Garantías individuales

por Wilphen Vázquez Ruiz *

Ya sea que se considere que el devenir histórico se forma por una serie de sucesos que se concatenan en forma lineal, circular o en espiral, lo cierto es que el establecimiento de límites para fijar una periodización determinada es una herramienta y una práctica ineludible para todo historiador.

Oficialmente, en unas horas, 2015 habrá concluido y con su término vendrá una oportunidad para reflexionar nuevamente sobre algunos de los acontecimientos que a lo largo de un año se han presentado en nuestro atribulado país. Ya sean de carácter político, económico, social o cultural, la gran mayoría de los que se ha tomado nota en este espacio han dejado una huella cuyos orígenes siempre conviene rastrear para su entendimiento y, acaso, para intentar transformar algo de la realidad que nos envuelve. En este año, de manera particular, la que hoy es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumplió un cuarto de siglo de labores, que reflejan los éxitos y fracasos que nuestra sociedad ha conseguido y experimentado en las últimas décadas.

A primera vista podría pensarse que, como en otros asuntos, nuestro país arribó con cierta tardanza a la discusión sobre los derechos humanos. Sin embargo, una mirada más profunda revela lo contrario. Por supuesto, la discusión sobre el tema es muy añeja: ya en el ámbito grecolatino se discutía quién podía ser tomado como un ciudadano con los derechos y obligaciones que ello traía consigo. En cuanto a la concepción moderna de los derechos humanos, el antecedente más remoto, que no el único, es la magna carta —que por cierto en 2015 cumplió 800 años de haber sido redactada—, la cual limitó los poderes de Juan I de Inglaterra cuando éste cometió una serie de excesos que afectaron no sólo a los siervos de la corona sino también a los barones (cuando el rey impuso un conjunto de tributos que afectaban seriamente la situación y el poder económico de la nobleza). A partir de la firma de este documento los monarcas, ingleses primero y británicos después, no podrían estar por encima de la ley, al tiempo que se estableció que ningún hombre podría ser detenido, encarcelado o privado de sus bienes ni de sus derechos, salvo por una sentencia judicial dictada por sus pares o por la ley del reino.

Hay que señalar que la magna carta de 1215 no era una constitución en el sentido actual del término ya que no contenía derechos, sino prerrogativas o concesiones que carecían de la naturaleza de la que está dotado un derecho subjetivo. No obstante, su importancia fue tal que se le considera como el primer antecedente de lo que actualmente se entiende por derechos humanos. En el resto del continente europeo, el camino de estas discusiones fue tan largo como accidentado, y se ha prolongado incluso hasta nuestros días. Empero, para esta discusión el descubrimiento del Nuevo Mundo fue particularmente significativo en este proceso. ¿Por qué?

Fragmento de John Sealing the Magna Carta, 1215, de Frank Wood (1925). Sunderland Museums

Fragmento de John Sealing the Magna Carta, de Frank Wood (1925). Sunderland Museums

Al encontrarse con las culturas indígenas del continente, los europeos tuvieron que preguntarse, entre otras cosas, si los habitantes de estas tierras podían ser considerados humanos o no. Si lo eran se les tenía que pensar como súbditos del monarca correspondiente (ya fuera el de Inglaterra, España, Francia o Portugal), lo que de ser el caso les otorgaría, si no derechos, sí un conjunto de prerrogativas que incluirían su defensa por parte de la corona. Por ejemplo, esta discusión fue sostenida entre 1550-1551 por Bartolomé de las Casas, quien abogaba por los indígenas, y Juan Ginés de Sepúlveda, quien defendía la tesis de la guerra “justa” en contra de éstos. Al final, los indígenas americanos fueron considerados como seres humanos pero sin la capacidad de razonamiento que caracterizaba a los europeos, lo que dio pie a todo un sistema jurídico muy complejo en el que ambos grupos estaban separados.

Al término de la colonia, en México continuaron debatiéndose estos asuntos, siempre con un pensamiento de vanguardia. Es notable que en absolutamente todas las constituciones que se redactaron durante el siglo XIX —ya fueran liberales o conservadoras— se reconociera un estado de derecho universal aplicado a todos los individuos por medio del cual la esclavitud quedaba proscrita. Por hacer una comparación, en Estados Unidos esto no tendría lugar de manera efectiva sino hasta el término de la guerra civil en 1865 —lo cual no resolvió el problema de la segregación legal de los afroamericanos, que continuó hasta la segunda mitad del siglo XX.

