Desdén conmemorativo

por Jorge Domínguez Luna *

La conmemoración del 77 aniversario de la expropiación petrolera que realizó el gobierno federal fue todo menos eso. No sólo porque un gran sector de la sociedad considera que las conquistas alcanzadas mediante el decreto que ordenó la nacionalización de la industria petrolera en 1938 se perdieron con las reformas al sector energético aprobadas por el congreso en 2013. También porque lo hecho y —más aún— lo no hecho este día por la administración que encabeza Enrique Peña Nieto envía un mensaje claro: el legado de la expropiación petrolera debe morir.

Durante la ceremonia que irónicamente tuvo lugar en Paraíso, Tabasco, el titular del ejecutivo federal emitió un discurso de 1 695 palabras, de las cuales sólo 106 —contenidas en cuatro enunciados— aluden a lo realizado mediante decreto por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Casi un tercio de las 311 que utilizó para saludar a los invitados especiales y al público en general, y casi siete veces menos de las 840 —prácticamente la mitad del discurso— que requirió para recordar y ponderar las bondades que la reforma energética generará para Pemex.

Conmemoración oficial

Conmemoración oficial

Dicen los políticos que en política todo es mensaje. Si fuese así, ¿cómo debería ser entendido el desprecio mostrado por el gobierno federal respecto de la conmemoración de la expropiación petrolera? Si acaso el discurso presidencial omitió involuntariamente priorizar lo ocurrido en 1938, resulta una extraña y muy criticable coincidencia que tanto el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, como el director general de Pemex, Emilio Lozoya, olvidaran también que el motivo de la ceremonia a la que asistieron era el 77 aniversario de la expropiación petrolera y no un informe sobre los avances y las promesas de la reforma energética.

En los discursos de ambos es posible comprobar que, cuantitativamente, la reforma energética ocupó la mayor parte de sus palabras. El primero dedicó 27 palabras de las 670 de su discurso hacer alusión a Cárdenas y su decreto, hecho que calificó como “la primera reforma energética mexicana”. El segundo, en un discurso de 1 602 palabras, mencionó la expropiación petrolera únicamente cuando dio la bienvenida a Peña Nieto y le señaló el motivo del acto.

Del mismo modo, las dependencias encargadas de la educación pública y de la política interior del país —de la cual depende la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico— omitieron pronunciarse al respecto, ya sea en voz sus titulares o mediante comunicaciones con carácter oficial. Las únicas excepciones fueron menciones en los calendarios cívico y de efemérides en sus portales de internet (—calendarios que publican en los primeros días de cada año.

Si bien el uso de la historia con el objetivo de legitimar administraciones es una práctica añeja y común, el presente caso muestra eso y su contrario. Es decir, conmemorar (como sea) el 18 de marzo le permite al gobierno federal negar (sin mucho éxito) las acusaciones sobre la privatización del sector energético y legitimar su reforma pero, al mismo tiempo, la celebración en sí misma significa un lastre para implementación absoluta de las políticas mercantiles en Pemex y demás industrias del sector.

La indiferencia mostrada hacia la conmemoración del día de ayer permite inferir que para el gobierno actual la expropiación petrolera se ha convertido en un cadáver que no puede ser olvidado y mucho menos enterrado, pero que ya comienza a apestar. Si hay que mencionarla es mejor hacerlo en voz baja para que pocos escuchen y menos la recuerden. Apostar al olvido también ha sido y es una práctica en la que los priistas tienen amplia experiencia.

Quizá la peor parte del asunto es la simulación, la hipocresía y la cobardía para celebrar algo en lo que no creen, que les resulta incómodo, pero que no borran de los manuales de historia y los calendarios. Aunque, claro, ello no resulta del todo sorprendente en un país donde los muertos se benefician de los programas sociales de todos los órdenes de gobierno y en el que, sin pretexto alguno, acuden a votar en las jornadas electorales a lo largo y ancho del país.

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