Controlar la información

por Halina Gutiérrez Mariscal *

En 1990, en medio del coloquio El siglo XX: La experiencia de la libertad, que dirigía Enrique Krauze y que estaba siendo televisado en vivo, Mario Vargas Llosa dijo con todas sus letras que no podía exonerarse a México de la tradición de dictaduras latinoamericanas y que, por el contrario, México era la dictadura perfecta, que distintos gobiernos latinoamericanos habían intentado emular sin éxito. (Aquí está el video.)

Incomodando cada vez más a sus interlocutores, entre los que se encontraba Octavio Paz, el peruano aseguró que el régimen del PRI encajaba en la descripción de dictadura en al menos dos aspectos: la permanencia e inamovilidad del partido en el poder y la incapacidad del gobierno en sus manos para generar justicia social y una mejor distribución de la riqueza.

El acento del novelista radicaba, desde mi punto de vista, en la habilidad del régimen mexicano para mantener el poder y ejercerlo de manera autoritaria pero con un constante afán por aparentar formas democráticas. Según Vargas Llosa, el PRI había suprimido por todos los medios —incluso los peores— toda crítica que pusiera en peligro su permanencia en el poder, pero paralelamente había creado una retórica de izquierda que lo justificaba y para la cual reclutó, a lo largo de su historia, a los intelectuales. Vargas Llosa aseguró que no había ningún otro caso de dictadura en América Latina que hubiese reclutado de manera tan eficiente al medio intelectual sobornándolo a través de trabajos y nombramientos para cargos públicos, sin exigir una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares sino pidiendo una actitud crítica. Ésa —señaló— era la mejor manera de garantizar la permanencia del partido en el poder, era la dictadura perfecta.

En aquel momento en México ya se hablaba de una transición a la democracia. El régimen de Carlos Salinas gestionaba la creación del Instituto Federal Electoral y tenía pocos meses de haber instalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cuando en 2000 se alcanzó la alternancia en el poder y un partido distinto del PRI consiguió a través del voto la titularidad del ejecutivo, los estudios y discusiones sobre la democracia mexicana proliferaron y hubo posturas de todos los tonos. Unos afirmaron que no existía tal democracia y otros en el extremo contrario dieron por culminado el proceso de democratización, otorgando a la alternancia de partidos la cúspide del carácter democrático de un régimen.

Si bien los gobiernos panistas hicieron un intento por desmarcarse del estilo de gobierno que les precedió —uno de los aspectos que los historiadores recibimos con entusiasmo y despedimos con desencanto fue la creación y pronta desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado—, los grandes escándalos en torno a las elecciones de 2006, por ejemplo, o la declaración de guerra al narcotráfico, que no ha cesado de causar la muerte de miles de personas en el país y de corromper a funcionarios gubernamentales de todos los niveles, pusieron en entredicho la tan aplaudida transición a la democracia y el estado de derecho.

Si definimos la democracia como la forma de gobierno en la que los representantes se eligen de manera libre, por sufragio universal y en condiciones de inclusión, en la que el gobierno ejerce el poder bajo el estado de derecho y sometido a la total vigilancia y control de los ciudadanos y promueve la rendición de cuentas, y en la que los ciudadanos gozan de una representación efectiva y de amplias libertades, entonces podría decirse que la democracia tiene, efectivamente, dimensiones que pueden medirse, y que de alguna manera funcionan para calificar a los diversos regímenes como democracias o no y, en caso de serlo, medir qué tanto han alcanzado al respecto.

Hay consenso entre los especialistas en el tema para señalar como dimensiones de la democracia varios aspectos:

•  Legalidad del régimen: implica todo lo relacionado con las elecciones, su organización y la participación ciudadana en las mismas.
• Respeto a los derechos políticos y las libertades civiles: apunta a la garantía de los derechos individuales y a cuestiones de igualdad, de género, de seguridad e inclusión.
• Calidad institucional y eficiencia política: incluye cuestiones sobre el estado de derecho y la rendición de cuentas. En este punto se incluyen las condiciones para el ejercicio de una prensa libre, para el acceso a la información y la participación ciudadana en las decisiones públicas.
• Ejercicio de poder efectivo para gobernar: implica el uso eficiente de recursos para alcanzar justicia social y superar de los índices de pobreza, así como la promoción por parte del estado del bienestar y la equidad.

