por Aurora Vázquez Flores *

Mucho se ha dicho de la poca participación que tienen lxs historiadorxs en la toma de decisiones estatales en materia de memoria histórica y conservación del patrimonio cultural. El Observatorio de Historia, por ejemplo, nació de la preocupación de un grupo de profesionales de la historia por incidir directamente en las discusiones de estos asuntos. De igual manera, es necesario pensar de forma crítica acerca el modo en que lxs colegas se relacionan con las políticas estatales, desde qué punto de vista y con qué medios.

El 5 de noviembre pasado, Enrique Peña Nieto se reunió con un grupo de intelectuales para conversar sobre la política cultural que llevará a cabo el próximo gobierno de la república. En el encuentro estuvieron presentes —por parte del equipo de transición de EPN— María Cristina García Cepeda, coordinadora de cultura; Aurelio Núñez, coordinador de educación, y David López Gutiérrez, coordinador de comunicación social. Asistieron a la reunión Miguel León Portilla, Rafael Tovar y de Teresa, Eduardo Matos Moctezuma y la directora general de ConArte, Lucina Jiménez, entre otrxs científicxs y profesionales de la cultura.

¿Intelectuales?
¿Intelectuales?

De la reunión, se informó que no se busca conformar una “nueva” política cultural para el país, sino “fortalecer mecanismos de apoyo para que la ya existente se siga dando en un ámbito de libertad, pero con visión de futuro en el transcurso del siglo XXI” (al menos así lo reportó La Jornada). Ello significa que no hay una crítica efectiva, de ninguna de las partes presentes en la reunión, sobre las características de la actual política cultural del estado mexicano.

De acuerdo con las declaraciones hechas —tanto por el equipo de transición como por los intelectuales participantes— no se hizo un planteamiento acerca de la corrupción e ineficacia de las instituciones culturales actuales, de la falta de democracia y pluralidad en la toma de decisiones en materia de conservación del patrimonio, o de la visión de la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios como una mercancía. Por el contrario, Rafael Tovar y de Teresa —de acuerdo con la nota de El Universal— señaló que se debe “mejorar la imagen del país en el mundo, debe mejorar la percepción que se tiene de nuestro país y se debe difundir la enorme riqueza que tenemos”. Como si el problema del patrimonio nacional estuviese en la imagen de nuestro país en el exterior y no en la falta de una política clara e incluyente en esta materia.

Es de resaltar que Miguel León Portilla planteó la urgencia de reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en México, de reconocer las lenguas originarias como oficiales  y criticó “una actitud tontamente paternalista” del estado mexicano. Este planteamiento lleva a pensar en cómo la política cultural actual ha relegado a los pueblos originarios, sus lenguas y tradiciones, y a también a recordar el estado de pobreza en el que se encuentran comunidades que no logran —o no quieren— empatar con la lógica turística y mercantilista a la cual se les ha arrinconado, como Dalia Argüello hizo notar a propósito de lo sucedido en Batopilas, Chihuahua.

Lo que al parecer Miguel León Portilla no recuerda es a quién le estaba presentando esta propuesta. Ignoró el enfrentamiento que en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el gobierno de Enrique Peña Nieto violó diez  derechos humanos a 209 personas, lesionó y torturó a otras 206, y 26 mujeres fueron víctimas de agresiones y violaciones sexuales. (Así lo estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos.) El conflicto se originó por la decisión de los pobladores de defender sus tierras en contra del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto en la zona.

Contra lo que señaló Ciro Gómez Leyva en Milenio, la complejidad de la reunión no puede reducirse a los intentos de EPN de “superar el agravio de los tres libros en la Feria de Guadalajara”. El problema radica en una visión de estado basada en la incomprensión, la intolerancia y la mercantilización de la vida. Radica, también, en el desinterés del nuevo gobierno por las necesidades de los pueblos originarios, tal como se mostró en 2006.

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