De las constituciones mexicanas debemos destacar la “constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos” de 1857, así como la “constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” de 1917. En lo que toca a la primera de ellas, ésta reflejaba los conceptos más avanzados de la época en materia de derecho constitucional, mismo que en algunas de sus vertientes incluía una parte de lo que hoy se consideran como derechos humanos; a saber,

— la abolición de la esclavitud,
— las libertades de expresión y asamblea,
—la enseñanza libre, no religiosa y libre de dogma,
la prohibición de fueros especiales,
— la abolición de la pena de muerte,
— la definición de la nacionalidad mexicana, y
las obligaciones de los conciudadanos

En lo que corresponde a la de 1917, además de contemplar los conceptos más avanzados de la época en la materia, fue la primera en aportar al constitucionalismo universal un cuerpo de preceptos que reconocían los derechos sociales. Como lo señala Beatriz Luna Ramos —ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, aunque el concepto de derechos sociales no se encuentra totalmente definido por la teoría jurídica, no hay duda de que lo “social” que se atribuye a un tipo determinado de derechos y que pueden hacerse valer en contra de personas determinadas o del estado mismo, no debe ser entendido de tal manera que se piense que la sociedad es la titular de estos derechos subjetivos. Únicamente las personas —ya sean físicas o morales— son las titulares de ellos. Se trata entonces de prerrogativas específicas otorgadas en atención a razones fundamentalmente sociales en situaciones sociales específicas. Como ejemplo están los derechos indígenas, de la mujer, de los niños, de los migrantes y de los trabajadores.

Debemos mencionar que, a pesar de su vinculación, los derechos sociales se diferencian de los derechos humanos en que estos últimos son producto de concepciones que parten de la idea de que los individuos, por el solo hecho de serlo, cuentan con prerrogativas anteriores a las que marca el derecho positivo, que se refieren al conjunto de normas establecidas por una soberanía, predominando incluso sobre ellos. Por tanto son inherentes a cada persona e indispensables para asegurar la supervivencia, el desarrollo físico e intelectual y la convivencia.

Todo esto nos conduce finalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, además de los antecedentes conocidos del siglo antepasado, tiene entre sus ancestros a la Procuraduría Federal del Consumidor (1975), la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM (1985) y la Procuraduría Social, establecida por el otrora Departamento del Distrito Federal, entre otras organizaciones.

Durante la década de 1980, el resquebrajamiento del antes partido hegemónico obligó a éste a aflojar ciertas ataduras con las que mantuvo firmemente sujeta a la sociedad civil durante décadas. Ante la debacle económica de esos años y la necesidad de legitimación por parte del régimen tras el proceso electoral de 1988, al año siguiente la Secretaría de Gobernación creó la Dirección General de Derechos Humanos. Poco después, en 1990, nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora desconcentrada de la SEGOB, y en 1992 fue elevada a rango constitucional como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. En 1999, finalmente, el organismo fue dotado de una autonomía plena tanto en su gestión como en su manejo presupuestario modificando su nombre al actual: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo más importante de esta última reforma fue que contemplaba la figura del ombudsman quien, a través de una serie de mecanismos, estaría facultado para la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos, así como de quienes, por una razón u otra, se encontraban en nuestro territorio. Todo ello por medio de una serie de programas, entre los que destacamos la Dirección General de Atención a la Discapacidad, los asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, la atención a víctimas del delito, el combate a la trata de personas, la defensa de los periodistas y los defensores civiles, la atención a migrantes y pueblos y comunidades indígenas, y la búsqueda de desaparecidos

Algunos datos fácilmente accesibles pueden darnos una idea de los problemas a los que se enfrenta la CNDH. Por ejemplo: el Instituto Nacional de las Mujeres y el INEGI señalan que a comienzos de la primera década del siglo XXI, el 90 por ciento de las mujeres había llegado a ser sujeto a la violencia física. En cuanto a la trata de personas, un informe desarrollado por la ONU indicó que en 2008 cerca de 31 mil individuos fueron víctimas de la trata de personas, más de 49 mil en 2009 y más de 33 mil en 2010.

Sobre los desaparecidos, los datos oficiales señalan que de 2007 a la fecha 25 mil personas tienen ese estatus. Al mismo tiempo, medios internacionales señalan a México como uno de los países más peligrosos para el periodismo crítico y uno en los que priva la impunidad. ¿O alguien recuerda algún castigo por las muertas de Ciudad Juárez o del estado de México, por la muerte de los infantes de guardería ABC, por el asesinato y desaparición de personas en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, o por el maltrato a los migrantes centroamericanos?

Por supuesto, estamos lejos de proclamar que no se necesita de la CNDH; su existencia es absolutamente necesaria. Pero no puede ser aceptada con una administración tan aberrante y pusilánime como la que entre 2009 y 2014 encabezó Raúl Plascencia Villanueva, quien rebajó la estatura moral de la comisión a niveles impensables. Toca el turno ahora a Luis González Pérez, quieen, a diferencia de su antecesor (por lo menos hasta ahora), ha manejado un discurso de autonomía de la comisión con respecto al gobierno federal y dado muestras de un cambio que de mantenerse puede llegar a ser significativo. Sin embargo, tendremos que esperar —no mucho— a que aparezcan nuevos indicadores para conocer si el nuevo ombudsman está a la altura de las circunstancias.

Como la mayoría de los asuntos que han sido abordados en este espacio, el tema de la CNDH no puede entenderse a cabalidad sin una mirada histórica que nos conduzca a la construcción de algo nuevo. Por supuesto, no podemos recordarlo todo; pero si aprovechamos la reflexión a la que nos invita el inicio de un nuevo ciclo anual, nos percataremos de que en la medida que recordemos y defendamos lo que ha sido ganado por la sociedad, será posible deshacernos de los lastres que nos atan a un presente con poco o ningún futuro. El derecho y la historia, lo mismo que el resto de las disciplinas sociales, humanas y científicas tienen la obligación de trabajar en ello.

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