Explosión de la norma

por Wilphen Vázquez Ruiz *

Todo momento, se dice entre quienes practican la disciplina histórica, es propicio para la reflexión. En este espacio, y a lo largo de un par de años, nos hemos dedicado a reflexionar sobre aspectos distintos que atañen al quehacer y la reflexión de lxs historiadorxs. En ocasiones, el gancho para llamar la atención del lector se basa en algo coyuntural. Pero nada más lejos de nuestra intención limitarnos a esa coyuntura que, si bien es importante, no revela por sí misma los elementos, actores, intereses y afectaciones que convergen en ella. Después de todo, nada, absolutamente nada en la historia es fortuito; es más, aunque el azar puede afectar el devenir de los acontecimientos, éste no explica por sí solo los procesos históricos y sus manifestaciones.

Lo anterior viene a colación porque en los últimos días de enero ocurrió una explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa que dejó como saldo oficial 70 heridos y cinco personas fallecidas, entre ellas dos infantes. En principio, la explosión se debió al deterioro del equipo de la pipa de gas perteneciente a la empresa Gas Express Nieto. La explicación técnica ofrecida por la Procuraduría General de Justicia del DF indicó que el percance se originó por la fractura de dos tornillos, que suponemos formaban parte de la abrazadera mediante la cual la manguera de la pipa se conectaba a la tubería, misma que terminaba en el tanque de almacenamiento del hospital. Como otras tantas, la compañía se comprometió a llevar a cabo las medidas necesarias para reforzar los estándares de seguridad con los que opera y que ya ha terminado con el proceso de indemnización a los familiares de quienes perecieron en el accidente.

¿Un accidente más entre tantos otros que ocurren a lo largo y ancho del país y que, dependiendo de su magnitud, ocupan las planas principales de los diarios durante unos días? Lamentablemente, sí: tan sólo otro hecho coyuntural que a los pocos días cae en el olvido, y en la ignominia de un sinfín de responsables identificados a través de una investigación bien dirigida y comprometida con el bienestar de la ciudadanía.

Hemos dicho que en la historia nada hay de fortuito. La operación y manejo de una pipa de gas, la compañía a la cual pertenece, los permisos concedidos por parte de las autoridades y la opacidad de éstas, así como la incompetencia e irresponsabilidad de las patrones, empleados y miembros de las brigadas de seguridad, incluyendo la del hospital donde ocurrió el percance, el cuerpo de bomberos y otros agentes involucrados, dan prueba de ello. A partir de una violación de todos los protocolos y obligaciones para mantener la seguridad en los centros de trabajo contemplados tanto por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) así como por las certificaciones ISO vigentes en nuestro país que, más que frecuente, resulta perenne. Pero, con base en la historia, vamos por partes.

Constitucionalmente, la protección a los trabajadores en México está garantizada por el artículo 123. En el artículo también se señala que las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores la capacitación y adiestramiento necesarios para la realización de sus labores y que los patrones serán responsables de los accidentes de trabajo y enfermedades sufridas con motivo del ejercicio de la profesión, quedando obligados a entregar la indemnización correspondiente a los afectados o a sus deudos. Este artículo derivó en la ley federal del trabajo, promulgada en 1931, entre cuyas atribuciones se contaban buscar soluciones a los conflictos laborales a través de la conciliación, desarrollar una política de previsión social y de inspección, así como el crear comisiones y otros órganos preventivos y conciliadores.

En los años ochenta, cuando México ingresó al GATT —antecedente de la Organización Mundial de Comercio— se creó la ley federal sobre metrología y normalización, mediante la cual se establecieron en nuestro país normas que estandarizaran las características y procesos con las que debían cumplir una serie de productos, de lo que derivan las ISO en sus muy diversas versiones. A partir de una reforma presentada durante el gobierno de Salinas de Gortari, se reiteró que esta ley sería aplicable en todo el territorio nacional, dependiendo del ejecutivo federal la vigilancia de su cumplimiento a través de la hoy Secretaría de Economía, la cual reconocería la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, y de los laboratorios de prueba y calibración, así como de las unidades de verificación para la evaluación de conformidad.

