Ocultar al ejército

por Diana Ávila *

La investigación científica que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” rechazó la versión oficial simplificada y publicada con insistencia por un fatigado Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR). En esta investigación independiente se analizó el conjunto de omisiones e inconsistencias y contradicciones de las declaraciones de los agentes policiales, del ejército y de los miembros de Guerrero Unidos que presentó la PGR como la prueba irrefutable de que los estudiantes normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula.

Por medio de las declaraciones rendidas ante la PGJ y la PGR, documentos oficiales, testimonios de los sobrevivientes y familiares de los normalistas, el GIEI construyó una visión mucho más compleja y plausible de los ataques que se desarrollaron en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 y de su principal motivación. De acuerdo con el Grupo, los estudiantes de Ayotzinapa sufrieron al menos nueve ataques coordinados que incluyeron “el bloqueo, disparos a matar, golpizas, preparación de acciones de emboscada, [y] persecución durante largo tiempo” («Informe Ayotzinapa»: 313). Los sucesos, además, implicaron la movilización de un gran número de agentes policiales y de elementos del ejército y dejaron como consecuencia más de 180 víctimas directas entre quienes fueron ejecutados de forma extrajudicial, heridos, perseguidos, atacados y desaparecidos de manera forzada; y al menos 700 víctimas indirectas, entre quienes se cuentan en primer lugar los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.

Hace casi un año. Una luz por Ayotzinapa (Fuente: www.izq.mx).

Los resultados de la indagatoria del GIEI también descartaron que el móvil de los hechos haya sido la infiltración del grupo criminal Los Rojos en el grupo de normalistas con la finalidad de atacar a María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF y esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ambos con estrechas relaciones con los Guerreros Unidos. La magnitud del ataque y el análisis de las deficiencias y omisiones en la investigación oficial con respecto a un quinto autobús ocultado en las indagaciones posteriores, generó perspicacias entre los expertos independientes que lo han señalado como uno de los elementos clave de la investigación.

Un acercamiento al modus operandi de los Guerreros Unidos dejó entrever que este grupo delincuencial ha maquinado una ruta de comunicación entre la ciudad de Iguala y Chicago a donde se transportaron entre 2013 y 2014, 183 kilogramos de heroína de alta calidad con valor de hasta 11 millones de dólares por medio de transportes de pasajeros modificados con paneles ocultos. El GIEI ha establecido como probable hipótesis del móvil de los ataques, el impedir la salida de los autobuses de la ciudad de Iguala y/o evitar su circulación, ya que podría ser probable que en su interior se hubieran transportado drogas o dinero.

El estigma que pesa sobre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa por su constante participación social y política en la región no sólo facilitó que se produjera un ataque de dicha magnitud, como lo señalan los expertos. Su criminalización también se reprodujo en la versión oficial como una forma de justificar el ataque contra los jóvenes. Lo que el informe del GIEI muestra —aunque sin hacerlo del todo explícito— es una eficaz coordinación de las diferentes corporaciones policiales y el ejército por medio del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo o C-4, un sistema de comunicación que permite la concertación de esfuerzos humanos y medios.

De ser comprobada la hipótesis del GIEI, esto implicaría que no fueron los normalistas quienes estuvieron infiltrados por el crimen organizado, sino las diversas corporaciones policiacas y el ejército. De especial importancia, en ese sentido, es la parte de la investigación en que se informa que hay dos momentos en que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) restringe para sí las comunicaciones del C-4: precisamente aquellos que prosiguen a dos de los ataques durante los cuales se llevó a cabo la detención y la desaparición de los jóvenes normalistas. También está la constante presencia de los militares en los ataques de esa noche y el hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón con signos de tortura, implementada como una práctica de guerra psicológica más bien dirigida a sus  compañeros y familiares.

Sin embargo, las noticias sobre la connivencia del ejército con los grupos delincuenciales no es cosa nueva; se sabe por fuentes militares que hay un gran número de desertores que se han unido al crimen organizado. En el caso particular de Guerrero, durante el gobierno de Felipe Calderón desertaron más de 500 efectivos pertenecientes a la 27 y la 35 zonas militares que controlan el estado. En marzo de 2014 el 40 batallón de infantería, con sede en Ciudad Altamirano y jurisdicción en la región de tierra caliente, fue cambiado a San Luis Potosí supuestamente por estar infiltrado por el narcotráfico. Asimismo, se reportó que en seis años, el 27 batallón de infantería con sede en Iguala había presentado 79 deserciones de las cuales 15 pertenecían a un batallón de fuerzas especiales, sin aportar información sobre cuántos de ellos contaban con “preparación especial en el uso de la información y tácticas de propaganda, guerra sicológica e infiltración de grupos enemigos”.

En la larga historia de desaparición forzada en el estado de Guerrero, el 27 batallón de infantería ha tenido una lamentable participación. Durante la mal llamada “guerra sucia”, dicho batallón se ubicó en el municipio de Atoyac y tuvo una amplia participación en la estrategia del ejército mexicano en contra de la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP), comandado por el profesor normalista y egresado de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos. Durante esta época la acción del 27 batallón consistió en el desplazamiento forzado de poblaciones enteras a otras de mayor tamaño para asegurar un control férreo. Varios poblados también fueron bombardeados (Los Cajones, de Corrales de Río Chiquito) y se practicó de forma común la tortura, la detención, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de sociedad civil y combatientes armados, prácticas que se generalizaron y se implementaron de forma sistemática hacia la década de 1970 (véase el Informe de la Femospp, en especial el capítulo 6 “La guerra sucia en Guerrero”).

Hoy en día resulta de gran dificultad la investigación sobre los grupos armados en Guerrero como el propio PDLP y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) liderada por Genaro Vázquez Rojas. Ha sido constante la reserva y el ocultamiento de una parte de la documentación oficial desclasificada durante el gobierno de Vicente Fox proveniente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), agencias de la policía política durante la segunda mitad del siglo XX en México. Si a 50 años del inicio de la guerrilla contemporánea en el estado de Guerrero y de su combate por las Fuerzas Armadas de México, aún persiste un espacio de oscuridad y secrecía que dificulta la investigación y el esclarecimiento de los procesos históricos del pasado, es porque existen relaciones causales y paralelismos entre ambos procesos separados en el tiempo. Resulta imperativo seguir ejerciendo presión para que la PGR abra las líneas de investigación que coadyuven al conocimiento de la verdad. Ello podrá también tener como consecuencia la resolución de los hechos del pasado en Guerrero. De lo contrario, como afirmaba ya Walter Benjamin, “tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer”.