por Jorge Domínguez Luna *

El pasado 7 de enero, la polémica originada por la escultura de Heydar Aliyeb, originalmente ubicada en el parque de la Amistad Ciudad de México-Azerbaiyán, recuperó la atención pública tras la promulgación del decreto que autoriza la desincorporación y enajenación a favor de la república de Azerbaiyán del inmueble ubicado en el paseo de la Reforma 660, Lomas de Chapultepec, como pago en especie por el incumplimiento de un convenio de colaboración firmado entre el gobierno del Distrito Federal y la representación de Azerbaiyán en agosto de 2011. Lejos de significar su conclusión, la entrega de la casa —todavía sujeta a la aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores— ha reactivado el conflicto originado por el desconocimiento de la política internacional por parte de las autoridades capitalinas del momento (entiéndase la historia de las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia). Asimismo, tras dos años de ejercicio de gobierno, la apuesta de la presente administración es trasladar el asunto de la esfera pública a la privada mediante la reubicación de la escultura en un espacio adquirido y donado para dicho fin.

A la distancia, la decisión del GDF parece un nuevo error en el manejo de la crisis. Y si acaso el accionar de la autoridad local no se considera erróneo, sí puede afirmarse que éste no apunta a una solución definitiva. ¿Por qué? En principio, porque el costo político y económico que significó el convenio de colaboración con el gobierno de Azerbaiyán dejó a la ciudad como la gran damnificada. Políticamente, el gobierno local ha quedado mal con todos: con los azerbaiyanos porque no cumplió lo acordado; con la opinión pública, porque autorizó el homenaje en un espacio público a un personaje con una trayectoria controvertida, y con sus adversarios políticos, porque permitió cuestionar su desempeño técnico y político en el tema. Económicamente, el gasto realizado por la capital para “resolver” el conflicto se acerca cada vez más a los 65 millones de pesos —13 millones en Chapultepec y 52 millones en Tlaxcoaque— los que, de acuerdo con el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Leal, invirtió la embajada azerbaiyana. (Para ello debe considerarse el costo de los trabajos para retirar y trasladar la escultura del parque de la Amistad, los 47 millones que —según Óscar Kaufmann, vocero del GDF— supuso la compra de la residencia de Lomas de Chapultepec y otros gastos administrativos, en recursos humanos y de cualquier otra índole que ha erogado el Distrito Federal.) Y entonces habrá que preguntarse, ¿cuál fue el beneficio de dicho convenio para la metrópoli? (En realidad existen tres convenios: uno es el convenio marco y los otros son los convenios específicos para el parque de la Amistad y la plaza de Tlaxcoaque, respectivamente.)

El 22 de agosto, 2012, al inaugurar la renovación de la plaza de Tlaxcoaque. (Foto: Yadin Xolalpa.)
El 22 de agosto, 2012, al inaugurar la nueva  plaza de Tlaxcoaque. (Foto: Yadin Xolalpa.)

La respuesta del gobierno también puede calificarse de errónea porque solventar la reubicación de la escultura no implica el fin de la polémica dado que el mapa ubicado tras la escultura, así como una placa que conmemora la masacre de Jodyali, ubicada en la plaza de Tlaxcoaque, han sido igualmente cuestionados. El primero debido a que incluye territorios en conflicto con Armenia, como lo indica el portal de internet de la embajada de Azerbaiyán en México, y su permanencia es interpretada como una toma de posición en la disputa. La segunda porque utiliza la palabra genocidio para referirse a un episodio en el que fuerzas militares armenias asesinaron a civiles azerbaiyanos, a pesar de que en el convenio se alude a una masacre. En ambos casos, la comisión de análisis creada ex profeso para dictaminar la querella, conformada por Gerardo Estrada, Gabriel Guerra y Guillermo Osorno, hizo recomendaciones desde noviembre de 2012 que hasta la fecha han sido ignoradas .

La parte final del cuestionamiento se enfoca en el quién. Después del surgimiento del conflicto, la administración que encabezaba Marcelo Ebrard convocó a los tres personajes mencionados en el párrafo anterior para coadyuvar en la solución al conflicto, pero una vez emitidas sus recomendaciones el grupo de trabajo fue disuelto. El hecho coincidió con el cambio de jefe de gobierno y podría ser lo único que explique por qué esa comisión no le dio seguimiento al problema. Tampoco se entiende que en marzo de 2013 se oficializara —en la Gaceta Oficial del Distrito Federal— la creación del Comité de Monumentos y Obras Artísticos en Espacios Públicos de la Ciudad de México, mismo que se instaló y entró en funciones hasta mayo del mismo año, y que dicho comité no esté al frente de los últimos acontecimientos en el asunto.

El comité en cuestión está conformado por los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Cultura, de Educación y de Turismo, así como las autoridades del Espacio Público y del Centro Histórico, y representantes de la sociedad civil. Aunque el comité no lo integran especialistas en monumentos y obras de arte —como ocurrió con la Comisión de Arte en Espacios Públicos de la Ciudad de México, creada en 1998 por Cuauhtémoc Cárdenas— si éste asumiera la responsabilidad de emitir las resoluciones del asunto en cuestión, éstas tendrían un carácter más técnico y menos político, como parece que ha sido hasta ahora. Finalmente, sería importante saber si entre las alternativas planteadas está la reubicación de la escultura y el mapa en la propia embajada azerbaiyana, donde su colocación resultaría incuestionable.

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