¿Qué tiene que ver todo esto con la explosión en un Hospital en Cuajimalpa? Tan simple como señalar que la ley de metrología y normalización reconoce que los procedimientos deben estar en concordancia con las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por las dependencias competentes, las cuales establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un proceso, producto o instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, entre otros puntos.

Con base en lo anterior, la Secretaría del Trabajo ha expedido una serie de normas relacionadas con la seguridad, aplicables en todo el territorio nacional y en todo centro de trabajo. A fin de no cansar al lector, podemos resumir que cuando menos las NOM 001, 002, 004, 005, 006, 010, 018, 019 coinciden en la responsabilidad que tienen los patrones en presentar toda la documentación que acredite que su personal cuenta con la capacitación requerida para el manejo de sustancias peligrosas, así como para la aplicación de protocolos de seguridad dirigidos a la prevención de accidentes. La documentación requerida es emitida tanto por la Secretaría de Economía como por la Secretaría de Transportes —dependiendo de la ISO o NOM de que se trate.

Común a muchas de estas NOM es la referencia explícita de la responsabilidad que tienen no sólo los patrones, sino también de todos los empleados por exigir y participar de los procesos de capacitación y comisiones que prevengan accidentes. Y es así que regresamos finalmente a la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa ocurrida el 29 de enero.

Entre las ventajas que proporciona hacer historia contemporánea está el uso de herramientas como las entrevistas. Así, tuve la oportunidad de entrevistar a unx de lxs paramédicxs que participó en las labores de rescate, que pertenece a uno de los cuerpos de paramédicos manejados por las autoridades de la ciudad de México. La persona entrevistada —cuyo nombre omito— me comentó que todo hospital, de acuerdo con las NOM vigentes establecidas por la STPS debe contar con cuatro brigadas principales: “evacuación”, “primeros auxilios”, “control de incendios” y “comunicación”.

El accidente en Cuajimalpa se debió a una fuga de gas de tal magnitud que generó una atmósfera explosiva cuya detonación provocó los resultados de todos conocidos. ¿Dónde estuvo el error?, ¿quién o quiénes son los responsables? Podría pensarse en primer lugar que fueron los operadores de la pipa de gas, pero, ¿qué hay de las autoridades que proporcionaron su aval para los miembros de la empresa?, ¿qué hay del cuerpo de bomberos que al llegar al lugar antes de la explosión no ordenó la evacuación inmediata de los pacientes? ¿por qué no la tomaron los propios miembros de la brigada de evacuación del hospital? Esta última pregunta es fácil de contestar: porque no estaban en su lugar cumpliendo su obligación —lo cual es una constante, de acuerdo con la información proporcionada por nuestrx entrevistadx.

Y claro que hay más preguntas: ¿la Secretaría de Economía se hará responsable junto con la Secretaría de Transportes por el entrega de la documentación que permitió operar la pipa de gas?, ¿se harán responsables las autoridades del hospital, o de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, por no haber evacuado a tiempo a los pacientes, por no haber ejercido el razonamiento más elemental que dicta que las instalaciones mediante las que una pipa de gas llena los tanques de almacenamiento no deben estar en un área que permita la formación de una atmósfera explosiva y al lado de un cunero? Y como estas preguntas podemos hacer cien, mil si se quiere y la respuesta será la misma: “quién sabe, al fin y al cabo, mañana se les olvida.” Y si no, basta con que el Instituto de la Vivienda local entregue una casa a la madre de uno de los infantes sobrevivientes, que el DIF-DF les entregue despensas durante los siguientes seis meses y becas escolares en tanto que la Secretaría de Salud contrata a la madre y al abuelo del niño sobreviviente.

En mis comentarios en este blog tengo como una constante resaltar la responsabilidad de la llamada sociedad civil y preguntarnos qué tan conscientes o participativos somos para modificar las cosas. No obstante, en esta ocasión, no encuentro la manera de hacer esa pregunta. O, ¿es acaso que los niños dentro de los cuneros fueron responsables de que se les pusiera ahí, o lo fue Jorge Luis Tinoco Muñoz, quien pagó con su vida el intentar rescatar a la mayor cantidad de heridos? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Me avergüenzo, pero más allá de mi indignación carezco de una respuesta. ¿Y ustedes?