantean las causas de lo ocurrido.

El aspecto que quizás ha causado mayor rechazo es la exclusión del proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta la selección del proyecto, de los familiares de las víctimas y de los damnificados. Sobre este punto la convocatoria vuelve a ser vaga: menciona que en el comité organizador estarán incluidos representantes de colonias vecinas y familiares de los afectados, pero no hay más detalles sobre quiénes son o qué colonias serán incluidas. Colectivos como Nuestro Memorial 19S, que han lanzado una contrapropuesta de memorial, han puesto sobre la mesa una cuestión central en su crítica: ¿por qué anteponer la construcción de un monumento a la construcción de viviendas, escuelas y espacios de trabajo?

Como parte de la discusión se ha traído a colación la experiencia de otro proyecto memorial: el Memorial a las Víctimas de la Violencia en México (MVVM), también conocido como el Memorial a las Victimas de la Violencia de Estado, ubicado a un costado del Campo Marte, sobre el paseo de la Reforma. No han sido pocas las notas periodísticas que señalan el polémico proceso que antecedió a su construcción, así como la situación de olvido y descuido en la que se encuentra. Las organizaciones agrupadas a raíz de los sucesos del 19 de septiembre se han referido a él para señalar lo que puede resultar de un proceso memorial excluyente que opta por dar prioridad a la construcción de un monumento sobre las exigencias y demandas de aquellos a los que supuestamente conmemora. Hay otro elemento que une a ambas propuestas: los arquitectos Julio Gaeta y Luby Springall, que junto con el arquitecto Ricardo López ganaron el concurso para la construcción del MVVM, forman parte del comité de selección del memorial de Álvaro Obregón 286.

Ambas experiencias tienen puntos de partida, actores y motivos conmemorativos muy diferentes, pero el MVVM aporta varias claves para entender la relación entre la construcción de obras públicas, el uso político de la(s) memoria(s) y la oficialización de relatos sobre hechos recientes.

Lugar de memoria. (Foto: Carlos Maruri, Cuartoscuro.)

En junio de 2011, en uno de los escasos momentos de los últimos once años en los que se pensó que era posible poner un alto a la guerra contra el narcotráfico, se dio un encuentro conocido como los Diálogos por la Paz. Ahí, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) pidió al gobierno federal la construcción de un memorial dedicado a las víctimas de la violencia desatada a consecuencia de la estrategia de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado. Hay dos elementos importantes que ayudan a situar la petición. Por un lado, el gobierno federal había negado en reiteradas ocasiones que la guerra contra el narcotráfico afectara de forma generalizada a la población de los estados donde se implementaron las operaciones conjuntas. Ante el creciente número ejecuciones, desapariciones y torturas que involucraban a personas que no tenían vínculo alguno con el crimen organizado y que parecían ser perpetrados por las fuerzas armadas, el gobierno federal admitió la existencia de casos aislados, de excesos y errores que causaban “bajas colaterales”. Con esta expresión se negaban los indicios más claros de que la estrategia estaba fallando y de hecho agravando la situación. No era necesario indagar acerca de las circunstancias de muerte o daño, averiguar los nombres de las víctimas o identificar a los responsables, pues formaban parte de esa alusión vacía encerrada en la expresión de “bajas colaterales”. Por otro lado, la petición del memorial formó parte de un conjunto amplio de demandas entre las cuales estaba el alto a la guerra, el replanteamiento de la estrategia de seguridad y la obtención de verdad y justicia para las víctimas. La aparición del MPJD señaló el surgimiento de las víctimas como sujetos políticos a una escala no observada hasta entonces. La petición de un memorial era una estrategia de visibilización de lo anteriormente negado.

Si bien pareció que la propuesta prosperaría, en un segundo encuentro con los familiares de las víctimas se hizo evidente que la aparente disposición del gobierno federal durante los Diálogos por la Paz se había esfumado. Al encuentro se invitó a representantes de otros sectores de víctimas, entre ellos Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes apoyaban abiertamente la estrategia de militarización de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Este nuevo sector apoyó las condiciones propuestas por el gobierno federal para la construcción del memorial: su ubicación sería en una franja lateral a Campo Marte y tendría que ser acabado antes del fin de sexenio para que Felipe Calderón lo inaugurara. Ambas condiciones fueron rechazadas por el MPJD, pues consideró que la adecuación a los tiempos sexenales resultaría en que no habría posibilidad alguna de iniciar un proceso amplío de recuperación de las identidades de las víctimas que pudiera ser la base del proyecto.

