por Dalia Argüello *

En la actualidad, difícilmente un historiador reduciría su ámbito de trabajo a la consulta exclusiva de fuentes escritas, pues sabemos que casi cualquier objeto puede convertirse en fuente, partiendo de las múltiples preguntas con las que nos acercamos al pasado. Sin embargo, es también claro que los archivos siguen siendo un lugar privilegiado donde los historiadores hacemos realidad nuestras fantasías detectivescas, o damos rienda suelta al casi morboso placer de entrometernos en las vidas de otros lejanos en el tiempo.

No menos cierto es que el trabajo con los acervos documentales encierra ciertos peligros. Arlette Farge, en su extraordinario libro La atracción del archivo, trad. Anna Montero Bosch (Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1991), nos advierte sobre el efecto de certeza que da al estudioso enfrentarse, por ejemplo, con expedientes judiciales que parecen ser el reflejo escrito de lo que realmente pasó. Al ser “documentos oficiales” pueden ser tomados como huellas irrefutables y diáfanas; es decir, como auténticos tesoros con los que el lector actual puede tocar el pasado en cada legajo.

Pero el archivo está lejos de ser esto. No es el lugar donde buscar pruebas de hipótesis previamente confirmadas o minucias para ilustrar afirmaciones ya construidas, sino la opción que, tal como dice la misma Arlette Farge,

[…] hace más complejo el enfoque del problema, subraya las oposiciones, obliga a reflexionar sobre lo paradójico […] al romper cualquier esperanza de linealidad y de positivismo, la irrupción de las palabras y de los actos destruye los modelos establecidos, aporta la separación de la norma y crea una cierta confusión en lo que antes creíamos simple.

Del historiador depende lo que los archivos puedan decir. Es nuestro trabajo plantear las preguntas y construir respuestas que nos digan algo sobre el presente. Frente a los documentos hay que reflexionar sobre el sistema social del que surgieron, la legalidad desde la que se consignaron y clasificaron. Los expedientes judiciales también dicen con lo que ocultan y revelan más con lo que menos se ve: la forma en que se organizaron, los delitos que persiguieron, las categorías que utilizaron, pueden dar a quien así los interrogue información sobre cómo una sociedad se piensa a sí misma, produce inteligibilidad y descubre y fabrica sentidos. También, por supuesto, dicen mucho sobre relaciones de opresión y dominación en torno de lo que se considera digno de conservarse y recordarse.

Invocación de las víctimas del ejército. (Foto: Marco Ugarte, AP).
Evocación de las víctimas del ejército. (Foto: Marco Ugarte, AP).

Esta reflexión surgió a partir de la polémica reciente entre la Secretaría de Gobernación y el semanario Zeta de Tijuana acerca de la discordancia entre los 5 296 asesinatos que declaró el gobierno para los últimos cinco meses y los 8 049 que contabilizó el semanario. (Aquí la nota de Aristegui Noticias.) La discrepancia entre cifras se explica por la forma como se categorizan las muertes y esto me llevó a pensar en cómo, quién y para qué se contabilizan las ejecuciones. ¿Acaso será cierto que controlar la información es asunto de poder?

Los archivos oficiales sobre la planeación y operación de la estrategia contra el crimen organizado constituyen hoy información clasificada y reservada, pero podrán ser consultados, según la ley, después de doce años o más. Pero el problema va más allá de categorías analíticas y datos estadísticos. ¿Qué pasa con las familias, las comunidades, lxs hijxs de los que mueren y de los que matan? ¿Qué significa para el país que sean asesinadas más de mil personas al mes en estas condiciones?

Como historiadores sería necesario revisar estos discursos oficiales que han dividido a la sociedad de hoy en día entre amigos y enemigos, entre buenos y malos, entre delincuentes y los que no lo son, porque el asunto es más complejo y, por lo tanto, la categoría crimen organizado, en la que cabe mucho, explica muy poco.

Finalmente, sabemos que este presente algún día será investigado como el pasado de alguien. ¿Cómo quedará consignado en los archivos oficiales el combate que encabeza el gobierno federal contra la “delincuencia”? Si el acervo documental omite a las víctimas, no dice nada sobre las causas, sobre condiciones de corrupción y complicidad de larga duración en el sistema, sobre los efectos de la presencia continua de la muerte en las formas de convivencia y los imaginarios sociales actuales —en fin, sobre sus contradicciones y alternativas—, será labor de los historiadores hablar sobre esto.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s