Las caras de la legalización

por Wilphen Vázquez Ruiz *

En entradas recientes de este Observatorio de Historia, algunos colaboradores han señalado las implicaciones que puede tener la legalización del consumo de marihuana en dos estados de la “unión americana” en relación con la estrategia seguida en nuestro país para el control o eliminación del consumo de enervantes. Si bien el consumo y tráfico de sustancias ilegales en nuestro país ha estado presente desde el inicio de su vida moderna, ello no significa que el estado fuera indiferente a dicho problema. Entre los antecedentes que podemos mencionar sobre ello está la adscripción de México a la Convención Internacional del Opio de La Haya en 1912, cuyos efectos en realidad se hicieron presentes en el país cuando el presidente Plutarco Elías Calles expidió decretos para la regulación del comercio de opio y otras sustancias adictivas, esfuerzos que fueron mantenidos por las administraciones siguientes a través de mecanismos diversos.

El problema que generaba el comercio de las sustancias adictivas en México fue relativamente pequeño hasta la década de 1960; pocos años después, el crecimiento del narcotráfico en México coincidió con un alineamiento de los países latinoamericanos hacia la política antidrogas establecida por Richard Nixon en 1971 para los Estados Unidos, la cual no ha sufrido modificaciones considerables hasta la fecha. En lo tocante a nuestro país, el debilitamiento progresivo que experimentó el partido hegemónico fue uno de los elementos que permitieron que este problema se agravara de manera tal que infiltraría muchas de las estructuras federales. Con la alternancia, las dos administraciones pasadas no fueron capaces, por motivos vastos y complejos, de revertir la situación: la del sexenio anterior la enfrentó con una estrategia brutalmente agresiva. Los resultados son de todos conocidos.

Como mencioné, la autorización para el uso recreativo de la mariguana en dos entidades de la “unión americana” ha abierto espacios en diversos países para la discusión de la estrategia que han seguido Estados Unidos y las naciones latinoamericanas. El tema, por supuesto, da para mucho más de lo que puede abarcar este espacio, por lo que me centraré en la alternativa que podría representar la legalización del consumo de drogas en México y sobre la cual se han pronunciado a favor algunos miembros de este Observatorio, opinión que no comparto y de la que trataré de dar una justificación basada en la historia reciente.

Dependiendo de la fuente emisora de la información, la producción, trasiego, comercialización y consumo de drogas en nuestro país genera ganancias de entre 19 mil y 59 mil millones de dólares anuales. Si atendemos a la información publicada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión de la Cámara de Diputados, la cantidad ronda los 39 mil mdd, de los cuales más de 14 mil son blanqueados y de estos, según la Secretaría de Hacienda, 10 mil son registrados como un excedente en el sistema bancario mexicano. El hecho viene a colación por varias razones, una de ellas es que nos muestra la magnitud de los recursos que manejan y poseen los distintos cárteles que rebasan por mucho aquéllos de los que dispone el estado dirigidos a diferentes dependencias (secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad Pública y Procuraduría General de la República), las cuales por ejemplo, ejercieron un presupuesto de 104 907 millones de… pesos en 2009, recursos que además implican recortes en áreas dirigidas al desarrollo social.

La propuesta de la legalización de las drogas nos obliga a un ejercicio fundamental con base en la historia contemporánea, la cual es por demás útil en comparaciones que sean pertinentes. Me parece que dos experiencias vienen a cuento: la colombiana por supuesto, y la de algunos países de Europa occidental como Holanda que muestran realidades totalmente diferentes.

En Colombia, al igual que en México, los cárteles hasta la década de los años noventa ocuparon espacios en los medios rural y urbano generados por la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades para sectores amplios de la población. Lo mismo que en México, Colombia vio cómo estas organizaciones influyeron en los procesos electorales y de administración de justicia al tiempo que diversificaban sus actividades delictivas comprendiendo el homicidio, tráfico de armas, contrabando, secuestro, lavado de dinero y extorsión, entre otros. Asimismo, Colombia estableció una política de cooperación con agencias estadounidenses mediante programas semejantes al de la Iniciativa Mérida. Todo ello, cabe decir, no rindió los resultados esperados, al generar un costo social inaceptable en términos de vidas de dirigentes políticos, policías, elementos de las fuerzas armadas y de seguridad pública, periodistas y miembros de la sociedad civil. Hasta ahí, la comparación con el país sudamericano es pertinente como lo ha reflejado nuestra propia experiencia en los últimos seis años.

¿Qué pasa con el modelo seguido en Holanda? En ese país, la política de legalización de algunas drogas instrumentada desde los años setenta ha derivado en que dicha nación presente los índices más bajos de consumo en toda Europa. Y en cuanto a la violencia, ¿quién ha escuchado hablar de la generada por el narcotráfico en ese país? Otro dato interesante, el cual es uno de los argumentos más veraces para apoyar la legalización del consumo de drogas, es que los recursos generados pueden ser empleados en programas de atención a consumidores, prevención del consumo y restricciones al mismo. ¿Es pertinente la comparación? Me parece que no y me apoyaré en algunos datos.

El Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas, y que contempla parámetros como la expectativa de vida, salud, igualdad, educación, oportunidades de desarrollo y gasto social, señaló que en 2011, de 187 países en los que la clasificación más alta es el 1, Holanda ocupó el lugar número 3, México el 57 y Colombia el 87. En cuanto a corrupción, Transparencia Internacional por su parte con un criterio semejante, colocó en 2012, a los Países bajos en el noveno lugar, a Colombia en el 94 y a México en el 105. A este respecto, ignoro qué costo tiene para los ciudadanos y empresas la corrupción en el país sudamericano y el europeo, pero en México supera el billón 404 mil millones de pesos cada año equivalentes a 9 puntos porcentuales del producto interno bruto.

De nueva cuenta: ¿es pertinente la legalización del consumo de drogas en nuestro país? Difícil responder, sin duda. Empero, pienso que no; con base en las condiciones que privan en México y que nos muestran semejanzas y diferencias profundas con la experiencia colombiana y holandesa respectivamente, y de las cuales por supuesto hay que aprender, ello no quiere decir que el problema pueda resolverse con la legalización si ésta no va acompañada de la reducción de la deuda social, el crecimiento y desarrollo económicos, la mejora en las estrategias seguidas por las instancias de salud y educativas para la prevención del consumo, la profunda recomposición del poder judicial y claro, la sensatez en las decisiones del ejecutivo federal que obedezcan a la presión de una sociedad civil consciente y organizada. El debate y la participación son impostergables; en este momento tenemos una ocasión quizá inmejorable para llevarlos a cabo y en la que este Observatorio puede jugar un papel interesante.