por Halina Gutiérrez Mariscal *

I.

Faltaban cuatro días para las elecciones y el principal candidato opositor a la presidencia de la república fue arrestado en Monterrey por “connato de rebelión y ultrajes a las autoridades”. Las elecciones se llevaron a cabo en la fecha prevista y ganó el candidato oficial bajo sospecha y acusación de fraude. Era el año de 1910.

Diecinueve años más tarde, el 17 de noviembre de 1929, el partido oficial instaló en la madrugada las casillas y anunció que tendría resultados al terminar el día. Una gran cantidad de soldados y empleados federales fueron movilizados en los lugares donde el candidato de la oposición tenía mayor fuerza, para votar por el candidato oficial. Al terminar la jornada se denunciaron un sinnúmero de irregularidades: inducción al voto a cambio de dinero o alcohol, insultos y violencia contra quienes solicitaban la boleta del candidato opositor —entonces las boletas eran diferentes para cada candidato—, ocultamiento o extravío intencional de boletas de la oposición y alteración del conteo final. El día de la toma de posesión, el candidato opositor se declaró a sí mismo presidente electo y afirmó que organizaría un “gobierno legítimo”.

Cincuenta y nueve años después, en la noche del 2 de julio de 1988, el sistema de cómputo electoral “se cayó” y con él la certeza de los miles de votantes que apoyaron al candidato opositor.

II.

Los casos anteriores —hablamos de Francisco I. Madero, José Vasconcelos y Cuauhtémoc Cárdenas en su papel de candidatos de la oposición contra Porfirio Díaz, Pascual Ortiz Rubio y Carlos Salinas— son sólo una muestra, un recordatorio de que la historia electoral de nuestro país ha sido accidentada y llena de acusaciones que siempre dejan insatisfecho a un sector de la ciudadanía.

En el contexto de unas elecciones en puerta que serán significativas —es el primer gobierno priista desde 2000, ha llevado a cabo reformas económicas y políticas con muy encontradas opiniones sobre su efectividad y pertinencia, se enfrenta en este momento al desprestigio internacional por el escándalo del caso de 43 estudiantes desaparecidos y su ineficaz resolución, ha debido lidiar con el escándalo, otro, por la revelación de propiedades escandalosamente costosas adquiridas de manera poco clara—, los ciudadanos no dejamos de preguntarnos qué mecanismos efectivos tenemos para que la certeza, por fin, sea la gran protagonista el día de la declaración de ganadores.

Militantes maderistas, abril de 1910.
Militantes maderistas, abril de 1910.

Muchas cosas han ocurrido en materia electoral desde la acusación de fraude de 1910 —legislaciones varias, acusaciones otras de fraude electoral y hasta una “transición” a la democracia— y, sin embargo, a más de un siglo de aquellas históricas elecciones, las autoridades mexicanas aún no han conseguido ganarse la confianza del electorado. Es verdad que el panorama ha cambiado, las condiciones internacionales y locales son harto distintas, las leyes y mecanismos de vigilancia e impugnación se han pulido, pero los mexicanos seguimos sintiendo que la organización de elecciones es una tomadura de pelo que nos sale muy cara. Parecería que la corrupción del sistema va siempre un paso adelante de los avances en materia de legislación electoral.

III.

Desde muy temprano en la vida política nacional, se hizo evidente que, para gobernar con legitimidad, es necesario contar con procesos electorales que generen certeza. ¿Cómo conseguir esa certeza cuando la relación entre ciudadanos y autoridades se construye desde la desconfianza?

Si partimos de que la limpieza de unas elecciones implica condiciones de igualdad para los contrincantes en la contienda y para los votantes en su elección, habrá que admitir que en México los procesos electorales comienzan a ensuciarse incluso antes de que comiencen los periodos oficiales de campaña. Pensemos por ejemplo en los recursos ilimitados que el narcotráfico —infiltrado hasta en las más altas esferas del poder— puede proveer a los candidatos que estén dispuestos a favorecerles. Pensemos en las groseras cantidades de dinero que Manuel Velasco ha gastado para promover su imagen. Pensemos en los anuncios del Partido Verde que debieron ser retirados y que siguen apareciendo al aire en cines y radio. O pensemos en la poco transparente entrega de televisiones por parte del gobierno federal en año de elecciones. Todos estos casos son sólo algunos ejemplos de cómo los partidos están poco dispuestos a una contienda recta y en igualdad de condiciones.

En las elecciones que se acercan, y que resultan significativas para una ciudadanía que —sospechamos— en un alto porcentaje quiere dejar en claro su postura de desaprobación hacia el régimen, es válido comenzar a preguntarnos si esta manera de ejercer la democracia funciona para una realidad como la nuestra. Valdría la pena preguntarnos qué tendría qué ocurrir para que, a pesar de las simulaciones que se construirán con millones y millones de nuestros impuestos y recursos privados, la ciudadanía consiga dejar en claro su hartazgo y haga respetar su voluntad, legítima rectora de los destinos de la nación. ¿Qué mecanismos, qué vías —institucionales o no— tenemos a la mano para poner un alto a este “progreso” sustentado, como dice Alberto Betancourt, en la barbarie que está arrollándonos a su paso?

Voces varias han comenzado a escucharse. Ojalá que las propuestas tengan eco y la ciudadanía pueda esta vez hacer respetar sus designios, a pesar del bombardeo mediático en que los partidos se enlodarán mutuamente y autoelogiarán hasta hartarnos. En un contexto análogo, Francisco I. Madero escribió lo siguiente —La sucesión presidencial en 1910, edición facsimilar (México: Colofón, 2006), 293-296—, que bien podrían llevarnos a un debate sobre qué tanto ha crecido nuestro sistema político y qué tanto hemos alcanzado en materia de democracia electoral:

No es tan difícil como se quiere hacer aparecer, el que un pueblo haga uso pacíficamente de sus derechos electorales. La principal dificultad para que se implanten estás prácticas en nuestro suelo, la han querido encontrar algunos publicistas en la ignorancia del 84 por ciento de nuestra población que es enteramente analfabeta. […] El pueblo ignorante no tomará una parte directa en determinar quiénes han de ser los candidatos para los puestos públicos, pero indirectamente favorecerá a las personas de quienes reciba mayores beneficios y cada partido atraerá a sus filas una parte proporcional del pueblo.

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