por Luis Fernando Granados *

El escándalo provocado por los acuerdos entre el Distrito Federal y la república de Azerbaiyán para remozar dos espacios públicos en la capital mexicana, y erigir monumentos históricos en ellos, revela también un par de cosas preocupantes acerca del modo en que la sociedad mexicana entiende su relación con la historia y la memoria —aun si se trata del pasado del Cáucaso.

Calles caucásico
Calles caucásico

En primer lugar, es significativo que la discusión se haya centrado en la figura de Heydar Aliyev y no en la matanza de civiles azeríes ocurrida en el pueblo de Khojaly en 1992. Significativo en la medida que revela la propensión mediática a juzgar los actos de un político corrupto y dictatorial en lugar de comprender el complejísimo conflicto que, a propósito de la posesión del Alto Karabakh, enfrenta desde 1988 a las repúblicas ex soviéticas de Armenia y Azerbaiyán. A este respecto, es reveladora la pobreza de la argumentación historiográfica empleada por casi todo el mundo: de los muchos intelectuales que han opinado al respecto, Jean Meyer —en su artículo de El Universal— es quizá el único que hizo algo más que citar el obituario de Aliyev en el New York Times, o basarse en informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, para hacer una valoración integral de un personaje que (con perdón de Meyer) se parece más a Plutarco Elías Calles que a Arturo Durazo Moreno.

Más serio es que pocos comentaristas han hecho notar lo arbitrario y caprichoso de la decisión del gobierno de Marcelo Ebrard. Si Aliyev fue un dictador o el padre de su patria (o las dos) es cosa que, en última instancia, corresponde establecer al pueblo de Azerbaiyán y a sus historiadores. Pero que el gobierno de la ciudad de México tome cualquier decisión sobre el espacio público de la capital en función sólo de la generosidad de un donante es asunto que compete —y ofende— a todos quienes vivimos en la capital de la república. La memoria y su despliegue público no pueden ser considerados meros hechos administrativos. Por eso irrita saber que la decisión de erigir una estatua —donde sea y de quien sea— está en manos de funcionarios que no tienen la obligación de consultar a nadie ni argumentar nada. Ojalá que a los Zetas no se les ocurra nunca donar seis millones de dólares y exigir a cambio un monumento para Heriberto Lazcano.

Con todo, lo verdaderamente grave del episodio es que la legitimidad de la monumentalización no haya sido cuestionada en absoluto; en otras palabras, que para casi nadie haya resultado o resulte desagradable la existencia misma de estatuas de personajes públicos. El problema de fondo es que todos los monumentos —el de Gandhi y el de Colosio, el de Churchill y el de Tito, por limitarse a los vecinos del sillón de Reforma— descansan sobre la misma idea (antigua y anticuada) de que la historia es sólo asunto de grandes hombres y, así, que lo único que cabe hacer ante ellos es reverenciarlos, rendirles homenaje. Dicho de otro modo: muy pocos han reparado en que las estatuas de hombres públicos son perniciosas para el cultivo de una cultura cívica e historiográfica democrática porque son estatuas, no porque representen a éste o aquel soldado, clérigo, burócrata o político afortunado.

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