Pese a la insistente crítica y rechazo de distintos sectores, entre ellos el propio MPJD, que optó por separase por completo del proyecto, éste continuó a nombre de las organizaciones México SOS, Alto al Secuestro y Camino a Casa. Junto con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CACM), estas organizaciones emitieron un concurso en el que resultó ganadora la propuesta del despacho Gaeta & Springall y el arquitecto Ricardo López, la cual consistía en una serie de muros gigantes de acero de distintas texturas con inscripciones de frases alusivas a la violencia, la muerte y el duelo, diseminados con un conjunto central de espejos de agua, en una extensión de 15 mil m2. El proyecto arquitectónico conjugaba la experiencia de visita de los arquitectos a ciudades fronterizas en el norte del país y a memoriales a las víctimas del Holocausto en Europa. Así surgió la idea de un gran muro fragmentado que funcionaría como una serie de lienzos para la inscripción del visitante, quien, ante la falta de nombres y fechas, podía inscribir, efímeramente, el nombre de su ser querido o una reflexión. Con el paso del tiempo, la textura de los muros se degradaría, planteando así una sobria metáfora sobre la memoria, la violencia y el paso del tiempo que poco tenía que ver con las demandas de visibilización del MPJD y con la lucha por desentrañar las consecuencias de la guerra como supuesta política de seguridad.

En la construcción del monumento participó personal militar y se reportó la utilización de recursos incautados al crimen organizado. A pesar de que el monumento fue concluido en el tiempo previsto, días antes del fin de sexenio, no fue inaugurado por Felipe Calderón. La inauguración fue repetidamente retrasada e incluso se pensó en la demolición del espacio. Este episodio significó un segundo gesto de rechazo, ahora proveniente de los círculos oficiales, quienes rápidamente dejaron de interesarse en su promoción. Fue hasta el inicio del actual sexenio que el memorial fue inaugurado, después de distintas movilizaciones y gestiones por parte de las organizaciones involucradas, el CACM y los arquitectos.

El proceso detrás de la creación del monumento ha continuado permeando las actitudes y percepciones de la sociedad en su conjunto. Son contadas las ocasiones en que el espacio ha sido utilizado con la función con que fue planteada; entre ellas resalta la acción emprendida por el Comité 68, el que, mediante la colocación de lienzos sobre los muros, cambió el nombre al Memorial a las Víctimas de la Violencia de Estado y colocó alrededor de 8 mil nombres de víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, feminicidio y tortura entre 1957 y 2016, año dela última jornada de colocación de lienzos. La intención del Comité 68 era inscribir el relato del memorial dotándolo de contenidos históricos que remitieran a casos concretos en los que el común denominador era la participación del estado en la violencia y la impunidad. Con la intervención del Comité 68, un gesto de denuncia recorre al memorial.

Esta experiencia ejemplifica las implicaciones de plantear proyectos memoriales en los que se limita la participación, la reflexión y la discusión para presentar guiones conmemorativos que encubren las experiencias que supuestamente conmemoraran. No se nombra lo ocurrido sino que se trata de inscribir en el espacio público versiones cómodas para ciertos círculos oficiales, las cuales a su vez abonan a la impunidad y la opacidad. El resultado es la creación de espacios poco significativos para aquellos cercanos a las víctimas y para la sociedad en general. Al igual que sucedió siete años atrás, cuando el MPJD pidió la instalación de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes de la guerra contra el narcotráfico y para conocer las identidades de las víctimas, ahora los damnificados piden una instancia similar en la que se investiguen a fondo las razones del colapso de los edificios, así como las respuestas que se dieron en la atención a las víctimas. Esto apunta a una demanda por tener una comprensión amplia, profunda y a detalle de lo sucedido, así como a un rechazo total a la propuesta de una memoria que crea posible prescindir del conocimiento de lo acontecido. A diferencia de lo que ocurrió con el MVVM, ante la ola de críticas y descontento generado, la construcción del memorial del sismo del 19 de septiembre ha sido puesta en pausa hasta lograr un consenso amplio sobre su contenido y significado.

ileana730@gmail.com

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