Silencio, nulidad del poder legislativo

por Gabriela Pulido Llano *

[Una primera versión de este texto, de Gabriela Pulido y Pedro Salmerón, apareció en La Jornada el 19 de mayo de 2015.]

El pueblo elige a sus representantes en el poder legislativo, que es el encargado de legislar (dar, hacer o establecer leyes). La investidura del poder legislativo deriva de esta representación popular. Debe observar, regular y trabajar para que las disposiciones constitucionales estén acordes con los derechos y obligaciones de los habitantes. Cada senador y diputado representa a un distrito y a una región del país. Esto, que se supone distribuye la toma de decisiones en una proporción equitativa de personas, haría posible el equilibrio en la discusión y resolución de los muchos temas importantes para la vida nacional. En particular, haría posible que temas que el poder ejecutivo —apoyado en los medios— hace parecer como coyuntura permanecieran visibles en la agenda legislativa y, por tanto en la opinión pública, sin perder potencia. Podrían, incluso, nada se los impide, dedicar veinte horas al día para encontrar y aplicar soluciones reales, expeditas.

La ineficacia del poder legislativo es abrumadora. Asusta y hace pensar, como bien señala Héctor Domínguez Ruvalcaba acerca del andamiaje de la maquinaria del terror, que “mientras que la ley es fácilmente descartable por irrealizable, el plano de lo ilegal se legitima por su fuerza indestructible” (Nación criminal: Narrativas del crimen organizado y el estado mexicano [México: Ariel, 2015], 18).

En el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, la LXII legislatura tenía una responsabilidad insuperable. En materia legislativa, los huéspedes del congreso no fueron quienes dieron el primer paso efectivo. Cuando todavía creía tener la sartén por el mango, la PGR emitió una herramienta jurídica, el acuerdo A/087/14, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2014. A través de esta herramienta el entonces procurador Jesús Murillo Karam, amparado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (en su meta nacional “México en Paz”) ofreció una recompensa a quienes proporcionaran información “veraz y útil” para la localización de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como para “la localización de los probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y los que resulten”.

El mencionado Plan Nacional de Desarrollo plantea en su objetivo 1.4 “Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente” y en su estrategia 1.4.1 prevé diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en la Procuraduría General de la República para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia. Prosigue el “Acuerdo”, retomando las líneas del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 —publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013—: en su objetivo 1, estrategia 1.1, línea de acción 1.1.1, establece la “necesidad de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a la investigación y persecución de los delitos de alto impacto”.

En el mismo “Acuerdo” se reconocían las limitaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Se señalaba que, “[…] no obstante los trabajos de investigación realizados y las detenciones de diversas personas, a la fecha, se desconoce el paradero de las víctimas antes mencionadas y resulta necesario además identificar, localizar y detener a otros probables responsables involucrados”.

Tras esto recurría a la “colaboración valiente y decidida de la sociedad”, dado que

[…] en el combate a la delincuencia […] es una herramienta eficaz, particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno en las investigaciones y averiguaciones que realice el ministerio público de la federación, o para la identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, atentan contra la tranquilidad y la paz pública, obstaculizan la actuación normal de las instituciones públicas e impiden el desarrollo social.

En el primer transitorio del acuerdo se estableció que “el presente acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el momento en que hayan sido localizadas las víctimas, así como identificados, localizados, detenidos o aprehendidos los probables responsables de la comisión de los delitos señalados en el artículo segundo, fracción II, o en los supuestos de prescripción, extinción o no ejercicio de la acción penal”.

No olvidemos: el 6 de octubre —¡once días después de los trágicos acontecimientos!— escuchamos a un infame Enrique Peña Nieto, “indignado y consternado ante la información”. Dos días después, el 8 de octubre, dirigidos por una mano invisible, se instaló en el recinto legislativo una comisión especial, órgano parlamentario que estuvo integrado por un representante de cada bancada (es decir, por siete diputados federales), presidida por el diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Guillermo Anaya Llamas, para dar seguimiento a las investigaciones. De acuerdo a Anaya, en ese momento, el tema era presa de un “manejo político […] escandaloso” y demostraba, ”claramente el estado de inseguridad y la falla sistemática que hay en la estrategia de seguridad en el país”.

Según informó el periódico Contralínea del 28 de enero de 2015, el mismo Anaya, al crearse la comisión, “conminó al equipo a ser la excepción a la regla, es decir, a romper con la inercia de que las comisiones especiales no funcionan. Asimismo, pidió a sus colegas tener la sensibilidad necesaria para estar en permanente comunicación con las familias de las víctimas”. ¡Por fin los legisladores harían algo más que discurrir a través de sus interminables protocolos, convertidos en discursos! Era sólo fachada. Si se revisan las relatorías en las actividades legislativas se verá que no mentimos.