¿Cómo diría usted que le iría a nuestro actual régimen si le aplicamos un examen en cada una de las dimensiones señaladas? Con base en el último informe del Índice de Desarrollo Democrático (2013) puede llegarse a diversas conclusiones. Sin embargo, nadie podría negar que el último año ha estado lleno de situaciones de ponen en entredicho el carácter democrático de este gobierno. Por citar sólo un ejemplo, podemos hablar del escándalo por las costosas propiedades de la familia presidencial y su pedante resistencia a transparentar el asunto. ¿Y qué podemos decir de la manera en que se ha negado reiteradamente información en torno al caso Tlatlaya o de la ineficiencia con la que se ha intentado esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? El reciente debate en torno al despido de la periodista Carmen Aristegui, quien con sus reportajes ha retratado de cuerpo entero al régimen, ha puesto el dedo en la llaga al momento de hablar de la calidad de la democracia en México.

Si volvemos al punto de Vargas Llosa, podríamos preguntarnos qué tanto el priismo actual ha buscado emular a su antepasado en la búsqueda de una apariencia democrática, siendo esencialmente un gobierno autoritario. Si bien no podemos hablar de condiciones semejantes a las de hace tres décadas en lo que respecta a un partido único en el poder, este texto pretende subrayar uno solo de los aspectos señalados arriba, contemplados en la medición del desarrollo democrático de un país, para el caso mexicano: la dimensión de la calidad institucional y eficiencia política que, como se señaló, incluye las cuestiones de ejercicio de prensa libre, rendición de cuentas y acceso a la información.

En menos de dos meses, cinco cuestiones han delimitado con claridad un perfil que bien podríamos considerar autoritario para el actual gobierno y que dan una clara idea del control que espera mantener de la información y con ello de la imagen que tanto los mexicanos como los extranjeros tengan del país.

1. En febrero pasado el propio presidente nombró a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública y su primera encomienda fue investigar las propiedad inmuebles —objeto del escándalo— de la familia Peña-Rivera, hecho tal que dejó en entredicho la autonomía de la dependencia.

2. A principios de este mes circuló un fuerte rumor, que ha sido negado en medios oficiales, de que el gobierno mexicano pagó varios millones de dólares a una empresa productora para modificar el guión de una película y con ello salvaguardar la ya estropeada imagen internacional del país.

3. Hace unos días nos enteramos de que la Secretaría de Gobernación canceló el acceso directo a determinados documentos del Archivo General de la Nación correspondientes a la guerra sucia.

4. Hace también unos días, la empresa MVS dio por terminado su contrato con Carmen Aristegui y parte de su equipo de periodistas, quienes al momento de ser despedidos investigaban las propiedades de un funcionario del régimen y el caso Tlatlaya, y que con anterioridad habían puesto al descubierto los casos de Cuauhtémoc Gutiérrez y la red de prostitución que dirigió en el PRI-DF y de la mansión de Angélica Rivera en las Lomas de Chapultepec.

5. Finalmente, el 18 del mes nos enteramos de que la PGR negó a un periodista la entrega de información sobre el caso Tlatlaya, por tercera ocasión, aunque está obligada a hacerlo por órdenes del IFAI.

Aunque todos estos acontecimientos parecen no guardar relación entre sí, hay un denominador común: el afán del gobierno por controlar la información, sobre todo en cuestiones sensibles como propiedades de dudosa procedencia de funcionarios de alto rango, incluido el presidente, y delitos que implican a las fuerzas armadas en el pasado y en el presente. Si partimos de que un régimen democrático busca respetar el derecho de sus ciudadanos a la información, rendir cuentas en tiempo y forma, someterse al escrutinio público y respetar la libertad de prensa, no hace falta mucha experticia en el tema para llegar a una conclusión sobre el desempeño de este gobierno al respecto.

Aunque dos años de gobierno no permiten sacar aún conclusiones contundentes, el perfil que el nuevo PRI se ha ido construyendo se acerca con rapidez al viejo PRI, el autoritario, del que hablaba Vargas Llosa, mientras que, como él mismo dijo, sigue recurriendo al pasado para legitimarse e intentar mantener el poder, como puede verse en este promocional del partido por su octogésimo sexto aniversario, que celebra, para desgracia de muchos mexicanos —me incluyo entre ellos—, con el poder en las manos.