por Jorge Domínguez Luna *

El 2 de febrero de 1861 mediante un decreto firmado por el entonces presidente, Benito Juárez, el gobierno mexicano secularizó “los hospitales y establecimientos de beneficencia” que hasta la fecha habían administrado las órdenes religiosas. A partir de ese momento, el estado ha operado y administrado ininterrumpidamente diversos tipos de establecimientos destinados al cuidado de la salud pública. El primer paso para el establecimiento de un sistema de salud financiado y administrado completamente por el estado es un buen ejemplo para demostrar que la forma y el sentido con que los distintos gobiernos atendieron el asunto dice mucho sobre las prioridades y las intenciones de éstos. Es decir, la enajenación y secularización de los hospitales en el siglo XIX fue consecuencia del conflicto del grupo liberal con la iglesia antes que un sincero interés por responsabilizarse de la salud pública y ello se evidenció con los problemas operativos y presupuestales que presentaron los hospitales de la época.

Así, no es fortuito que durante el porfiriato se construyera el moderno Hospital General basado en sus pares ya existentes en París y Berlín. Ni que el servicio social para los médicos se implementara en los años treinta para solventar la escasez de profesionales de la salud en zonas rurales. O que la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y, más tarde, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abonara a la ilusión del estado de bienestar. Todos son ejemplos de la utilidad política que ha tenido el cuidado de la salud en distintas épocas.

Como éstos y otros tantos ejemplos, el desmantelamiento del sistema de seguridad social desde finales del siglo pasado refleja la idea y el sentido del estado que han imperado las últimas administraciones. Por supuesto que, en la mayoría de los casos, dichos conceptos no son expresados públicamente ni, mucho menos, empatan con los discursos sobre la materia. El discurso y los hechos caminan en direcciones opuestas; la crisis en los sistemas de salud pública y seguridad social provocada desde el gobierno es prueba irrefutable de ello.

Por todo lo anterior, el nombramiento del ex rector de la UNAM, José Narro Robles, al frente de la Secretaría de Salud —anunciado el pasado 8 de febrero—, no es cosa menor en la vida pública del país. Primero, porque el también ex director de la Facultad de Medicina asumió un espacio de la administración federal tan sólo 84 días después de salir de la torre de Rectoría. Lo hizo a pesar de las acusaciones en su contra para imponer al candidato de Los Pinos, Sergio Alcocer, como su sucesor en la máxima casa de estudios. A la distancia y con una lectura entre líneas, el hecho permite malpensar y otorgar más que el beneficio de la duda a las versiones que denunciaban el sometimiento del entonces rector a los intereses gubernamentales y, sobre todo, el intervencionismo oficial en los asuntos universitarios. Ni pensar en las especulaciones que hubieran surgido en caso de que la junta de gobierno de la UNAM se hubiera decantado por tan versátil funcionario.

Segundo y más importante, porque el sentido común permite pensar que Narro Robles tendrá, entre sus prioridades, la misión de continuar, acelerar y, si es posible, concretar la privatización (disfrazada de reforma) del sistema de salud pública que, según cifras oficiales, atiende a cerca de 58 millones de ciudadanos. Ello, a pesar de lo dicho por Peña Nieto en la ceremonia de protesta al cargo donde solicitó al nuevo secretario “la ampliación de la cobertura de atención médica” y “mejorar la calidad de los servicios del país” (según reportó La Jornada), que bien entendido significa incrementar el número de derechohabientes, que no es lo mismo que aumentar la capacidad real de atención, y concesionar al sector privado servicios altamente demandados debido a su “supuesta” mejor capacidad técnica y operativa (sin omitir la disminución de personal contratado directamente por las instituciones públicas).

Sangría

Cierto es que la designación de Narro nada tiene de ilegal, pero muestra torpeza política de ambas partes en el tratamiento del tema. No sólo porque, probablemente, los universitarios actuales y pasados hubiéramos preferido que su luto fuera más prolongado, aunque no por su imagen sino por lo que durante ocho años representó en la vida pública del país. También porque la premura del nombramiento pone en entredicho la existencia de autonomía durante la gestión de Narro, en el mismo sentido que la opinión pública ha cuestionado la independencia del magistrado —y amigo del presidente— Eduardo Medina Mora en el máximo tribunal tras haber sido funcionario calderonista y peñista.

”La forma es fondo”, decía Jesús Reyes Heroles: en el caso del nuevo responsable de la salud pública en el país parece que la forma lo dice todo. Las críticas y oposiciones al oficialismo durante ocho años fueron producto del personaje que interpretaba y no de convicciones personales. Ahora, lo importante será saber si el nuevo personaje que interpreta Narro Robles exigirá una obediencia total a las políticas públicas que atentan contra el interés general y ética profesional de los médicos y, por supuesto, si el secretario maneja el rango necesario. Orquestar, aprobar y ejecutar la reforma al sistema de salud pública que permita la universalización y, por ende, la paulatina privatización de los servicios públicos en la materia parecería un papel más acorde a un tipo extremadamente ambicioso, políticamente hambriento, implacable y sin escrúpulos, algo así como Aurelio Nuño o más cercano al ex director del IMSS, José Antonio González Anaya.

José Narro no es el primero ni será el último rector en ocupar cargos públicos antes o después de su gestión. En caso de tener éxito, su desempeño como funcionario público podría ser más recordado que su gestión al frente de la UNAM. Y no necesariamente por las razones correctas.

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