Por otro lado, el 9 de octubre, en Chilpancingo, el congreso de Guerrero constituyó una comisión especial, integrada por siete diputados locales: “la participación de la comisión especial pretende coadyuvar, con estricto respeto con las autoridades federales y estatales y organismos autónomos de defensa de los derechos humanos encargados de las investigaciones[,] para que en materia de gobernabilidad, seguridad pública, procuración y administración de justicia, se conozca la verdad histórica de los hechos y fincar responsabilidades”. Dos comisiones, un mismo discurso. Silencio absoluto por parte de ambas.

La comisión federal se reunió con el entonces procurador, con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con representantes de la ONU y de derechos humanos, nacionales y extranjeros, y con miembros del ejército. Tenía como primera, en su lista de acciones, “visitar Guerrero para allegarse de información de autoridades, familiares de las víctimas e integrantes de la sociedad civil de Iguala y Ayotzinapa”. El senado, por su parte, acordó citar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para analizar la situación en Guerrero. El 27 de octubre, los normalistas, a través del diputado Roberto López Suárez (PRD), solicitaron se les integrara a dicha comisión “para coadyuvar en los trabajos de investigación”.

Anaya Llamas recordó recientemente que, en noviembre de 2014, se firmó un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estado mexicano y representantes de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en el que se estableció un “grupo interdisciplinario de expertos independientes”. Ente sus actividades estaba la “elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014”.

El 3 de noviembre de 2014, de acuerdo con Contralínea, la comisión difundió un informe de 42 cuartillas, en el que se describen las contradicciones entre las instancias federal, estatal y municipales, con respecto a los acontecimientos de Iguala. Una y otra instancia internacional, desde Amnistía Internacional hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicieron recomendaciones a los legisladores para seguir la pista y no perderse en los expedientes del caso. Mostraron cómo de

[…] los informes rendidos por el gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado, se desprenden múltiples contradicciones relativas al número potencial y total de víctimas presentes en el lugar de los hechos; a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la detención arbitraria o ilegal, uso ilegal de la fuerza y posteriores ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los estudiantes; a los nombres de los estudiantes; y a la manera o vía por la cual las autoridades locales tuvieron conocimiento de los hechos.

Todo esto, analizado en Contralínea, deja ver cómo dichas organizaciones les estaban construyendo un camino a seguir a los legisladores. Sugirieron, entre otros asuntos,

[…] impulsar cambios legislativos e institucionales; reconocer la dimensión del problema de las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con protocolos; eliminar obstáculos jurídicos y fácticos que reduzcan la efectividad de la búsqueda de personas; crear un instituto nacional de servicios forenses autónomo; aprobar una ley general e integral sobre desapariciones; así como no estigmatizar a las víctimas de la violencia.

Aun así, el estancamiento de las indagatorias de esta comisión es indudable. Por lo tanto, la posibilidad de que tuviera una injerencia en las acciones inmediatas se esfumó hace mucho. Un fracaso más, el peor de todos tal vez, de la LXII legislatura.

El 11 de marzo de 2015 se reunieron los miembros de la comisión especial del congreso de la Unión para entregar a la CIDH los informes derivados de sus pesquisas, que consisten en una relatoría de las reuniones que han sostenido con diversas instancias. Anaya concluyó: “tenemos un sólo objetivo los de esta comisión, encontrar la verdad y que se haga justicia y estamos sumamente interesados en que los trabajos que se hagan con las autoridades se hagan y se hagan bien conforme a derecho.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su tercer informe el 10 de mayo del presente; los anteriores fueron difundidos el 19 de marzo y 20 de abril. Sus conclusiones son definitivas: “reanudar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, tener acceso a los militares, dará seguimiento a las denuncias de tortura por parte de los detenidos y unificar el expediente, ya que se siguen un número de causas penales en distintos juzgados dispersos en el país, corriendo el riesgo de “perder la visión integral de los hechos”.

La comisión especial constituida por el poder legislativo federal, por su parte, fue presa de una crisis interna. Como informó Contralínea tras entrevistar a una muy “autocrítica” Lilia Aguilar Gil (PT), a cuatro meses de su creación la comisión no había hecho nada. Pero no sólo: los legisladores local tampoco han hecho nada. No basta la autocrítica. Los tiempos legislativos no son los judiciales; nuestros legisladores pudieron haber tenido una injerencia activa y decisiva en este capítulo tan doloroso para la historia reciente de México. Eso sí, la diputada Aguilar señalaba, en la entrevista a Contralínea, que los acontecimientos de Ayotzinapa debían ser vistos en el contexto “de Tlatlaya, de los feminicidios en Chihuahua, en los secuestros de migrantes”.

