Sin excusas

Javier Porras Madero

“Si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que te vas a encontrar es que te vamos a decir ‘no queremos que atravieses nuestro territorio’ […]  Porque le vas a crear un problema a nuestro país”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en el acto oficial de conmemoración de los ochenta años del exilio republicano español. Al tiempo que se celebraba la llegada de miles de exiliados españoles, se problematizó la presencia de migrantes centroamericanos en México. El despliegue de la Guarda Nacional a la frontera sur mexicana confirma que esta problemática no pasa sin repercusiones, sino que contribuye a la creciente criminalización de migrantes centroamericanos. Los precedentes históricos en el tema de la política migratoria mexicana refutan las declaraciones del canciller. Y aunque el presidente mexicano se ha postulado como partidario de la causa migrante, sus acciones no demuestran el ímpetu de sus palabras.

Los hechos cerca de la frontera sur han expuesto el (mal) trato hacia migrantes centroamericanos por parte del gobierno y muchos ciudadanos mexicanos. Estos hechos demuestran la creciente percepción de los migrantes centroamericanos como “dañinos” para México, ignorando las situaciones precarias que los obligan a migrar. Es decir, su presencia se ha criminalizado sin fundamento y se ha disipado la hospitalidad que recibieron con anterioridad. En realidad, la caracterización de los migrantes centroamericanos como “no elegibles” para recibir ayuda del estado ignora la propia historia de México y su política hacia los refugiados. Ni hablar de la comunidad migrante mexicana en el extranjero, que pide trato justo y digno a las autoridades estadounidenses.

La migración de centroamericanos de tránsito por México tiene precedentes desde los años ochenta, cuando miles de personas se vieron desplazadas por guerras civiles en sus países de origen. Esos conflictos estallaron, en gran parte, gracias a la política intervencionista de Estados Unidos que, en su afán de “estabilizar” la región durante la guerra fría, dio apoyo a grupos contrarrevolucionarios en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Aquella política exterior estadounidense sigue teniendo consecuencias para los países centroamericanos, donde partes significativas de la población no tienen otra opción más que buscar vidas fuera de sus comunidades. Aun así, México se niega a dar refugio digno a nuestros vecinos sureños.

La política de México ha sido muy diferente hacia otros grupos que buscaron refugio en épocas pasadas. En la segunda guerra mundial, México otorgó visas a cerca de 40 mil personas que buscaban salir de Europa en plena persecución nazi. Asimismo, en los años setenta, durante las dictaduras militares de Sudamérica, México otorgó refugio a miles de exiliados, en su mayoría argentinos y chilenos. Estas acciones tuvieron efectos contundentes en las comunidades de refugiados, ya que, a pesar de las situaciones de las que provenían, pudieron mantener sus vidas y se les dieron oportunidades para integrarse a la sociedad mexicana.

Sin duda, estas acciones se dieron gracias a las afinidades de los gobiernos mexicanos. El de Lázaro Cárdenas tomó el lado de la república en la guerra civil española y apoyó la entrega de visas humanitarias a los perseguidos que buscaban salir de Europa. El de Luis Echeverría estuvo marcado por una política exterior tercermundista que buscó mantener la neutralidad mexicana durante la guerra fría, lo que lo llevó a dar refugio a miles de sudamericanos. Estos períodos definieron la política de México hacia grupos en el exilio; una política reconocida como una de las más favorables para gente huyendo de persecución política. En particular, estas acciones construyeron los precedentes históricos del poder ejecutivo en la creación de la política migratoria en torno a los refugiados.

Por otro lado, en los años ochenta, durante el primer éxodo de centroamericanos, los gobiernos José López Portillo y Miguel de la Madrid tomaron medidas para dar asistencia al alto número de migrantes que cruzaba la frontera sur. Sin embargo, estas medidas dificultaban la integración de los migrantes centroamericanos a la sociedad mexicana. Una de las estrategias fue la entrega de tarjetas a refugiados que autorizaba su estancia legal dentro de campos designados para ellas y ellos. Estas acciones buscaban dar apoyo sin proveer mecanismos de integración a la sociedad mexicana, ya que las tarjetas no validaban la residencia de los refugiados fuera de los campos designados por las autoridades migratorias.

El trato a los migrantes en los años ochenta es parecido al trato presente, ya que se les autoriza su estancia bajo límites claros. Los centroamericanos pueden vivir en lugares específicamente delimitados como albergues, pero su integración a la sociedad no cuadra con muchos mexicanos, incluyendo las autoridades federales, que suspendieron el programa de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias después de dos meses de implementación y que constantemente abusan de los migrantes para recalcar que no son bienvenidos en México. Esto, en conjunto con políticas recientes que aumentan la presencia de autoridades migratorias en el sur, muestra cómo la frontera estadounidense se ha extendido al sur de México.

Históricamente los mexicanos han luchado por mantener su dignidad en el norte. En ciertos ámbitos, han logrado ser reconocidos como una parte significativa de la sociedad estadunidense. Así como nuestros paisanos se ven obligados a migrar por situaciones externas, debemos entender que la migración centroamericana es parte de procesos fuera del control de los migrantes. Los mexicanos, más que nadie, debemos considerar la migración como un derecho humano que todos y todas pueden ejercer con dignidad. La distinción entre migrantes deseados y no deseados sirve sobre todo para degradar la humanidad de un grupo y criminalizarlo, creando categorías que justifican la exclusión y los abusos hacia esos grupos —algo muy similar a lo que ha vivido la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Las instituciones de México le dan al ejecutivo el poder de otorgar refugio digno a migrantes, como pasó a lo largo del siglo pasado. El gobierno de López Obrador, más que tomar órdenes de Donald Trump, debería recordar su historia y dar oportunidad de integración —no sólo en albergues o campos de refugiados— a los migrantes centroamericanos que quieran permanecer en México. El estado debe proteger el bienestar de los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. Sólo así la cuarta transformación podrá ser consistente con los valores históricos de México. Hasta ahora está quedando a deber.