por Renata Schneider *

Las políticas culturales de este país se han modificado progresivamente desde hace cerca de doce o trece años. Uno de los mayores cambios ha sido la descentralización del patrimonio cultural, situación que se vio refrendada con la nueva ley general de turismo, aprobada en abril de 2009. Mediante éste y otros cambios, el Instituto Nacional de Antropología e Historia perdió significativamente su capacidad de intervención y vió aumentar sólo su responsabilidad normativa.

Este tipo de políticas obedecen a premisas que buscan adelgazar el estado, pero no sólo eso: hace tiempo que el inah aisló a los sectores sociales que de una u otra forma poseían un patrimonio “destacado”. Por ejemplo, éste es el caso de comunidades que durante años fueron separadas del manejo de sitios arqueológicos o inmuebles históricos relevantes y que, gracias al gran poder centralista que caracterizó al país hasta principios de los años ochentas, se mantenían conscientemente ajenas a su patrimonio o eran prestadoras de servicios en áreas de gran afluencia turística.

Violencia desatada
Violencia desatada

El terrible caso de los seis indígenas que muerieron en la zona arqueológica de Chincultic, en octubre de 2008, mostró claramente que, una vez que el patrimonio cultural adquiere un valor fundamentalmente turístico y económico —y pierde a su vez aquellos otros valores que lo ubicaron por años dentro de un discurso nacionalista (cuestionable y ciertamente caduco)—, los grupos sociales aledaños a los sitios reclaman un papel mucho más activo y participativo que se opone, o incluso se enfrenta, a las instituciones que hasta hace poco se consideraban intocables.

De ahí que sea sustancial analizar, diagnosticar y, sobre todo, proponer alternativas que posibiliten que el patrimonio no quede prisionero de los intereses individuales de varios y dispares actores (gobiernos estatales, instituciones federales, comerciantes, autoridades regionales, empresas turísticas, etcétera), y adquiera un sentido flexible que acreciente su sentido cultural. Todo esto con el fin de permitir que sus posibles aspectos económicos se equilibren y relacionen con políticas que beneficien a las comunidades, a la vez que preserven sus rasgos, usos y múltiples discursos históricos, de modo que su función pueda ser estudiada y revisada constantemente, sin caer en discursos patrioteros, reapropiaciones monetarias, ideas escencialistas referidas a la “identidad” de una comunidad o, aun peor, a usos exclusivamente turísticos.

Estas labores de analisis y diagnóstico nos competen a todos los que de una u otra forma estamos interesados en el presente de nuestro pasado. Pueden hacerse desde distintos frentes e incluso conjugarse armoniosamente si creemos y defendemos la idea de un patrimonio cultural, nacional a la vez que local, que, como Dios, quizá sea nomás un invento pero que, como toda buena invención, puede también atesorarse: no tenemos por qué regalárselo al neoliberalismo o al posmodernismo para que lo desmenucen hasta desaparecerlo.

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