La diputada Aguilar comentaba también que no se habían reunido con los familiares de los estudiantes, “ni con los sobrevivientes de la embestida policial que tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre en Iguala”. Sus palabras transcritas: “no hay fuente de información más importante que ellos.” La legisladora argumentó en dicha conversación que había faltado voluntad y decisión para entrar en contacto con los familiares y que no se habían presentado en Iguala ya que era “peligroso”, por lo que “carecían de información de primera mano”. Aunque en sesión permanente, privaron los intereses particulares de cada uno de los integrantes de esta instancia tan importante. Los diputados miembros confesaban en enero los letargos, la falta de voluntad, la inactividad. Y ese reportaje que citamos marca la pauta: los legisladores “no habían turnado, aprobado, desechado ni atendido una sola minuta, iniciativa o proposición”. No faltaba voluntad, sino decisión y compromiso con los ciudadanos a quienes representan.

Ante la necesidad de definir la desaparición forzada, el 22 de abril se aprobó la reforma al artículo 73 y pocos días después se emitió el dictamen acerca de la reforma constitucional en materia de desaparición forzada y tortura, aprobado con 104 votos a favor en el senado y remitido a la cámara de diputados. Dicho dictamen, de acuerdo a los especialistas, modifica el artículo 73 de la constitución y faculta al congreso para expedir “las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. En la relatoría —tal como reportó La Jornada el 23 de abril de 2015— se establece que los ordenamientos, los tipos penales y las sanciones, deberán entrar en vigor los 180 días siguientes a la “entrada en vigor del decreto”.

Los comentarios de los senadores merecen un análisis aparte. Parecen todos muy conscientes —con datos tomados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas— de que la práctica de la desaparición forzada y de la desaparición per se, así como la violación de los derechos humanos, es una constante en la historia contemporánea de México. En sus intervenciones, Alejandro Encinas (PRD), Jorge Aréchiga Ávila (PVEM), Zoé Robledo Aburto (PRD), Sonia Rocha Acosta (PAN), Omar Fayad Meneses (PRI), Isisdro Pedraza Chávez (PRD), Mariana Gómez del Campo (PAN), Lorena Cuevas Cisneros (PRD), Silvia Garza Galván (PAN) y Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), conectan el presente con el pasado. Esta línea nos interesa.

Que en medio de la guerra sucia y bajo la asfixia de un régimen torturador y autoritario (como fue el PRI de los años sesenta y setenta) los legisladores se plegaran por completo al discurso presidencial y fueran cómplices de las miles de muertes de aquellas décadas, nos pone la carne de gallina pero no nos extraña. Ahora ese sistema está más visible que nunca, nunca dejó de ser. Y nuestros legisladores, que lo integran a sus lecturas y discursos, hacen una pausa, intercambian sus obligaciones en las curules para hacer campaña. Los tiempos electorales nos ganan a todos, nos agobian. ¡Dan ganas de gritar que por primera vez no salgan corriendo: resuelvan esto! Iguala pasa así a la lista de pendientes; un asunto más a analizar con perspectiva histórica desaparece de las primeras planas. ¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa?

Desde septiembre de 2014, algunos medios impresos y digitales, y así como las redes sociales, han dado a conocer las pocas y pobres acciones emprendidas por los integrantes de la LXII legislatura, en el caso de desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Una sola de ellas, relacionada con el que consideramos como arte y privilegio de legislar, como mencionamos, fue apenas aprobada el 29 de abril por 140 votos en el senado y enviada a la cámara de diputados. Las demás, opiniones y comentarios, no vale la pena ni citarlos, pues son sólo eso, opiniones y comentarios como los que tenemos los simples mortales. En su caso, son omisiones decisivas, silencios cómplices.

