por Dalia Argüello *

Fracking es un término inglés para referirse a la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional (gas shale, de esquisto o de pizarra). Consiste en la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca con la inyección a presión de grandes cantidades de agua con arena y una serie de aditivos químicos. Con esto el gas se libera y asciende a la superficie a través de un pozo. Se calcula que la vida útil de una veta de roca rica en gas es de entre dos o tres años, por lo que rápidamente se van perforando nuevos pozos que ocupan amplias áreas.

De acuerdo con información recabada por la Alianza Mexicana contra el Fracking y otras organizaciones ambientalistas y sociales, son muchos los riesgos alrededor de esta práctica que ya se practica en algunas regiones de México y está a punto de iniciarse en otras con la implementación de la reforma energética. En términos ambientales, los posibles daños ocasionados por el uso del fracking son la sobreexplotación de las fuentes de agua y el riego de que, en zonas con escasez, se privilegie a la industria petrolera por encima del consumo humano. La fracturación en un solo pozo requiere entre nueve y 29 millones de litros de agua; se calcula que solamente en el estado de Veracruz, Pemex tiene planeado perforar 14 850 pozos usando fracking).

Asimismo, se corre el riesgo de contaminar el subsuelo: en Estados Unidos existen más de mil casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la fracturación hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad, metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radioactivos, que pueden filtrarse al subsuelo. Finalmente existe el riesgo de emitir tóxicos al ambiente (como de metano, que contribuye al efecto invernadero), provocar daños a la salud en las zonas aledañas, por la contaminación atmosférica y del agua, así como el deterioro de los ecosistemas y la deforestación en las zonas donde se abren los pozos.

Aunque países como Francia, Bulgaria, Alemania y algunas regiones de otros ocho países, como el estado de Nueva York han prohibido esta práctica —sólo en Estados Unidos existen 450 resoluciones locales contra el fracking—, en otros sectores, y especialmente en la industria, también son muchos sus defensores. Ante la creciente demanda de energía —se calcula que para 2035 se habrá incrementado en un 41 por ciento—, las grandes petroleras apuestan por la expansión del fracking en todo el mundo.

Debido a la aversión a la energía nuclear en muchos países del mundo, el gas natural parece para muchos una de las mejores opciones para el futuro energético; en consecuencia, la fracturación hidráulica cobra vital importancia. Varios expertos en energía y materias primas ven en el gas natural la fuente de energía más barata, limpia y eficiente, por ejemplo para el transporte (gracias a su precio), su abundancia mundial y por ser una energía mucho más limpia que el petróleo (véase este reportaje de elEconomista.es).

Sin embargo, académicos y activistas han señalado que el fracking es una alternativa energética costosa e inviable, pues implica altas inversiones, una baja recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos y un deficiente rendimiento energético: mientras los proyectos tradicionales obtienen 20 unidades de energía por cada unidad invertida, los de fracturación hidráulica sólo generan cinco (véase este estudio realizado por la Alianza Mexicana contra el Fracking).

Por otro lado, a partir de la modificación constitucional se pone en riesgo el bienestar de la población y el respeto a los derechos en muchos niveles. Dado que ahora la inversión privada en la industria petrolera es considerada como actividad de utilidad pública, se le puede dar prioridad frente a otros usos del territorio y la garantía de los derechos humanos de la población mediante la figura de servidumbre legal, que permite a las empresas a usar terrenos —para desagüe, paso o acueductos— en contra de la voluntad de la población. Además, dado que ahora el estado comparte las utilidades de la explotación del petróleo con las empresas privadas, esto supone una reducción de los ingresos de la federación —con lo que se afecta principalmente al gasto público.

Como puede verse, y se ha demostrado en distintos espacios, el fracking es una práctica riesgosa. En México podemos imaginar con su aplicación el peor de los escenarios, si tomamos en cuenta que se implementa como parte de una reforma legal que privilegia el interés mercantil y empresarial, y está a cargo de una administración pública que ha mostrado una y otra vez su alianza con las grandes petroleras y no con los derechos y el bien de los gobernados, además de estar caracterizada por exorbitantes niveles de corrupción.

Geografía de la fracturación hidráulica. Mapa tomado de LAB.org)
Geografía de la fracturación hidráulica. Mapa tomado de LAB.org)

En un principio se pensó que el fracking sólo afectaría a la zona norte del país, sobre todo a los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Sin embargo, conforme se ha avanzado en la implementación de la reforma se sabe que los territorios de la Huasteca, el Totonacapan, la sierra Madre Oriental y la llanura costera del Golfo se encuentran profundamente amenazados por esta práctica. La cuenca petrolera de Tampico-Misantla y la plataforma de Tuxpan han sido estudiadas por la Consultora Internacional de Recursos Avanzados para realizar mapas de yacimientos de aceite y gas para ser explotados mediante fractura hidráulica.

Por su parte, en las “rondas” Cero y Uno la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha dispone asignaciones petroleras de exploración y extracción a empresas privadas en una amplia zona que comprende 49 municipios de Veracruz —el 43 por ciento de su territorio, en el que se ubican 21 cuencas hidrográficas y 11 acuíferos—, 22 de Puebla, 21 de Hidalgo y 18 de San Luis Potosí. Esta situación ha alertado a las diversas organizaciones de la zona otomí-tepehua, que se unieron en días pasados a diversas movilizaciones y a la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida encabezada por el pueblo yaqui, al tiempo que preparan un “Encuentro regional norte-golfo por la defensa del agua y el territorio”, que se llevará a cabo en Papantla el 20 y el 21 de junio próximos. Con ello pretenden agrupar la oposición a la práctica de la fractura hidráulica.

Estas organizaciones tienen razón de estar preocupadas, pues con el fracking —alrededor del fracking— se cierne una amenaza contra los derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la autodeterminación y el desarrollo de los pueblos, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, y también a la no discriminación, a la propiedad, al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, a la libertad de expresión, de información, de participación, al acceso a la justicia, al medio ambiente sano, a la salud, al agua y al saneamiento, a la alimentación, a la vivienda adecuada, y hasta al principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Pero no la tienen fácil. Gracias a la reforma energética, la constitución avala la extracción de gas con esta técnica tan discutible.

A una semana de las elecciones en las que se elegirán a los miembros de la cámara de diputados federal y casi una decena de congresos locales, vale la pena pensar en los alcances de la actividad legislativa en la vida de los ciudadanos y los pueblos. Cabe recordar la opacidad con la que se aprobó la reforma energética que abre las puertas al fracking en el país, y no hay que olvidar que fueron los congresos locales los que en apenas cinco días avalaron los cambios constitucionales: en Nuevo León, por ejemplo, los legisladores requirieron sólo tres minutos para avalar la enmienda, mientras que en Sonora se tomaron apenas siete minutos. Asimismo hay que recordar que fueron 354 diputados federales —del PRI, el PAN, el Verde y Nueva Alianza— los que aprobaron el cambio más relevante de las últimas décadas en materia energética. En apariencia, lo que está por decidirse es la proporción que ocupará cada partido en el congreso; pero con el reparto del poder en la cámara y en las legislaturas locales se estará decidiendo también si se aceleran o se frenan proyectos e iniciativas tan nocivas como el fracking.

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