por Wilphen Vázquez Ruiz *
Con toda razón puede aducirse que Pemex requiere de una reforma integral que, de justificar su necesidad y conveniencia, permita la entrada plena de la iniciativa privada; se llega incluso a sostener que la privatización o control de las petroleras por parte del capital privado marca la pauta y el ejemplo a seguir a nivel mundial. Lo cual no es del todo cierto pues los gobiernos de diferentes países que han visto en el manejo del petróleo un asunto de interés nacional han rechazado la incorporación de capitales procedentes de diferentes entidades económicas, incluyendo estados y compañías privadas. A ese respecto basta con observar los casos de España, Venezuela, Estados Unidos, Noruega y Brasil.
Acerca de este último, se piensa que el modelo seguido por Petrobras tiene mucho que enseñarnos. Y así es, pues Fernando Siqueira, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de dicha compañía, señaló que a partir de la apertura de la empresa, en 1997, Brasil perdió el control de su riqueza petrolera; incluso, en un foro reciente en el Senado de la República, Siqueira sugirió que Brasil debería seguir el marco constitucional mexicano vigente a fin de recuperar el control pleno de la compañía. Otorgando el beneficio de la duda y aceptando sin conceder que la entrada del capital privado a Pemex es ventajosa, esto, de cualquier manera, bajo las condiciones actuales, no es conveniente, dadas las condiciones del estado, pues sus tres instituciones principales a nivel federal no se han caracterizado propiamente por defender los intereses de la nación a la que en principio representan.
En relación con la cuestión petrolera, los tres poderes mencionados juegan, cada uno en su campo, papeles fundamentales e interrelacionados para lograr o desvanecer el interés nacional. En la historia reciente, salvo muy contadas y extraordinarias excepciones, ninguno de ellos ha destacado en tal sentido y para recordárnoslo están la pérdida del bono democrático que otorgó la elección presidencial de 2000, así el manejo y resolución de la de 2006; las leyes del IMSS e ISSSTE y las afores; la aprobación de la “ley Televisa” y de la reforma energética de 2008; las concesiones mineras, los casos “Pemex-gate” y “Amigos de Fox”; la consuetudinaria aprobación de presupuestos federales leoninos y la exención de impuestos al gran capital, y qué decir de la liberación de una ciudadana francesa que ante fallas en el debido proceso fue exonerada de los cargos que se imputaban, a pesar de que se le identificó como miembro de una banda de secuestradores. La lista es interminable pero su última intención es Petróleos Mexicanos.

La reconsideración de la más grande e importante paraestatal como exclusiva al control del estado pasa no por un nacionalismo atávico sino por la experiencia directa de la propia empresa en su conjunto: la carga fiscal que se le impone, el abandono de la investigación científico-tecnológica y de la petroquímica básica al tiempo que su endeudamiento crece de manera inconmensurable y depende de la importación de tecnología. Parece difícil que en lo individual seamos capaces de generar algún cambio pero no es así. En la medida en que nos comprometamos con el quehacer diario podremos hacer algo, por más pequeño que sea. Atender a las posibilidades que ofrece e implica la reforma energética nos lo permite. No rehuyamos esa responsabilidad.
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