Delitos soslayados

por Halina Gutiérrez Mariscal *

Sabemos que se acercan elecciones cuando comenzamos a ver, sin que sean aún periodos de campaña, promocionales de gobernadores o funcionarios, posibles presidenciables, que buscan promocionar su figura, incluso en espacios que les son electoralmente ajenos. ¿Por qué, por ejemplo, vemos en espectaculares de la ciudad de México promocionales de gobernadores de Puebla, Chiapas, estado de México? La esposa de un ex presidente colgándose de campañas de mujeres que hacen política en otros países y así se propone, sin previa autorización de su partido, como candidata a la presidencia en 2018. Paralelamente, vemos cómo es que unos y otros contrincantes o posibles contrincantes son atacados, expuestos en sus declaraciones o excesos por aquellos que aspiran a colocarse en alguna parte del cuadro electoral de los comicios venideros. Recientemente también ha llamado la atención cómo ciertos partidos han despilfarrado recursos federales para apoyar a candidatos estatales para las elecciones de junio.

Ante hechos tan escandalosos como cotidianos no extraña que desde diversos foros se haya hablado, otra vez, fraudes electorales en ciernes. Inevitable es remitirse a las acusaciones de fraude electoral de 2006 y 2012. Para una persona común, que no esté familiarizada con la legislación electoral y con su origen, el sentido común y la intuición llevan (o deberían llevar) a saber que quienes caen en conductas como las descritas al principio deberían recibir un castigo por actuar de manera tramposa y fraudulenta en un proceso que es de interés público: a saber, la elección de un funcionario que tomará decisiones por todos, que administrará presupuesto público y que colocará a otras personas en puestos de servicio público, cuyos resultados afectan a buena parte de la ciudadanía.

Pertinente es preguntarse qué debería entenderse por fraude electoral y cuáles de las acciones que están ocurriendo deberían haber sido sancionadas por el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, y no lo han sido. Ante la pregunta llana de qué es un delito electoral, la FEPADE responde “Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.” (Para un conocimiento más puntual de qué acciones entran dentro de la categoría de delito electoral puede consultarse la página de la FEPADE.)

Desde que la democracia existe, el fraude ha sido parte de ella. En la antigua Grecia la pena de muerte era el castigo por votar dos veces o por comprar el voto de algún ciudadano. En la Roma republicana, los delitos de ambitus (referentes a cuestiones electorales) podían ser castigados con la inhabilitación para ser candidatos de manera permanente o temporal, o con la muerte, la pérdida de la libertad y de la ciudadanía, o el exilio.

La ley romana contemplaba como delito, en lo referente a las contiendas por cargos públicos, que el candidato organizara juegos públicos en los ¡dos años! previos a su candidatura, o el hacerse acompañar de sectatores, que durante el periodo de campaña se declaraban públicamente a favor del candidato para impresionar a los votantes. (El término latino crimina o maleficia, usado en el derecho romano, hacía referencia a un ilícito que atentaba contra el interés público. Para aquellos actos que lesionaran el interés privado, se usaba el término delictum. Véase, Sara Bialostosky, “Delitos electorales: Ambitus, de Roma al derecho positivo mexicano”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, 242 [2004], 321-332.) ¿Juegos para ganarse a los votantes? ¿Prestigiosos partidarios que inclinan la preferencia hacia algún candidato? No son conceptos que nos sean ajenos. Ajena sí es, sin embargo, la aplicación de una ley que penalice dichos actos, que evidentemente lesionan la limpieza de cualquier contienda electoral.

En el estado de México…

¿Qué se preserva, según la ley, al tipificar los delitos electorales? La libertad del voto, la honestidad del proceso electoral (o certeza de los resultados) y la sinceridad del sufragio universal. Es decir, cualquier acto que coaccione a los ciudadanos para votar por algún candidato, cualquier acto que altere la voluntad popular y modifique los resultados electorales o cualquier ventaja indebida de alguno de los candidatos al puesto en cuestión, podrían ser definidos como delitos electorales, mismos que pueden ser cometidos por ciudadanos comunes, funcionarios, candidatos, autoridades electorales, diputados o senadores e incluso ministros de cultos religiosos, según la Fepade.

A pesar de que buena parte de la ciudadanía considera como inadecuadas conductas como las ya descritas, lo cierto es que pocos lo ven como una afectación directa. Por ello quizá resulta tan necesario puntualizar que los delitos electorales atentan contra la voluntad popular e inciden en el desarrollo de decisiones y actos realizados en nombre de la ciudadanía. Por lo mismo, la exigencia de transparentar cualquier acto aparentemente ilícito antes o después de unos comicios debería ser una cuestión de interés para todos, y no sólo para el candidato o partido “afectado”. ¿Antes? Sí. Las acciones que den a alguno de los candidatos una ventaja indebida con respecto de sus contrincantes antes del día de las elecciones (pronunciamiento de altos funcionarios a favor de un candidato, uso de recursos públicos o de programas sociales a favor de una campaña, sobreexposición mediática, manipulación de encuestas, personajes públicos promocionando a determinado candidato o recursos provenientes de particulares, muchas veces de procedencia ilícita) son o deberían ser sancionados, porque suponen una violación a la limpieza del proceso y un atentado contra la certeza de las elecciones. Atentan, por decirlo en términos legales, contra la honestidad del sufragio universal.

¿Cuál podríamos decir que es la debilidad de nuestro sistema en lo que respecta a combatir los delitos electorales? México, que ha pasado por varias sonadas acusaciones de fraude electoral, tanto a nivel local como federal, ha visto hacerse y rehacerse varias veces su legislación en materia de elecciones, y sin embargo seguimos presenciando cómo la ley es transgredida y la democracia vulnerada. El hecho de que la ley considere los delitos electorales como no graves ha llevado a que su comisión alcance fianza y a que los delincuentes electorales no se sientan disuadidos de cometer dichos crímenes. Las condiciones nacionales que permiten la comisión de delitos electorales es otro aspecto que debería ser tomado en cuenta por quienes podrían proponer reformas a la legislación electoral. El hecho de que algunos de los más descarados delitos electorales se comentan en regiones marginadas del país, entre poblaciones que poco saben y poco les importa quiénes ocupan los cargos, ha llevado a que el reparto de dinero o artículos de primera necesidad a cambio del voto se convierta en una práctica común. La sofisticación de los medios de comunicación ha ampliado, además, las posibilidades de promocionar candidatos y por ende de cometer ilícitos durante un proceso electoral en curso. ¿No debería un gobierno comprometido con la democracia vigilar que todos esos asuntos estuvieran previstos en la gama de delitos electorales tipificados y sancionarlos?

Aunque discutir en torno a la democracia y su funcionamiento sigue siendo necesario, ocuparnos de la realidad que aquí y ahora nos rodea, en la que el sistema electoral vigente funciona como funciona, usar los mecanismos legales a mano para hacer de los comicios procesos más confiables debería ser tarea de todos. Participar o no en ellos es otra parte del camino, pero si mis impuestos se han gastado en montar todo un sistema electoral que debería funcionar de cierta manera, yo como ciudadano tendría que ejercer mi derecho a exigir que dicho proceso sea respetado y se mantenga con apego a la ley, aunque yo decida no votar, aunque decida anular mi voto, o decida darlo a alguno de los candidatos en contienda.

El histórico desafán del gobierno mexicano por transparentar los procesos electorales y la consabida desazón del ciudadano para con los mismos, sólo abonan a la debilidad de nuestra democracia y a la subsiguiente comisión de delitos electorales que están ahí, a vista de todos, pero ante los que ciudadanos y autoridades encogen los hombros o desvían la mirada.

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