Valor histórico parralense

por Jorge Domínguez Luna *

A propósito de la denuncia del Instituto Nacional de Antropología e Historia por la demolición de una casona ubicada en el casco histórico de Parral, Chihuahua, el pasado 30 de abril, y el conflicto con las autoridades municipales producto de la cancelación de los trabajos para instalar en el mismo sitio “la escultura ecuestre más grande de Pancho Villa”, vale la pena reflexionar sobre el papel del INAH en la protección y preservación del patrimonio nacional y , especialmente, la manera en que el valor histórico es asimilado por sectores de la población que no son profesionales de las ciencias históricas.

El caso de Parral puede servir de ejemplo dado que, sin negar lo aberrante que resulta el proceder de las autoridades locales, evidencia una manera de entender y construir el valor histórico. Esto es, el hecho de que la autoridad en Parral concibiera viable y necesaria la destrucción de un inmueble catalogado en 2001 como monumento histórico para, en su lugar, colocar una megaescultura, supone que para alguien —evidentemente no especializado— el valor histórico del sitio se sustenta en el hecho de haber atestiguado el último aliento del también llamado Doroteo Arango y no, como señala el comunicado del INAH, por las características arquitectónicas y constructivas originales de la casona ni por haber pertenecido a las haciendas que posteriormente darían origen el casco de la ciudad.

Igualmente, los medios de información que dieron cuenta de la negligencia centraron su atención sobre la coincidencia de haber sido el sitio donde murió Pancho Villa. Unos cuantos señalaron que como parte del proyecto se pretende retirar una estatua de Benito Juárez que fue colocada para recordar que durante cinco días (del 1 al 5 de octubre de 1864) el palacio municipal fue sede del itinerante gobierno de la república, mientras que otros pocos —aquellos que replicaron íntegro el boletín del INAH— dieron cuenta de las razones por las que la casona apareció en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.

Respecto del retiro de la efigie de Juárez, el hecho supone, además, una jerarquización de “los héroes que nos dieron patria”. Sustituir la imagen del único presidente que produce un día feriado en el calendario escolar es un asunto de grandes ligas y lo es más porque no está en juego una visión de la historia ni una posición política, puesto que ambos personajes son catalogados como de lo mejor que ha nacido por estas tierras. Es simple y llanamente un asunto de significación donde, al parecer, para las autoridades de Parral representa más la figura de Villa que la del Benemérito. Más aún, podría inferirse que se trata de la transmisión de mejores valores (lo que sea que eso signifique), pero también de una mayor trascendencia respecto de la historia local, quizá porque la separación de la iglesia y el estado en Parral no incidió tanto como las acciones de la División del Norte. O quizá sólo porque la memoria no es tan amplia como para ir más allá del siglo XX. Difícil saberlo si dichas acciones son, como casi siempre, producto de decisiones personales de carácter más emotivo que racional.

Paralelamente, resulta preocupante que el conflicto haya alcanzado una suspensión hasta principios de julio cuando el INAH clausuró las obras para la colocación de la nueva escultura, siendo que la demolición ilegal tuvo lugar más de dos meses antes. Ello implica que desde el 30 de abril y hasta el 6 de julio el INAH no pudo, en el mejor de los casos, detener las obras que dañaron intencionalmente una zona de monumentos. Hasta el momento no existe un responsable legal ni administrativo por el daño irreparable que se produjo al patrimonio histórico; lo más cercano son los 19 trabajadores que fueron presentados ante la Procuraduría General de la República por realizar labores de limpieza posteriores a la demolición y los cuales fueron rescatados por el propio alcalde de Parral.

Es posible que el episodio sea uno más de tantos que ocurren a lo largo y ancho del país, que sea una muestra de que el INAH está rebasado en sus funciones y de que transformar un consejo en secretaría no contribuyó a mejorar la política pública respecto de la cultura. Pero sí debe ser un motivo más para llamar la atención respecto del riesgo en torno a la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural.

Casos como el de Parral, la ampliación de un hotel en el cerro de San Miguel, la construcción del Museo del Chocolate en Chichén Itzá, la demolición de la capilla del Santo Cristo en San Pablo del Monte (Tlaxcala), la demolición de una casa en San Martín Texmelucan y otra, el año pasado, que data del porfiriato en la zona rosa en la ciudad de México son suficientes y probablemente demasiados para suponer que existe una crisis en la conservación del patrimonio. En algunas ocasiones, quizá las más, esto parece ser consecuencia de la preferencia por el desarrollo económico. En otras tantas, parece resultar del poco o nulo conocimiento que la población en general tiene respecto de las zonas e inmuebles objetos de conservación y, mucho menos, del sentido del mismo.