por Aracely Cortés Galán *
El gobierno mexicano arrestó a Miguel Ángel Treviño, conocido como el Z-40, líder de “los zetas”, quienes, según las procuradurías de justicia mexicanas, son los principales responsables de la guerra que ha cobrado la vida de miles de personas en el país. Esta captura ha sido motivo de un sinfín de reacciones, tanto en los medios de comunicación nacionales e internacionales, como entre gobiernos como el de Estados Unidos, que a través de su Agencia Antidrogas felicitó a su contraparte mexicana.
Algo que llamó la atención de algunos periodistas y gente de la sociedad civil es que cuando el líder del narcotráfico era trasladado a las instalaciones del penal federal no iba esposado y su andar, dos o tres pasos delante de los agentes que lo custodiaban, daba la imagen de un dirigente, quien camina por delante, rodeado de sus cuidadores. Sobre el tema se le preguntó a Enrique Peña y al procurador General de la República: por qué sí se trataba de un delincuente de alta peligrosidad no llevaba esposas y los policías no lo tomaron del brazo, como suele hacerse cuando se detiene a alguien en todo el territorio nacional. Las respuestas de Enrique Peña y de Jesús Murrillo son inaceptables. Dijeron: “No hubo necesidad de usar medidas excesivas; nos apegamos en todo momento a los protocolos [sic] y por respeto a sus derechos humanos.”

La pregunta pertinente en este caso es: ¿cuándo cambió el concepto de Peña sobre los derechos humanos? Porque en 2006, siendo gobernador del estado de México, en el municipio de Atenco se llevó a cabo una represión brutal contra los participantes en las manifestaciones que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto. Sobre el hecho distintas organizaciones de derechos humanos de México y otros países han documentado las violaciones que se cometieron y se han considerado crímenes de estado. A manos de la policía del estado de México murieron los jóvenes Alexis Benhumea y Javier Cortés, se torturaron a decenas de personas, se violaron a varias mujeres (quienes han denunciado al estado mexicano y lo único que han recibido son pretextos para no recibir una disculpa en un acto oficial con las formalidades de la ley y con previa aceptación de las mujeres agredidas).
En 2012, cuando Peña estaba en campaña presidencial, en un acto en la Universidad Iberoamericana dijo:
Asumo plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco. Los responsables fueron consignados ante el poder judicial, pero reitero: fue una acción determinada para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el estado mexicano de usar la fuerza pública.
Considerando lo anterior y las declaraciones de las distintas organizaciones que señalan las agresiones a los manifestantes de Atenco como violaciones graves a la integridad humana y que son clasificadas como tortura, este político debe ser recordado en la historia de México como un criminal, responsable de la muerte de dos jóvenes mexicanos, responsable de la violación de once mujeres, responsable del encarcelamiento de decenas de personas sin ningún cargo y de dar protección a criminales… como la que se le brindó a Miguel Ángel Treviño. El trato que le dieron no fue por respeto a su dignidad, sino una sumisión por parte de los policías; parecía que estaban trasladando al verdadero jefe del estado.
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