Ante la represión

por Halina Gutiérrez Mariscal y Luis Fernando Granados *

Diez meses después, del modus operandi del nuevo comisionado nacional de seguridad no puede haber más dudas: los enfrentamientos entre anarquistas y granaderos en los márgenes de las manifestaciones son a la vez una estrategia para socavar la legitimidad de las protestas callejeras, una cortina de humo para practicar detenciones puntuales de los que resultan procesos judiciales poco atendidos, y también la carnada perfecta para que los medios de comunicación muerdan el anzuelo de la criminalización (zoom in al granadero incendiado o al cajero automático destruido).

Operaron así las policías local y federal —inequívocamente coordinadas— el primero de diciembre, el 10 de junio, el primero y el 13 de septiembre, y otra vez ayer. La suerte extraordinaria de los lapidarios no deja de repetirse, la extraña parsimonia de la policía ante las agresiones es siempre la misma, la aparente aleatoriedad de los arrestos se revela cada vez más inconsistente. Hasta los lugares donde ocurren los enfrentamientos —la Alameda y sus alrededores— revela una regularidad cada vez más evidente. Salvo porque en las últimas semanas la violencia y el número de detenidos ha ido en aumento (más de cien esta última vez), se diría que en la oficina de Manuel Mondragón y Kalb el tiempo no pasa.

Puesto que el zafarrancho y las detenciones de ayer coincidieron con el aniversario de la matanza de Tlatelolco, es tentador proyectar sobre ellos la sombra de 1968 y concluir que los policías vestidos de civil que ayer en la tarde operaban en la esquina de Reforma y Bucareli son integrantes del batallón Olimpia redivivos, que los anarquistas de hoy descienden de los provocadores e infiltrados que intentaron descarrillar al movimiento estudiantil hace 45 años, que la imposibilidad de manifestarse en la plaza de la Constitución ha restablecido el monopolio priista sobre el ombligo de la ciudad, o que el rostro que se oculta detrás de la máscara presidencial no es otro que el del último presidente poblano.

La reacción de la prensa también lo sugiere: el 3 de octubre de 1968, la cabeza principal El Universal decía “Tlatelolco, campo de batalla”; su versión electrónica en la madrugada del 3 de octubre de 2013 dice “Anarquistas enfrentan a granaderos”. Y como Reforma se refiere a quienes participan en los enfrentamientos como “rijosos”, cabría imaginar que el diario de la familia Junco es una versión moderna de El Heraldo de México, que al día siguiente de la matanza seguía hablando de “alborotadores”.

La historia, sin embargo, no se hace presente de un modo tan simple —en parte, claro, porque no es un relato susceptible de reiteración ni una colección de hechos que pueden reproducirse en el vacío—. Una cierta conciencia del pasado basta para deformar las posibles semejanzas: por más que el propósito del gobierno federal sea efectivamente minar la normalidad que adquirieron las manifestaciones en los últimos treinta años, es claro que no puede hacerlo con toletes, cañones de agua y balas de plástico (por más que ese sería el modo más expedito y eficaz para acabar con ellas), precisamente porque en esos treinta años fue construyéndose una experiencia y un espacio sociales para las marchas que tiene que tomarse en cuenta. Dicho de otra forma, lo que impide la repetición del pasado —en este caso el talante represivo de los años sesenta— es que el pasado es siempre en realidad muchos pasados, de distinta antigüedad, calado social y densidad simbólica, que existen, por decirlo así, superpuestos unos con otros.

Reconocer la tensión entre los varios pasados del acto de manifestarse implica, naturalmente, que ni el proyecto represivo de los gobiernos federal y local en la ciudad de México, ni el derecho ciudadano a la protesta callejera, pueden entenderse como fenómenos dados, estáticos, anclados en la historia o en las leyes. Más bien supone lo contrario: que el pasado como el presente se hacen de manera cotidiana, que la sobrevivencia de uno u otro no está predeterminada y, así, que no bastará lamentarse por, «deplorar» o denunciar la amenaza que supone el proyecto anticallejero del gobierno y los medios de comunicación. Hace falta salir y volver a salir a las calles. Para las causas grandes y pequeñas. Para las que nos tocan directamente y también para las que nos afectan más de lejos. Aunque se enojen, o para que se enojen, los automovilistas y los televidentes. Quizá así consigamos que, en efecto, aquel nervioso mitin en la plaza de las Tres Culturas —más que las bengalas y la balacera y los muertos y los presos— siga siendo parte de nuestro presente.