Hasta Wikipedia tiene una sagaz entrada que lleva en el título las palabras “caso de desaparición forzada” y “Ayotzinapa”. Periódicos en línea como Animal Político ofrecen una cronología detallada de los hechos. Estos son documentos para la historia reciente de nuestro país, que pintan a los legisladores como lo que son: un conjunto de individuos pusilánimes, subdividido en grupitos, que han representado sus propios intereses desde que iniciaron las actividades legislativas, dando la espalda a los temas de envergadura en México. Los hemos venido padeciendo desde hace muchos años. La mayoría son expertos —o lo eran ya o aprendieron rápido— en el arte de mentir y de repetir las mentiras del ejecutivo. Otros más, que se movilizaron de manera breve, por ejemplo, acompañando a los padres de Ayotzinapa a Ginebra el 1 de febrero, ya olvidaron todo. Ni cómo ampararnos de que repitan. Son una fuerza que ahoga las pocas voces valientes que podrían haberse escuchado, al interior de un recinto que más parece un cómodo edificio-búnker-gimnasio-con-roof-garden-y-otros-sitios-de- esparcimiento. Las limitaciones de estos hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de comprometerse con los ciudadanos, de hacer historia, las describe mejor el coro que hace unas décadas entonaba una cantante de pocos escrúpulos: “brincan los borregos.”

La interparlamentaria. (Foto: Luis Humberto González.)

La interparlamentaria. (Foto: Luis Humberto González.)

La foto de Luis Humberto González, con la que inmortalizó la reunión de los legisladores mexicanos con diputados europeos, en la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, el 19 de febrero de 2015, no puede pasar inadvertida. Es una ironía visual, tal vez, involuntaria. Frente a un mural con el lema “la patria es primero” y al lado de una bandera azul con la corona de estrellas amarillas de la Unión Europea, los diputados Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) y Francisco Arroyo Vieyra (PRI), la diputada española Teresa Jiménez Becerril (PP) y el senador Rabindranath Salazar Solorio (PRD), iniciaron sus sesiones. Los representantes de los mexicanos escucharon por parte de sus pares europeos, Pina Picierno (Partido Democrático [Italia]), Giulia Moi (Movimiento Cinco Estrellas [Italia]) y Danuta Jazlowieck (polaca), las opiniones de extrañamiento acerca de la “no resolución” del caso de desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.

Los senadores Omar Fayad y Blanca Alcalá dijeron que el gobierno mexicano había detenido a los responsables materiales e intelectuales en menos de dos meses y que el caso estaba cerrado. Veredicto que los padres no aceptan. Picierno comentó que un día antes se habían reunido con Miguel Ángel Osorio, quien les dijo que, “había una verdad histórica”, pero que la investigación seguía abierta. Osorio insistió en ver el tema en el contexto del crimen organizado. La diputada italiana comentó, además, que se habían recibido las cifras de 13 casos de desaparecidos al día en México, 15 772 casos al año. Comparaba la situación con Argentina durante la dictadura, en que las cifras iban entre 9 mil y 30 mil. Finalizó la diputada, “pero México no es una dictadura”; “rechazó la idea de que Iguala era un caso aislado y que tenemos que contar las cosas desde nuestra capacidad de admitir que existe el problema del crimen organizado porque los números son comparables a los de un conflicto bélico y agregó que quieren saber por qué el gobierno rechazó la tesis de los peritos argentinos”.

También la diputada polaca Danuta Jazlowieck regañó a los legisladores mexicanos por lo que consideró era un “distanciamiento” con los padres y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Agregó en esta reunión: “Me pregunto, entonces, ¿cómo se comunican ustedes con la sociedad?, ¿cómo se organizan, si es que se organizan?, ¿a través de qué consultas sociales? ¿cómo se comunican ustedes con las familias del caso Iguala?” A su vez, el diputado alemán Thomas Mann agregó que los padres sólo buscaban que se hiciera justicia: “no quieren excusas, quieren saber la verdad” (véase esta nota de La Jornada).

El silencio para los historiadores es una fuente muy valiosa. Lo que no se dice expresa muchas veces más que lo que se enuncia. Como señala Carmen Díaz de Rábago en un artículo acerca de las mujeres en la historia medieval europea,

[…] desde el punto de vista teórico, el silencio surge como categoría de análisis para poder analizar y entender a los excluidos del discurso público, tanto en la historia pasada como en la presente. En realidad han sido los historiadores sociales del lenguaje los primeros en tratar de analizar el silencio, y desde el denominado giro lingüistico, hace ya unas décadas que se viene planteando el análisis tanto del discurso como de la ausencia del mismo [Carmen Díaz de Rábago, “El silencio como ornato en la historia medieval europea”, Dossiers Feministes, 3 (1999)].

Sin la búsqueda de la intimidad de y en la palabra, y la narrativa existencial intensa, este proceso tortuoso de la no acción política, nos recuerda que en la novela Historia del silencio, de Pedro Zarraluki (Barcelona: Anagrama, 1994), surge la pregunta: “¿es el silencio […] un anuncio fugaz del fin de todas las cosas?”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s